El PP cita a ?balos en el Senado por la presunta financiaci¨®n ilegal del PSPV-PSOE
La comisi¨®n llama tambi¨¦n a las exministras Narbona y Corredor y al secretario general de Ciudadanos
La llegada del PSOE al Gobierno ha convertido la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la financiaci¨®n de partidos pol¨ªticos del Senado en un pujante instrumento de erosi¨®n para el PP, que es ¨²nico partido que participa en este ¨®rgano creado como r¨¦plica a la comisi¨®n que investiga la financiaci¨®n irregular de los populares en el Congreso de los Diputados. El Grupo Popular ha convocado al ministro de Fomento, el valenciano Jos¨¦ Luis ?balos, a comparecer en la comisi¨®n el pr¨®ximo d¨ªa 27 para preguntarle sobre el caso de la presunta financiaci¨®n irregular del PSPV-PSOE en las campa?as electorales de 2007 y 2011. ?balos ejerci¨® como vicesecretario general del partido en Valencia entre 2000 y 2004. En 2012 asumi¨® la secretaria general del PSPV-PSOE, cargo que ocup¨® hasta 2017.
Las exministras socialistas Cristina Narbona y Beatriz Corredor comparecer¨¢n un d¨ªa antes en relaci¨®n con los contratos que los ministerios de Medio Ambiente y Vivienda firmaron con empresas presuntamente relacionadas con este mismo asunto. La comisi¨®n del Senado, en consonancia con la dura estrategia adoptada por el PP tras ser desalojado del Gobierno, intensifica su ofensiva sobre una posible trama compartida en el pasado por los socialistas valencianos y Comprom¨ªs (partidos que ahora sustentan la Generalitat), y sus extensiones en el Gobierno que presidi¨® Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.
Un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) refleja que entre 2005 y 2008 la agencia Crespo Gomar (propiedad del hijo del exteniente de alcalde de Gandia Antoni Gomar) hizo una doble facturaci¨®n para pagar gastos electorales del PSPV-PSOE y el Bloc (socio mayoritario de Comprom¨ªs), por valor de cerca de un mill¨®n de euros que podr¨ªan haber sufragado empresas adjudicatarias de la Administraci¨®n.
El juzgado n¨²mero 21 de Valencia se inhibi¨® en este caso, cuyo delito de financiaci¨®n habr¨ªa prescrito, en favor de los juzgados de Benidorm, Gandia y Madrid, que investigan un presunto trato de favor a esta empresa, a la que tambi¨¦n recurri¨® la Generalitat de Francisco Camps, en contratos de tres ministerios en los que habr¨ªa apreciado irregularidades. Estos juzgados ya han imputado a 26 personas relacionadas con diversas probables irregularidades como prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de fondos.
El PP, que afronta 20 causas por corrupci¨®n en la Comunidad Valenciana con unos 400 imputados, denunci¨® el caso en una comisar¨ªa, considera que se trata de una trama de financiaci¨®n ilegal de los socialistas y el Bloc a la que vaticina m¨¢s imputaciones. El portavoz parlamentario del partido, Rafael Hernando, asegur¨® que no estamos ante un ¡°caso cualquiera¡± sino ¡°uno de los m¨¢s graves de corrupci¨®n¡± con tres ministerios implicados en una posible ¡°desviaci¨®n de fondos¡±. En consecuencia, el asunto se ha convertido en el principal argumento de la comisi¨®n del Senado, que ya hab¨ªa arrojado sombras de sospecha sobre la financiaci¨®n de Ciudadanos, Podemos o UGT.
El ¨®rgano, presidido por Mar¨ªa Rosa Vindel, ha sometido a interrogatorio a varios cargos de Comprom¨ªs, como la vicepresidenta de la Generalitat, M¨®nica Oltra, o el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, as¨ª como a los administradores del partido. Los ¨²ltimos en desfilar por la comisi¨®n han sido el ex secretario general del PSPV-PSOE Joan Ignasi Pla, el exresponsable de finanzas Josep Mar¨ªa Catalu?a y el exalcalde de Gand¨ªa Jos¨¦ Manuel Orengo. La comisi¨®n tambi¨¦n interrog¨® al exministro de Sanidad del gabinete de Zapatero Bernat Soria.
La comisi¨®n tambi¨¦n ha convocado para el mismo d¨ªa que ?balos al secretario general de Ciudadanos, Jos¨¦ Manuel Villegas, para aclarar aspectos relacionados con el informe del Tribunal de Cuentas sobre su partido. Con esta decisi¨®n, el PP reabre en el Senado las tensiones con su antiguo socio, que cerr¨® ante la amenaza de Ciudadanos de romper el pacto de gobierno que manten¨ªa con Mariano Rajoy.
La minor¨ªa mayoritaria popular en el Congreso de los Diputados no pudo evitar que el resto de grupos parlamentarios impulsara la creaci¨®n de la Comisi¨®n de Investigaci¨®n sobre la presunta financiaci¨®n ilegal del PP, que se constituy¨® el 11 de mayo de 2017. Apenas un mes despu¨¦s, el 6 de junio, el Senado, donde el PP cuenta con mayor¨ªa absoluta, constitu¨ªa su r¨¦plica con el nombre de Comisi¨®n de Investigaci¨®n sobre la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos. El objetivo sobre el papel: revisar c¨®mo se financian los partidos, mejorar el sistema y poner medidas para evitar la corrupci¨®n, un problema que el PP defiende que ¡°afecta a todas las formaciones pol¨ªticas¡±.
Sin embargo, poco antes de su constituci¨®n el coordinador general del PP, Fernando Mart¨ªnez Maillo, advirti¨® de que esta comisi¨®n estar¨ªa pendiente de lo que ocurriera en la del Congreso y que si se convert¨ªa en una ¡°causa general contra el PP¡±, su formaci¨®n reaccionar¨ªa en el Senado. Los representantes del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos abandonaron el ¨®rgano inmediatamente, el 13 de julio, alegando el uso partidista del PP y el ¡°plan de trabajo sectario y manipulador¡± bajo el envoltorio de ¡°analizar las distintas formas de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, estudiar las nuevas formas de financiaci¨®n y la necesidad de dotarlas de una regulaci¨®n legal, detectar posibles lagunas en la normativa vigente y proponer soluciones legislativas adecuadas¡±
Solo asuntos de los dem¨¢s partidos
La comisi¨®n, solo con la representaci¨®n de 15 senadores del PP encabezados por Luis Aznar, ha centrado su esfuerzo en hurgar en las posibles irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas o en la financiaci¨®n del resto de partidos: los supuestos v¨ªnculos de Podemos en Venezuela, el aparente uso de dinero p¨²blico de las asignaciones a los grupos parlamentarios para costear campa?as electorales y gastos pol¨ªticos por parte de Ciudadanos, la indiciaria defraudaci¨®n de fondos de formaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa, la presumible trama del PSPV-PSOE y Comprom¨ªs o el caso de los ERE de Andaluc¨ªa y su relaci¨®n con el Gobierno socialista de la Junta. Siempre asuntos relacionados con los partidos que impulsaron la comisi¨®n del Congreso para indagar las cuentas del PP.
El argumento al que recurre el PP en el Congreso para desacreditar la comisi¨®n que investiga su financiaci¨®n ilegal (que se trata de asuntos incursos en procedimientos judiciales y con procedimientos en marcha son innecesarias las comisiones de investigaci¨®n), en el caso del Senado no resulta aplicable. Es m¨¢s, el eco judicial parece justificar la propia existencia de la comisi¨®n y su cometido. Lo que es ¡°un esperpento¡±, ¡°una causa inquisitorial¡± o ¡°un linchamiento¡± en el Congreso para el PP, en cambio, en el Senado son solo actos de colaboraci¨®n de los investigados con ¡°los representantes leg¨ªtimos de la ciudadan¨ªa espa?ola¡± que permiten al PP avistar ¡°la punta del iceberg¡± de ¡°tramas delictivas¡± y ¡°sacar las conclusiones pertinentes para que esto no vuelva a suceder¡±.
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