El juez decano de Madrid rechaza cursar una petici¨®n de B¨¦lgica para interrogar a Llarena
Un tribunal belga cita para el 4 de septiembre al instructor del proceso separatista por una demanda de Puigdemont
El juez decano de Madrid, Antonio Viejo, no cursar¨¢ "por improcedente¡± una petici¨®n de la justicia de B¨¦lgica para que advierta fehacientemente al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del proceso separatista catal¨¢n, de que debe comparecer el pr¨®ximo d¨ªa 4 de septiembre ante un tribunal de ese pa¨ªs para prestar declaraci¨®n. Mientras la justicia belga pone pegas a la entrega a Espa?a de tres exconsejeros catalanes huidos, un tribunal de este pa¨ªs se ha apresurado a citar a Llarena por una demanda que le interpuso el pasado 5 de junio el expresidente catal¨¢n Carles Puigdemont y a la que se adhirieron despu¨¦s los citados exconsejeros pr¨®fugos en Bruselas y Escocia.
El decano no entra en valoraciones. Dar¨¢ una respuesta estrictamente jur¨ªdica al tribunal belga, entendiendo que su solicitud ¡°no procede¡±
Los demandantes huidos piden en B¨¦lgica para Llarena una condena simb¨®lica, el pago de cinco euros, por su supuesta ¡°parcialidad y obstinaci¨®n¡± en la causa que instruye contra 24 cabecillas del independentismo catal¨¢n. La finalidad subrepticia de la demanda es recusarle y apartarle de la causa. En la demanda piden a Llarena una indemnizaci¨®n de cinco euros y que se le condene a las costas del proceso.
El tribunal belga que ha asumido la demanda que encabeza Puigdemont acaba de enviar un escrito al juez decano de los juzgados de la plaza de Castilla para que, a trav¨¦s del servicio de notificaciones de los juzgados, entregue al juez Llarena una cita para ser interrogado el pr¨®ximo 4 de septiembre en Bruselas. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, la intenci¨®n del decano de Madrid es rechazar de plano tal petici¨®n. Viejo, en el escrito que enviar¨¢ a la justicia belga, no entra en valoraciones; su respuesta ser¨¢ estrictamente jur¨ªdica, pero entendiendo que ¡°no procede¡± cursar esa cita.
Un juez instructor como Llarena, perteneciente a la c¨²pula de la justicia penal espa?ola, cuando est¨¢ en el ejercicio de su funci¨®n, se constituye ¡°en un poder del Estado en el ejercicio de su jurisdicci¨®n¡±, recuerdan los citados medios. ¡°Y act¨²a en el marco de la soberan¨ªa espa?ola¡±, matizan. ¡°Por lo que un juez de otro pa¨ªs no puede entrar a valorar la instrucci¨®n hecha por un colega comunitario atendiendo a una simple petici¨®n de los acusados¡±, a?aden.
La justicia belga tambi¨¦n ha hecho llegar la cita del 4 de septiembre al propio Tribunal Supremo. En ella permite a Llarena declarar, si lo desea, por otra v¨ªa ajena a la presencial en Bruselas
El decano de Madrid rechaza la petici¨®n belga bas¨¢ndose en un reglamento de 2007 del Consejo de Europa sobre notificaciones judiciales en el ¨¢mbito comunitario. Y concluye que la petici¨®n vulnera la normativa y que, por tanto, ¡°no hay lugar a la citaci¨®n¡±. La justicia belga tambi¨¦n ha hecho llegar la cita del 4 de septiembre al propio Tribunal Supremo. En ella permite a Llarena declarar, si lo desea, por otra v¨ªa ajena a la presencial en Bruselas. El juez espa?ol no tiene previsi¨®n alguna de acudir a esa cita, seg¨²n fuentes del Supremo.
En el alto tribunal est¨¢n molestos con esta citaci¨®n. Y, adem¨¢s, lamentan la inacci¨®n que est¨¢n mostrando en este asunto ¡°tanto el Consejo del Poder Judicial como el Ministerio de Justicia¡±. ¡°Esta vez es una demanda simb¨®lica de un euro de los encausados separatistas, pero pongamos el caso futuro de alg¨²n reo al que se le ocurra pedir en B¨¦lgica dos o tres millones a un juez y se le declare en rebeld¨ªa por no acudir a la citaci¨®n. Luego cabr¨ªa la posibilidad de que la justicia belga utilizase los mecanismos de cooperaci¨®n judicial europea para que se ejecute su sentencia. Ser¨ªa un problema para el juez afectado. Todo esto es surrealista¡±, se lamentan magistrados del Supremo.
La negativa del decano de los jueces de Madrid a dar curso a la citaci¨®n de Llarena puede ser recurrida por la justicia belga ante instancias judiciales superiores espa?olas. La justicia de ese pa¨ªs, donde permanecen huidos los exconsejeros catalanes Toni Com¨ªn, Llu¨ªs Puig y Meritxell Serret, rechaz¨® tramitar la euroorden para la entrega a Espa?a de estos.
En el alto tribunal est¨¢n molestos con la citaci¨®n. Y, adem¨¢s, lamentan la inacci¨®n que est¨¢n mostrando en este asunto ¡°tanto el Consejo del Poder Judicial como del Ministerio de Justicia¡±
Si no surgen obst¨¢culos, Llarena dar¨¢ por concluida la investigaci¨®n este mismo mes, justo despu¨¦s de que se pronuncie su sala de apelaciones sobre los recursos interpuestos por los l¨ªderes separatistas contra el auto de procesamiento que pesa sobre ellos. El magistrado ha pedido a B¨¦lgica que le entregue a los exconsejeros huidos por los delitos de rebeli¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.
B¨¦lgica, de momento, ha rechazado tal entrega alegando un supuesto defecto de forma en la euroorden despachada por Llarena. Alemania, donde se halla Puigdemont, tampoco ha tomado a¨²n una decisi¨®n sobre el futuro del cabecilla secesionista. El tribunal alem¨¢n que le mantiene en libertad bajo fianza ha avanzado que no ve rebeli¨®n ni sedici¨®n en las acciones de Puigdemont. No obstante, se ha tomado el mes de pr¨®rroga que contiene la euroorden (90 d¨ªas de plazo) para tomar una decisi¨®n definitiva sobre los t¨¦rminos en que entrega, o no, a Puigdemont. En el Supremo reina cierta desaz¨®n. La fiscal¨ªa alemana ha solicitado a sus jueces que s¨ª entreguen al imputado a Espa?a por los delitos que indica Llarena, rebeli¨®n y malversaci¨®n.
Fuentes del Supremo advierten, por otro lado, que rechazar¨¢n la entrega de Puigdemont si la justicia alemana insiste en entregarle solo por el delito de malversaci¨®n y excluyendo los de rebeli¨®n y/o sedici¨®n. En el Supremo hay malestar por que el tribunal alem¨¢n que analiza la entrega a Espa?a de Puigdemont haya entrado a valorar el fondo de los delitos que se le imputan. La euroorden est¨¢ basada en el principio de confianza mutua entre los jueces comunitarios; y no intervienen los gobiernos sobre si debe entregarse o no a un huido. En la extradici¨®n, que no rige para los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, la ¨²ltima palabra la tienen los gobiernos.
Fuentes jur¨ªdicas recuerdan que Alemania reclama a Espa?a cada a?o cuatro veces m¨¢s huidos de ese pa¨ªs que a la inversa, lo que explica el firme apoyo que desde el principio ha tenido en la fiscal¨ªa alemana la euroorden de Llarena contra Puigdemont. Y agregan que la justicia espa?ola ha sido siempre muy colaboradora con todos los jueces europeos sin entrar a reexaminar sus investigaciones. Pero la confianza puede deteriorarse si B¨¦lgica y Alemania finalmente no entregan a los encausados huidos por los delitos que les imputa Llarena, sostienen los citados medios.
El juicio contra los independentistas que se hallan presos en Espa?a est¨¢ previsto que se inicie a finales de octubre, y el Supremo conf¨ªa en tener la sentencia, inapelable, a comienzos del pr¨®ximo a?o.
"Agresivos vestidos de rom¨¢nticos"
Fuentes del Tribunal Supremo aseguran que los exconsejeros que han demandado al juez Llarena ¡°nos son tan rom¨¢nticos cuando piden una? indemnizaci¨®n de solo 5 euros, ya que tambi¨¦n reclaman que se le condene en costas por el procedimiento abierto en B¨¦lgica¡±. ¡°Ello puede suponer¡±, se?alan estos medios, ¡°que el magistrado espa?ol tenga que pagar varios miles (o decenas de miles) de euros a los abogados de los independentistas pr¨®fugos. Si eso no es atacar la independencia del juez, que baje Dios y lo vea¡±.
A?aden estos medios que ¡°en Espa?a, para evitar esa presi¨®n indirecta sobre un juez instructor, el art¨ªculo 296 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial proh¨ªbe demandar a los jueces por cuestiones de su ejercicio. Los particulares pueden, en su caso, demandar al Estado y que sea este el que pague una eventual indemnizaci¨®n y las costas, si es que proceden¡±.
Los independentistas huidos ¡°han demandado en B¨¦lgica para soslayar esa prohibici¨®n y poder presionar al juez Llarena amenazando su patrimonio. Son agresivos aunque se vistan de rom¨¢nticos¡±. El art¨ªculo 296 de la LOPJ elimina ¡°la acci¨®n civil directa (as¨ª se llama la posibilidad de demandar directamente a los jueces) y lo hace porque es un instrumento que permitir¨ªa, fundamentalmente las grandes empresas y personas con econom¨ªa poderosa, presionar a un juez, arruin¨¢ndolo en gastos de defensa en los numerosos procedimientos que podr¨ªan impulsar contra ¨¦l. Demandar en B¨¦lgica es un intento de defraudar las limitaciones establecidas en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol y condicionar al juez en futuras decisiones¡±, zanjan fuentes del Supremo.
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