Desarticulada una banda de estafadores que alquilaban pisos embargados y de fallecidos

La Polic¨ªa Nacional ha desarticulado un grupo de siete personas que aprovechaba los embargos de los bancos o el fallecimiento de un propietario extranjero para apropiarse de los apartamentos de varios edificios y alquil¨¢rselos a familias con pocos recursos. Los delincuentes?se apropiaron de varios estudios de peque?as dimensiones situados en tres edificios del tur¨ªstico barrio de Cala Major de Palma y estafaron m¨¢s de 200.000 euros en ocho a?os mediante alquileres ilegales a familias de pocos recursos. Uno de los arrestados ha quedado en libertad tras prestar declaraci¨®n en la sede policial mientras que los otros seis fueron puestos en libertad tras declarar en el juzgado. Los miembros del grupo est¨¢n acusados de presuntos delitos de estafa, fraude procesal, coacciones, desobediencia a la autoridad y alzamiento de bienes.

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Los hechos arrancaron en 2010 cuando el cabecilla del grupo advirti¨® que varios pisos de un edificio del que hab¨ªa sido presidente de comunidad estaban vac¨ªos. Las viviendas hab¨ªan sido embargadas por diferentes entidades bancarias, que no gestionaron los pisos porque se?encontraban en malas condiciones. En el mismo bloque, el principal acusado detect¨® tambi¨¦n la existencia de apartamentos que permanec¨ªan abandonados despu¨¦s del fallecimiento de los propietarios, en su mayor¨ªa ciudadanos extranjeros que los hab¨ªan adquirido en los a?os 80 como residencia de veraneo y cuyos herederos no hab¨ªan realizado gestiones para recuperarlos.

El l¨ªder de la organizaci¨®n decidi¨® hacerse con los pisos de forma ilegal y comenz¨® a realizar reformas en algunos de los apartamentos con el objetivo de alquilarlos a personas y familias de escasos recursos. En su mayor¨ªa se trataba de estudios de 25 metros cuadrados de mala calidad concebidos inicialmente como apartamentos para estancias vacacionales cortas. La organizaci¨®n realquilaba las viviendas a familias de hasta seis miembros, que se hacinaban en el lugar por la imposibilidad de acceder a otro tipo de inmueble.

Los miembros de la trama ¡ªla esposa y el hijo del cabecilla, tres personas que se dedicaban al cobro de las rentas y un abogado¡ª no dudaban en amenazar a los inquilinos que se retrasaban o no pagaban el alquiler. Los detenidos hab¨ªan montado un cuarto de contadores en el s¨®tano de uno de los edificios desde el que distribu¨ªan la electricidad a los apartamentos mediante cables que discurr¨ªan por los pasillos e incluso por el interior de alguno de los pisos. As¨ª pod¨ªan cortar la luz de las viviendas de forma individual para presionar a sus v¨ªctimas. La banda incluso lleg¨® a dejar sin luz a una mujer y su hija de siete a?os.

Procedimientos judiciales

Las amenazas y coacciones para cobrar los alquileres no se quedaron ah¨ª. Los arrestados llegaron a presentar demandas contra los inquilinos por el impago de los arrendamientos. Seg¨²n los investigadores, trataron de enga?ar a las autoridades judiciales haci¨¦ndoles creer que los alquileres eran legales para que se ordenara el desahucio de sus habitantes y as¨ª poder seguir estafando a otras familias. En uno de los procedimientos, uno de los inquilinos acudi¨® al Registro de la Propiedad ante las sospechas de irregularidades y descubri¨® que el apartamento estaba a nombre de otras personas. El juzgado acord¨® precintar el apartamento, pero los miembros de la organizaci¨®n rompieron el precinto y realquilaron la vivienda a una familia extranjera. Los nuevos inquilinos fueron sorprendidos por la Polic¨ªa Nacional, que acudi¨® al domicilio tras descubrir el enga?o.

A pesar de que los miembros del grupo obtuvieron m¨¢s de 200.000 euros con los alquileres ilegales ¡ªlos investigadores sospechan que esa cantidad puede incrementarse ya que el hijo del cabecilla acumula el patrimonio de cuatro viviendas y varios locales comerciales en Palma¡ª?tambi¨¦n intentaron hacerse con la titularidad de algunos de los inmuebles de forma il¨ªcita. Para ello demandaron por el supuesto impago de reformas a los propietarios fallecidos de algunas de las viviendas. Alegaban que los due?os hab¨ªan dado el visto bueno a las obras y que despu¨¦s no las hab¨ªan abonado. La operaci¨®n contin¨²a abierta y la Polic¨ªa Nacional trata de contabilizar el n¨²mero total de v¨ªctimas de la trama.