El ¡°problema singular¡± de Catal¨¢ con los jueces

La sentencia que condena por abuso sexual, pero no por agresi¨®n, a los cinco acusados de violar en grupo a una joven durante los Sanfermines de 2016 ha generado una reacci¨®n social y pol¨ªtica sin precedentes contra los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra que juzgaron el caso y han dictado la sentencia. Las asociaciones profesionales de jueces han salido en defensa de sus compa?eros y se han unido para pedir la dimisi¨®n del ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, por insinuar que uno de los magistrados, que pidi¨® la absoluci¨®n de La Manada, no estaba capacitado para participar en el juicio porque ten¨ªa ¡°un problema singular¡±. EL PA?S ha reunido a representantes de las cuatro asociaciones (Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente (FJI) para hablar sobre la repercusi¨®n de este caso.

1- El ministro ¡°irresponsable¡±.

Las asociaciones de jueces han calificado de ¡°temeraria¡± la actitud del ministro por cuestionar de o¨ªdas al magistrado Ricardo Gonz¨¢lez, autor del voto particular de la sentencia de La Manada. ¡°Sus manifestaciones superan cualquier actitud que se pueda considerar razonable para un ministro. Arroj¨® dudas, murmullos, rumores sobre la cualificaci¨®n de un magistrado¡±, afirma Natalia Velilla, de la Asociaci¨®n Francisco de Vitoria. ¡°Es inaceptable¡±.

Las asociaciones coinciden en que las cr¨ªticas de los ciudadanos a las sentencias son positivas, pero no por parte de los responsables pol¨ªticos, porque pueden poner en duda la separaci¨®n de poderes.

Concepci¨®n Rodr¨ªguez (FJI): ¡°Los pol¨ªticos, sobre todo los que tienen una responsabilidad institucional, deben evitar abstenerse de cualquier comentario que pueda quebrantar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Por eso las manifestaciones del ministro son irresponsables y creemos que debe dimitir¡±.

Ignacio Gonz¨¢lez Vega (JJPD): ¡°El ministro s¨ª tiene limitada la libertad de expresi¨®n a criticar las resoluciones judiciales. No es como cualquier otro ciudadano, sino que es titular de uno de los poderes del Estado, forma parte del poder Ejecutivo, y criticar una resoluci¨®n es desconocer el principio de separaci¨®n de poderes¡±.

Las palabras del ministro superan cualquier actitud razonable Natalia Velilla

Las asociaciones judiciales aseguran no tener claro a qu¨¦ obedecieron esas afirmaciones de Catal¨¢ aunque el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia sospecha de ¡°fines electorales¡±. ¡°La sociedad espa?ola est¨¢ muy concienciada de los temas de g¨¦nero. El 8-M el Gobierno estuvo dubitativo y ahora el ministro trata de situarse con esa parte importante de la sociedad, lo cual nos deja a nosotros en un papel dif¨ªcil¡±, afirma Gonz¨¢lez Vega.

Para el portavoz de la APM, Celso Rodr¨ªguez Padr¨®n, ¡°no existe causa que justifique una imputaci¨®n velada¡± como la que hizo Catal¨¢ contra el juez del voto particular. Rodr¨ªguez Padr¨®n recuerda las palabras del ministro: ¡°Todos saben que este juez tiene un problema singular¡±. Y apostilla: ¡°Pues yo no sab¨ªa nada, muchos compa?eros me consta que tampoco y hemos indagado y resulta que nadie sabe nada de lo que se supone que todos sab¨ªamos¡±.

En este juicio no se ha producido el quebranto de ninguna garant¨ªa

Celso Rodr¨ªguez Padr¨®n

2- ¡°Desamparados¡± por el Poder Judicial

Las asociaciones critican la tibieza del comunicado de la Comisi¨®n Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras el ataque del ministro Catal¨¢ al magistrado discrepante. ¡°Me pareci¨® que las palabras del ministro merec¨ªan un mayor reproche. E incluso una comparecencia del presidente del CGPJ ante la prensa reprochando esas palabras y amparando la labor de los jueces¡±, se?ala Natalia Velilla, de la Francisco de Vitoria.

Seg¨²n los portavoces, en los ¨²ltimos tiempos las asociaciones se han visto obligados a ejercer la funci¨®n de protecci¨®n de los jueces que corresponde al CGPJ. ¡°Nos hemos visto muy desamparados por el ¨®rgano de gobienro de los jueces, que es nuestro representante institucional. Pero est¨¢ desaparecido, no solo en este caso. Y esto es una sensaci¨®n que tenemos los jueces en general, no las asociaciones¡±, asegura Velilla.

Los cinco acusaddos ya estaban condenados por el veredicto popular

Ignacio Gonz¨¢lez Vega

Y a?ade el progresista Gonz¨¢lez Vega: ¡°El primer comunicado lo emiti¨® el presidente del CGPJ [Carlos Lesmes], cosa que no entiendo tampoco. La funci¨®n primigenia del CGPJ es defender a los jueces en la independencia de su funci¨®n jurisdiccional. Ha habido casos claros de un juez atacado con un cargo pol¨ªtico y que el CGPJ no ha salido a defenderle. En este caso, el comunicado del presidente va a la zaga del nuestro, cuando el Consejo deber¨ªa ser el primero en salir a defender. Y no entendemos tampoco que salga Lesmes solo, es una prueba de que este es un consejo presidencialista¡±.

Por una sola sentencia no debe reformarse el C¨®digo Penal Celso Rodr¨ªguez Padr¨®n

Seg¨²n los representantes de las asociaciones, este ¡°desamparo institucional¡± les ha llevado a emitir comunicados sobre los ataques a jueces que, admiten, pueden generar una imagen de corporativismo ¡°Se nos ha achacado a los jueces estar encerrados en la torre de marfil, cuando sin duda alguna en todos los colectivos p¨²blicos los jueces somos los que m¨¢s expedientes disciplinarios soportamos con diferencia. La actividad inspectora sobre los jueces y el ejercicio de la potestad disciplinaria en esta carrera es indiscutiblemente el m¨¢s alto de la funci¨®n p¨²blica en Espa?a. Esa imputaci¨®n de corporativismo est¨¢ tambi¨¦n infundada¡±, se defiende Rodr¨ªguez Padr¨®n. ¡°Cuando un juez comete un delito, como puede ser la prevaricaci¨®n, los jueces somos contundentes¡±, a?ade Velilla.

Quiz¨¢ yo hubiera visto agresi¨®n sexual, pero el abuso no es descabellado Ignacio Gonz¨¢lez Vega

3- La sentencia y el voto particular.

A las asociaciones les preocupa la reacci¨®n inmediata y generalizada que ha desatado esta resoluci¨®n judicial.

Celso Rodr¨ªguez Padr¨®n (APM): ¡°Hay que lanzar un mensaje a la sociedad. En este juicio no se ha producido ning¨²n quebranto de ninguna garant¨ªa ni en cuanto a la composici¨®n de la sala ni al pleno ejercicio de las facultades jurisdiccionales de cada uno de sus miembros. S¨¦ que esto es muy dif¨ªcil de entender ahora a la luz de las cr¨ªticas, pero que nadie dude de las garant¨ªas que se han seguido en este proceso, cuyo pronunciamiento, adem¨¢s, no es firme, est¨¢ a¨²n pendiente de dos recursos si las partes as¨ª lo deciden¡±.

Endurecer las penas no reduce los delitos, sino que los aumenta Concha Rodr¨ªguez del Real

Los representantes de las asociaciones coinciden en que el tribunal que juzg¨® la supuesta violaci¨®n grupal de los Sanfermines ten¨ªa ante s¨ª un caso complejo. ¡°Probablemente yo, visto ese relato de hechos probados, hubiera condenado por agresi¨®n al apreciar que hubo intimidaci¨®n, pero no me parece descabellado el prevalimiento, est¨¢ fundamentado en sentencias del Supremo¡±, se?ala Ignacio Gonz¨¢lez, el portavoz de JJPD.

Concepci¨®n Rodr¨ªguez: ¡°Al ponente de la sentencia lo conozco y es una persona con una formaci¨®n profunda en derecho penal y con conocimientos del derecho comunitario, una persona que estoy convencida de que ha estudiado much¨ªsimo esa resoluci¨®n. ?Que puede ser revocada?, pues s¨ª, para eso est¨¢n los recursos¡±.

Hay que explicar al ciudadano las resoluciones judiciales Natalia Velilla

Ignacio Gonz¨¢lez cree que en este caso ha podido faltar ¡°pedagog¨ªa¡±. ¡°Se echa en falta que desde los ¨®rganos oficiales hubiera una explicaci¨®n de la sentencia, de las diferencias entre una cosa y otra¡±, afirma. ¡°Cualquiera era consciente de que una sentencia absolutoria o un voto particular pidiendo la absoluci¨®n era algo que no era del sentir mayoritario de la poblaci¨®n. Pero los jueces son profesionales y tratan de abstraerse de esa presi¨®n medi¨¢tica¡±, a?ade el portavoz de JJPD.

Debemos ser muy escrupulosos con la presunci¨®n de inocencia Concha Rodr¨ªguez del Real

Natalia Velilla (Francisco de Vitoria): ¡°El d¨ªa que deje de haber votos particulares as¨ª, nos tendremos que preocupar como sociedad. Cuando tuve noticia de la sentencia, lo primero que me vino a la cabeza fue ¡®qu¨¦ valor, qu¨¦ valor tiene¡®, porque sabiendo la que se le iba a venir encima ha sido capaz de hacer este voto particular¡±.

Ignacio Gonz¨¢lez: ¡°La forma en que se ha llevado el tema de La Manada estaba siendo muy respetuosa con los derechos fundamentales. Se ha preservado la intimidad de la v¨ªctima y se ha intentado preservar la de los acusados. Pero el papel de los medios de comunicaci¨®n ha sido importante a la hora de establecer un juicio paralelo. De tal manera que s¨ª que es verdad que estos cinco ya estaban condenados por el veredicto popular antes de que se leyera la sentencia¡±.

La fuerte presi¨®n social y medi¨¢tica sobre este caso se reavivar¨¢ seguro cuando, primero el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y luego el Supremo, revisen los recursos de las partes contra la condena. A los representantes de las asociaciones les preocupa esta presi¨®n, pero est¨¢n seguros de que no influir¨¢ en el resultado. ¡°Que no tenga nadie la menor duda, tengo la absoluta confianza de que las dos sedes que quedan por conocer de los recursos tomaran la decisi¨®n que tengan que tomar por mucho que les cueste¡±, afirma el portavoz la APM. Mientras ese momento llega, Concepci¨®n Rodr¨ªguez, la presidenta del FJI pide que se respete la protecci¨®n de la presunci¨®n de inocencia de los condenados. ¡°Tenemos que ser especialmente escrupulosos con ello¡±, afirma.

La reacci¨®n que ha generado el caso de La Manada ha llamado incluso la atenci¨®n fuera de Espa?a, donde muchos medios se han hecho eco de las concentraciones y protestas en la calle. Pero no es la primera vez en los ¨²ltimos meses que una decisi¨®n relacionada con la justicia saca a la calle a miles de personas. Ha ocurrido con las causas abiertas contra los l¨ªderes independentistas catalanes o en el caso de Gabriel, el ni?o de Almer¨ªa asesinado, presuntamente, por la novia de su padre. La representante de la Asociaci¨®n Francisco de Vitoria considera que la popularizaci¨®n de las redes sociales y la rapidez con la que la informaci¨®n circula por Internet suponen ¡°un reto¡± al que el poder judicial debe dar respuesta. ¡°Quien primero da la noticia es quien la siembra, luego ya es dif¨ªcil construir otra cosa. Hay que explicar a la ciudadan¨ªa las resoluciones judiciales. Porque al ciudadano no se le puede exigir que debata las sentencias desde un punto de vista jur¨ªdico, las debate desde lo que siente. Contra eso no se puede luchar¡±.

4- Populismo punitivo

La reacci¨®n social a la sentencia de La Manada llev¨® al Gobierno a anunciar al d¨ªa siguiente una reforma del cap¨ªtulo sobre delitos contra la libertad sexual del C¨®digo Penal. Los portavoces discrepan sobre la conveniencia de esta reforma en caliente. Concepci¨®n Rodr¨ªguez, de FJI, reconoce que la actual redacci¨®n crea ¡°problemas de interpretaci¨®n¡± a los jueces: ¡°Muchos de nosotros hemos tenido problemas a la hora de aplicarlos¡± y su ¡°complejidad¡± hace ¡°muy costoso y dif¨ªcil poder argumentar una condena¡±.

Enfrente Celso Rodr¨ªguez Padr¨®n, de la APM, pide ¡°exquisita prudencia¡± a la hora de plantear una reforma por un caso pol¨¦mico cuando las Audiencias Provinciales dictan cada a?o ¡°cientos de sentencias¡± que no generan controversia. ¡°No creo que sea el momento ahora mismo, por una sola sentencia, de plantearse inmediatamente una reforma del C¨®digo Penal. Habr¨¢ que aguardar a los recursos que quedan¡±, opina el portavoz de la asociaci¨®n mayoritaria.

Enseguida surge el debate del ¡°populismo punitivo¡±. ¡°Todo se resuelve con una vuelta de tuerca m¨¢s al C¨®digo Penal, que es uno de los m¨¢s duros del mundo¡±, afirma Rodr¨ªguez Padr¨®n. ¡°No hay una manifestaci¨®n a favor de la derogaci¨®n de la prisi¨®n permanente revisable, sino que todas son a favor de su incremento en condiciones y duraci¨®n; siempre nos manifestamos pidiendo una justicia m¨¢s dura olvid¨¢ndonos de otros principios del Estado de derecho¡±, insiste el portavoz de la APM.

¡°Nos estamos olvidando de que el derecho penal es la ultima ratio; cuando act¨²a el derecho penal es porque ya se ha producido el hecho. Es much¨ªsimo m¨¢s f¨¢cil hacer una reforma legislativa que incidir en las causas por las que se producen los delitos. Esto lo ¨²nico que demuestra es una gran debilidad del Estado¡±, incide Natalia Velilla, de la Francisco de Vitoria.

El endurecimiento de penas sin l¨ªmite llega a ser contraproducente: ¡°Desde punto de vista criminal, no hace que desaparezcan los delitos sino que hace que aumenten¡±, se?ala Concepci¨®n Rodr¨ªguez. Esta magistrada, especialista en la jurisdicci¨®n de menores, habla de una iniciativa de reforma de la Ley Org¨¢nica de la responsabilidad penal de los menores que plantea reducir a los 12 a?os el l¨ªmite de la minor¨ªa penal. ¡°Es una absoluta temeridad¡±, denuncia.