Quien ¡®okupa¡¯ no tiene derecho a un alquiler social

Quienes hayan perdido su vivienda habitual por no haber podido pagar la hipoteca tienen derecho a un alquiler social. As¨ª lo establece las leyes antidesahucios aplicables a nivel nacional para proteger a determinados colectivos que se encuentren en especial riesgo de exclusi¨®n. Para evitar el desalojo, algunos okupas han intentado acogerse a esta normativa y piden negociar con el banco propietario de la vivienda, pero, seg¨²n ha declarado la justicia recientemente, quien okupa no tiene derecho a un alquiler social.

La Audiencia Provincial de Barcelona (accede al texto de la sentencia aqu¨ª) tuvo que resolver sobre esta cuesti¨®n durante un proceso de desahucio iniciado por el banco titular de la vivienda (BBVA). Los habitantes del piso reconocieron haber ocupado el piso. No dispon¨ªan de ning¨²n "t¨ªtulo jur¨ªdico suficiente" que justificara la permanencia en la vivienda, tales como una escritura de propiedad o un contrato de alquiler, pero alegaron que, de ser desahuciados, quedar¨ªan en una situaci¨®n de riesgo de exclusi¨®n social. Por ello, solicitaron al tribunal que les fuera aplicada la ley que obliga a los bancos a ofrecer una vivienda de alquiler social antes de iniciar el desalojo. Un alquiler social que garantizase su derecho a la vivienda.

En Catalu?a, una ley aprobada en 2015 obliga a las entidades financieras a ofrecer este alquiler social a los afectados por un desahucio como medida para evitar situaciones de emergencia. Se exige como requisitos que el afectado o afectados no tengan alternativa residencial propia y se encuentren en riesgo de exclusi¨®n social.

El tribunal, sin embargo, rechaza esta solicitud porque, seg¨²n el juez, se trata de situaciones distintas. No hay raz¨®n, aclara, para considerar la aplicaci¨®n anal¨®gica de la ley en estos casos, dadas las diferencias que existen entre los supuestos protegidos por la norma y la de las ocupaciones ilegales de propiedades. Falta la "la igualdad o similitud jur¨ªdica esencial", indica en su sentencia el juez. Tampoco hay una previsi¨®n normativa expresa, aclara. Adem¨¢s, recuerda, los casos coloquialmente denominados de okupaci¨®n deben cesar desde el momento en el que propietario del inmueble deja de tolerar la situaci¨®n.

Cu¨¢ndo tiene que negociar el banco

La ley alegada por el okupa establece una serie de requisitos para que el "amenazado" con un desahucio pueda evitar quedarse en la calle. Est¨¢ pensada para aquellos que no disponen de vivienda alternativa y est¨¢n al borde de la exclusi¨®n social. Fue una respuesta a una demanda social por la situaci¨®n de muchas familias golpeadas por la crisis econ¨®mica. Los supuestos en los que opera esta norma son aquellos en los que los propietarios o inquilinos de la vivienda no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o alquiler y el demandante es una persona jur¨ªdica. En caso de riesgo de exclusi¨®n residencial, el banco tiene la obligaci¨®n de ofrecer una propuesta de alquiler social, oferta que debe comunicarse al ayuntamiento de la zona.

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