50 diplom¨¢ticos espa?oles reprochan al embajador belga la actitud de su pa¨ªs en la crisis independentista

Un grupo de 50 embajadores espa?oles jubilados han remitido este lunes una carta abierta informal al embajador acreditado de B¨¦lgica en Espa?a, Marc Calcoen, para protestar por la manera en la que se est¨¢n comportando diferentes autoridades belgas respecto a distintas acciones emprendidas por dirigentes separatistas catalanes fugados de la justicia espa?ola y asentados en ese pa¨ªs. La misiva, firmada en nombre de todo el grupo por el embajador Jos¨¦ Antonio de Yturriaga, empieza por expresar la "sorpresa, preocupaci¨®n e indignaci¨®n por el comportamiento que est¨¢n teniendo con Espa?a el Gobierno y las autoridades judiciales de B¨¦lgica", en relaci¨®n con varios protagonistas del "proceso de insurrecci¨®n de la Generalitat de Catalu?a contra el Estado espa?ol". Y luego se especifica en concreto los casos del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de varios exconsejeros reclamados por la justicia espa?ola. Los embajadores espa?oles concluyen que "el Gobierno belga y sus autoridades no han cumplido con sus obligaciones de conformidad con la Orden Europea de Detenci¨®n y Entrega".

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En el repaso a esas actuaciones durante estos meses, los embajadores espa?oles comienzan por recordar c¨®mo el vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Jan Jambon, critic¨® a la justicia espa?ola "por enjuiciar a las destituidas autoridades catalanas, dado que ¨¦stas se hab¨ªan limitado a seguir el mandato de sus electores". Y subrayan que "se mostr¨® dispuesto a conceder el estatuto de refugiados pol¨ªticos a los pr¨®fugos y pidi¨® a la comunidad internacional que estuviera vigilante para asegurar que Puigdemont recibiera un trato justo".

Los diplom¨¢ticos rescatan c¨®mo la Audiencia Nacional solicit¨® una euroorden contra esos huidos de la Justicia por los delitos de sedici¨®n, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y desobediencia y el Fiscal del Rey belga, Jean-Marc Meilleur, manifest¨® que dar¨ªa una importancia particular a la cuesti¨®n de ¡°saber si la extradici¨®n no podr¨ªa constituir una infracci¨®n de sus derechos fundamentales¡±. En la carta se remacha que ese fiscal "puso en duda el respeto de los derechos humanos en Espa?a y formul¨® una serie de intolerables preguntas en las que solicitaba informaci¨®n sobre las condiciones de detenci¨®n, las garant¨ªas de un juicio justo, las condiciones de las c¨¢rceles y la ¡°posible exposici¨®n a episodios de violencia¡±. Los firmantes consideran as¨ª que el citado fiscal "dinamit¨® la aplicaci¨®n de las euro¨®rdenes, que se basan en la confianza en los sistemas judiciales de los miembros".

El relato de los diplom¨¢ticos jubilados se detiene especialmente en el hecho de que "la autoridad judicial belga ha dado largas a la respuesta de las citadas euro¨®rdenes ¡ªa pesar de su car¨¢cter urgente¡ª y han decidido conceder la libertad provisional a los pr¨®fugos, a los que el Gobierno belga ha consentido que act¨²en con plena libertad para realizar actividades pol¨ªticas en contra de la Constituci¨®n y de las leyes espa?olas". Los embajadores constatan que precisamente ante el temor de que el tribunal belga decidiera la entrega de los encausados s¨®lo por malversaci¨®n, el juez instructor espa?ol del Tribunal Supremo opt¨® por retirar esas euro¨®rdenes y las rehizo incluyendo ¨²nicamente cargos de rebeli¨®n y de malversaci¨®n.

El documento de los diplom¨¢ticos recalca tambi¨¦n que el fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, Dirk Merck, lleg¨® a preguntar al juez instructor espa?ol si esas nuevas euro¨®rdenes se fundaban en las ¨®rdenes de arresto decretadas por la Audiencia Nacional y que ¨¦ste contest¨® que en su auto hab¨ªa ratificado expresamente las ¨®rdenes de detenci¨®n dictadas por dicha Audiencia y que no era necesario dictar una nueva orden de detenci¨®n, porque la ley espa?ola permit¨ªa acordar la prisi¨®n en el auto de procesamiento. El tribunal belga dictamin¨® entonces que no existen ¨®rdenes de arresto nacional subyacentes v¨¢lidas que se correspondan con el contenido de las mencionadas euro¨®rdenes, por lo que, bas¨¢ndose en un supuesto error formal, se neg¨® a su ejecuci¨®n, "poniendo de manifiesto su escasa disposici¨®n a colaborar con la Justicia espa?ola".

Los funcionarios diplom¨¢ticos espa?oles convienen que "no es de extra?ar esta actitud, dado que, ya en ocasiones anteriores, los tribunales belgas han negado la extradici¨®n de criminales de ETA so pretexto de que no ser¨ªan objeto de un juicio justo en Espa?a".

Los diplom¨¢ticos deducen de todos esos datos que "el Gobierno y las autoridades judiciales belgas desconf¨ªan de la Justicia espa?ola y no consideran que Espa?a sea un Estado de Derecho" y razonan que esa "actitud dif¨ªcilmente se compadece con el hecho de que Espa?a es un miembro de la UE, parte en todos los Convenios sobre Derechos Humanos y fiel cumplidor de sus disposiciones". Los embajadores apelan a que el representante de B¨¦lgica en Madrid haga llegar a su Gobierno en Bruselas sus inquietudes "compartidas por la mayor parte de la opini¨®n p¨²blica espa?ola, en la confianza de que reconsidere su inamistosa actitud hacia Espa?a, un Estado socio en el seno de la Uni¨®n y aliado en el marco de la OTAN".

Entre los embajadores jubilados espa?oles firmantes de la carta est¨¢n Fernando Almansa, Inocencio Arias, Ignacio Camu?as, Juan Gonz¨¢lez Cebri¨¢n, Juan Le?a, Ram¨®n de Miguel, Javier Rup¨¦rez, Rafael Sppotorno, Alfonso L¨®pez-Ibor,?Francisco Jos¨¦ Viqueira,?Joaqu¨ªn P¨¦rez Villanueva o Antonio de Oyarz¨¢bal.