El Consejo de Transparencia sufre para ejercer su funci¨®n de vigilancia del poder

La transparencia avanza con paso lento y renqueante en Espa?a. Los ciudadanos hacen un uso muy limitado de la posibilidad de demandar informaci¨®n (menos de 14.000 solicitudes en tres a?os y medio) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el encargado de vigilar que las administraciones p¨²blicas cumplan la ley, est¨¢ asfixiado: su financiaci¨®n ha vuelto a caer por segundo a?o consecutivo, lleva meses sin presidente, la plantilla no crece pese a que la carga de trabajo no deja de aumentar¡­ El resultado es que el CTBG funciona pero a medio gas. ¡°Estamos dejando de hacer cosas¡±, reconoce Javier Amor¨®s, su actual responsable.

Espa?a fue el ¨²ltimo pa¨ªs europeo en aprobar una Ley de Transparencia. Ocurri¨® a finales de 2013, cuando se le hab¨ªan adelantado hasta las democracias poscomunistas. Un a?o despu¨¦s inaugur¨® el Portal de Transparencia y con ¨¦l la posibilidad de que los ciudadanos pidieran informaci¨®n al Gobierno y este tuviera que contestarles, tanto para d¨¢rsela como para neg¨¢rsela. En paralelo empez¨® a funcionar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo que ejerce de juez cuando el ciudadano y la Administraci¨®n no se ponen de acuerdo sobre qu¨¦ datos deben ser p¨²blicos y cu¨¢les no.

El comienzo fue discreto: el primer a?o apenas le llegaron 517 reclamaciones. Ahora ya gestiona el doble, pero con menos recursos. El anterior Gobierno propuso recortar su presupuesto para 2018 un 22%. Las organizaciones que trabajan a favor de la transparencia institucional llevan meses criticando la asfixia a la que est¨¢ sometido este organismo. Reducir sus recursos supone en la pr¨¢ctica ¡°limitar el trabajo importante del consejo y as¨ª minar el derecho de acceso a la informaci¨®n¡±, se?ala Helen Darbishire, directora de Access Info. Y eso es ¡°grave¡± porque se trata de ¡°un ¨®rgano que defiende lo que ha sido reconocido por el TEDH como un derecho fundamental: el derecho de cualquier ciudadano a saber lo que est¨¢ haciendo la Administraci¨®n y c¨®mo se est¨¢ gastando sus contribuciones¡±.

El problema no es solo de dinero; sobre todo es de personal. La plantilla del CTBG es de 21 personas (en realidad son 19 porque dos est¨¢n de permiso). Todos son funcionarios trasladados desde otros puestos de la Administraci¨®n. Las reiteradas peticiones al anterior ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, para que incorporara a 11 personas m¨¢s resultaron infructuosas. ¡°Seguimos funcionando. La situaci¨®n no nos impide trabajar pero interfiere en nuestra actividad, que es de supervivencia¡±, apunta Javier Amor¨®s, subdirector del consejo y m¨¢ximo responsable desde que falleci¨® la anterior presidenta, Esther Arizmendi, en noviembre pasado.

Han pasado ocho meses y no se nombra un nuevo presidente porque la Comisi¨®n de Hacienda del Congreso de los Diputados no ha sido capaz de consensuar un candidato. Mientras tanto Amor¨®s est¨¢ en funciones, sin respaldo del Congreso y sin representatividad y puede ser cesado en cualquier momento. Ser¨ªa necesario tener una mayor¨ªa en la comisi¨®n. ¡°Ahora es complicado el consenso¡±, dec¨ªa Amor¨®s hace unas semanas.

Mientras tanto, el trabajo se acumula. Las resoluciones del Consejo, que ser¨ªan el equivalente a las sentencias del tribunal de la transparencia, se emiten con retraso. Adem¨¢s de lidiar con las reclamaciones ciudadanas contra la Administraci¨®n General, hay seis comunidades aut¨®nomas que han encargado al Consejo que resuelva las discrepancias con sus ciudadanos: Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y las ciudades de Ceuta y Melilla. Solo Madrid ha generado casi 400 reclamaciones (cada reclamaci¨®n supone la apertura de un expediente) en menos de dos a?os.

Adem¨¢s el Consejo se ha encontrado con una carga que nadie imaginaba cuando se puso en marcha: los pleitos que inicia el Gobierno para no dar informaci¨®n a los ciudadanos. Frente a una resoluci¨®n del Consejo que da la raz¨®n a un solicitante de informaci¨®n, la Administraci¨®n tiene dos opciones: cumplirla o presentar un recurso contencioso-administrativo en los tribunales. Y esta segunda opci¨®n, que se cre¨ªa que iba a ser residual, se ha convertido en otro pozo de consumo de recursos. Ya hay 96 pleitos contra resoluciones del Consejo, de los cuales la gran mayor¨ªa los ha interpuesto el Gobierno o alguna empresa p¨²blica. El r¨¦cord lo tiene RTVE, que no ha querido cumplir ni una de las resoluciones del Consejo que le instaban a divulgar cu¨¢nto gasta, por ejemplo, en Eurovisi¨®n, o el sueldo de sus directivos.

El CTBG se ve obligado, por tanto, a hacer seguimiento de todos estos pleitos, a presentar los expedientes en el juzgado, a redactar conclusiones¡­ Y tambi¨¦n a pagar asesoramiento legal. Porque, aunque tiene firmado un acuerdo con la Abogac¨ªa del Estado para que le represente, la otra parte tambi¨¦n es Administraci¨®n p¨²blica y acude al tribunal con abogados del Estado, lo que obliga al CTBG a contratar sus propios abogados externos. ¡°Comparecemos en estos pleitos para defender nuestras resoluciones porque entendemos que es nuestra obligaci¨®n, aunque si esto sigue as¨ª a lo mejor vamos a tener que dejar de hacerlo¡±, dice Amor¨®s.

¡°No ha habido ning¨²n inter¨¦s en dar m¨¢s recursos y presupuesto a un organismo que ha demostrado su independencia y dicta resoluciones inc¨®modas para el Gobierno y la Administraci¨®n que las est¨¢n recurriendo ante los tribunales de Justicia en muchas ocasiones en que se da raz¨®n al ciudadano sobre temas sensibles como retribuciones o nombramientos discrecionales o gastos de todo tipo (con cargo al contribuyente por cierto)¡±, asegura Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundaci¨®n Hay Derecho. ¡°Veremos si el nuevo Gobierno cambia de actitud y se lo toma m¨¢s en serio¡±, a?ade. ¡°Se abre una nueva etapa y esperamos que represente un nuevo impulso para la transparencia y que se vayan resolviendo nuestros problemas de medios¡±, coincide Amor¨®s.

La Ley de Transparencia preve¨ªa un desarrollo reglamentario que tampoco se ha aprobado a¨²n pese a estar previsto para 2015 y que tendr¨ªa que resolver las diferencias en la interpretaci¨®n de sus preceptos. Y la propia ley est¨¢ pendiente de ser modificada en el Congreso de los Diputados, despu¨¦s de que Ciudadanos presentara hace dos a?os una proposici¨®n de ley contra la corrupci¨®n y para la protecci¨®n de los denunciantes. Sigue en tr¨¢mite de enmiendas (lleva 375) y paralizada.