La Fiscal¨ªa presenta la demanda contra Mas en el Tribunal de Cuentas por el 9-N

La Fiscal¨ªa ha presentado ante el Tribunal de Cuentas la demanda contra el expresidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas y otros diez exconsejeros y miembros de su Gobierno por el quebranto a las arcas p¨²blicas que supuso la celebraci¨®n de la consulta ilegal de autodeterminaci¨®n del 9 de noviembre de 2014, prohibida por el Tribunal Constitucional. El ministerio p¨²blico reclama que Mas y al resto de demandados devuelvan al erario p¨²blico 4,99 millones de euros que, seg¨²n la investigaci¨®n, se emplearon en esta convocatoria ilegal m¨¢s los intereses correspondientes. La presentaci¨®n de este escrito es el paso previo a que el m¨¢ximo ¨®rgano fiscalizador del Estado juzgue los hechos y, si llega el caso, condene a los demandados, que ya han prestado fianza para hacer frente a esta posible indemnizaci¨®n.

La fiscal¨ªa considera que Artur Mas, los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, y los otros siete demandados deben responder por los fondos utilizados para la preparaci¨®n y celebraci¨®n de la consulta soberanista de 2014, uno de los hitos del proceso independentista catal¨¢n que termin¨® con la intervenci¨®n de la Generalitat el pasado 27 de octubre en aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n.

Los gastos por los que la Fiscal¨ªa quiere que la Generalitat sea resarcida son los siguientes, por orden de cantidad: los ordenadores port¨¢tiles para las mesas (2.800.735 euros); la campa?a de publicidad institucional (806.403 euros); la elaboraci¨®n del soporte necesario para la consulta (727.600 euros); el env¨ªo de informaci¨®n a los votantes (307.962 euros); la fabricaci¨®n y el transporte del material para la votaci¨®n (163.953 euros); el centro de prensa (144.244 euros); dos contratos menores para el dise?o de la campa?a (21.767 euros cada uno); el seguro de los voluntarios que organizaron la consulta (1.409 euros); y el registro de una p¨¢gina web institucional (74 euros).

La demanda destaca que, ¡°en ning¨²n momento, estuvo en el ¨¢nimo de los demandados desactivar la consulta del 9 de noviembre de 2014, acordada por Decreto del Presidente de la Generalitat 129/2014, de 27 de septiembre, y suspendida por el Tribunal Constitucional, mediante providencia de 29 de septiembre de 2014¡±. Esta conducta, seg¨²n la fiscal¨ªa ¡°debe calificarse como dolosa contablemente, o, al menos, como gravemente imprudente¡±.

Por organizar la consulta del 9-N, Mas y los exconsejeros Homs, Ortega y Rigau han sido condenados por los tribunales ordinarios por desobediencia a penas de dos a?os de inhabilitaci¨®n. Sin embargo, en aquellos procesos penales la fiscal¨ªa no acusaba por malversaci¨®n, delito que implica hasta ocho a?os de prisi¨®n. Para recuperar el dinero que sali¨® de las arcas p¨²blicas para la convocatoria independentista, la Fiscal¨ªa opt¨® por la v¨ªa del Tribunal de Cuentas.

La Fiscal¨ªa precisa que, aunque estos cuatro son responsables directos de los hechos, existen otros altos cargos de otros departamentos que, por ser titulares de ¨®rganos de contrataci¨®n o por encargarse de la supervisi¨®n de los expedientes de contrataci¨®n, posibilitaron la salida de fondos p¨²blicos, como Lluis Beltr¨¢n i Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo, Jordi Vilajoana, Ignaci Genov¨¦s y Teresa Proh¨ªas.