Lecciones del caso Sanjurjo para el traslado de Franco

El Gobierno ultima el traslado de Francisco Franco del Valle de los Ca¨ªdos. Se apoya en el consenso parlamentario ¨C198 votos a favor en 2017; en la decisi¨®n de la Iglesia de no intervenir y en la voluntad de convertir el monumento a un dictador y su victoria en la Guerra Civil en un ¡°memorial para las v¨ªctimas y lugar de reconciliaci¨®n¡±. Hasta el ¨²ltimo minuto buscar¨¢ un acuerdo con la familia, para que exprese el lugar d¨®nde quiere que sean trasladados los restos, pero fuentes del Ejecutivo insisten en que su oposici¨®n no frenar¨¢ la exhumaci¨®n. En caso de que no se?alaran d¨®nde quieren inhumar los restos, podr¨ªan trasladarse al cementerio de la ciudad m¨¢s cercana. EL PA?S ha consultado a expertos de distintas ¨¢reas sobre el recorrido legal de la intervenci¨®n en el mausoleo y la reciente sentencia que ordena devolver los restos del general Sanjurjo al monumento a los ca¨ªdos de Pamplona del que fueron exhumados en 2016. Todos, incluso los que no apoyan el traslado, coinciden en que la familia no tiene capacidad de veto en el caso de Franco.

La custodia del cuerpo

El 22 de noviembre de 1975, dos d¨ªas despu¨¦s de la muerte de Franco, el rey Juan Carlos escribi¨® una carta al abad del Valle de los Ca¨ªdos explic¨¢ndole que hab¨ªa decidido que el primer y segundo jefe de la casa militar, as¨ª como el jefe de la casa civil ¡°que acompa?an a los restos mortales¡± fueran quienes se los entregasen para enterrarlos en la bas¨ªlica ubicada en el interior del monumento. Y as¨ª fue. De hecho, durante el entierro, el notario mayor del reino, es decir el ministro de Justicia, entonces S¨¢nchez Ventura, les hizo jurar que el cad¨¢ver que conten¨ªa la caja era el que les hab¨ªa sido ¡°entregado en el Palacio de Oriente la ma?ana del viernes 21 de noviembre¡±.

¡°La familia nunca tuvo la custodia de los restos¡±, explica Carlos Garc¨ªa de Andoin, te¨®logo, excoordinador del grupo Cristianos Socialistas y secretario del comit¨¦ de expertos nombrado por el Gobierno en 2011 para elaborar un plan de resignificaci¨®n del Valle de los Ca¨ªdos. En aquel momento, la hija del dictador, Carmen Franco, fallecida en 2017, a los 91 a?os, ya les hizo saber su oposici¨®n, pero el comit¨¦ recomend¨® de todas formas el traslado, aunque present¨® su informe con el Gobierno ya en funciones, y el nuevo Ejecutivo de Rajoy, que acababa de ganar las elecciones, lo olvid¨® en un caj¨®n. ¡°Lo ideal ser¨ªa que de la misma forma que el Rey entreg¨® el cuerpo, ahora el nuevo rey sancionara el decreto para trasladarlo¡±, afirma Garc¨ªa de Andoin.

Qu¨¦ dice la familia

La familia Franco se dirigi¨® por carta al abad manifestando su oposici¨®n al traslado. Uno de los nietos del dictador, Francis Franco, escribi¨® en La Raz¨®n una carta abierta al presidente Pedro S¨¢nchez en la que criticaba la retirada de vestigios franquistas recogida en la ley de memoria hist¨®rica -¡°no puedo dejar de asociarlo a la destrucci¨®n del ISIS¡±,dec¨ªa-; le daba la raz¨®n a su abuelo ¡°en la fobia a los partidos pol¨ªticos¡± y aseguraba que el dictador no hab¨ªa llevado al Valle de los Ca¨ªdos a nadie en contra de sus familiares vivos, lo que es falso, como prueban las reclamaciones llevadas a cabo por siete familias de ambos bandos.

El papel de la Iglesia

El comit¨¦ nombrado por el ministro Ram¨®n J¨¢uregui para actuar sobre el Valle de los Ca¨ªdos en 2011 reuni¨® a una docena de expertos de distintas disciplinas: desde el derecho a la filosof¨ªa. Cuando emiti¨® su dictamen, tres de ellos, los juristas Miguel Herrero y Rodr¨ªguez de Mi?¨®n (ahora en el Consejo de Estado), Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano (actualmente en el Tribunal Constitucional) y Feliciano Barrios (secretario de la Real Academia de la Historia) firmaron un voto particular oponi¨¦ndose a la recomendaci¨®n de trasladar a Franco fuera del mausoleo. "Si en su momento, el Gobierno estimase oportuno el traslado de dichos restos con la dignidad que requiere la inhumaci¨®n de un jefe de Estado deber¨ªa valorarse el impacto que ello pudiera tener en la opini¨®n p¨²blica para evitar la radicalizaci¨®n de la misma, contar con el m¨¢s amplio consenso parlamentario al afecto y llevar a buen t¨¦rmino la correspondiente negociaci¨®n con las autoridades eclesi¨¢sticas competentes", rezaba el texto. Herrero de Mi?¨®n aclara hoy que "con dignidad" no quiere decir "con honores" y preguntado por qu¨¦ en ning¨²n momento aludieron al permiso de la familia, solo al de la Iglesia responde: ¡°La familia no tiene nada que decir¡±.

El caso de Sanjurjo y Mola

Los expertos consultados difieren sobre si son comparables los casos de Franco y Sanjurjo. "El primero est¨¢ enterrado en una bas¨ªlica y la competencia es de la iglesia. En el caso de Sanjurjo, el Ayuntamiento ya hab¨ªa llegado a un acuerdo con el arzobispado para desacralizar el lugar", afirma Rafael Escudero, profesor de filosof¨ªa del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y especializado en temas relacionados con la memoria hist¨®rica.

Este fue el procedimiento para la exhumaci¨®n del monumento a los Ca¨ªdos de Pamplona de los restos de Sanjurjo, Mola y otras ocho personas.

En agosto de 2016, el Ayuntamiento encarg¨® un informe con la intenci¨®n de clausurar el cementerio en la cripta del monumento. El departamento jur¨ªdico del Consistorio contest¨® que mediante escritura p¨²blica, el 19 de mayo de 1998, el Arzobispado de la di¨®cesis de Pamplona y la parroquia de Cristo Rey hab¨ªan donado al Ayuntamiento el llamado monumento a los Ca¨ªdos, que en junio de 1963 hab¨ªa donado a su vez la Diputaci¨®n al Arzobispado. En cuanto a las posibilidades legales de clausurar el cementerio, el servicio jur¨ªdico municipal contest¨® que el Ayuntamiento era competente para hacerlo porque, por un lado, lo amparaba el art¨ªculo 15 de la ley de memoria hist¨®rica, que establece que "las administraciones p¨²blicas tomar¨¢n las medidas oportunas para retirar menciones conmemorativas de exaltaci¨®n, personal o colectiva, de la sublevaci¨®n militar, de la guerra civil y de la represi¨®n y la dictadura", salvo cuando dichas menciones fueran "de estricto recuerdo privado" o concurrieran "razones art¨ªsticas, arquitect¨®nicas o art¨ªstico religiosas procedidas por la ley". Y por otro, citaban el reglamento de sanidad mortuoria de Navarra (2001), que establece que "corresponde al departamento de salud la competencia para autorizar la clausura de un cementerio y la recogida o traslado total o parcial de restos".

Se obtuvo la autorizaci¨®n del departamento de Salud y se public¨® en el Bolet¨ªn Oficial de Navarra y en los peri¨®dicos de mayor difusi¨®n en la comunidad el anuncio, con dos meses de antelaci¨®n, de la recogida y traslado de restos inhumados en el monumento, abriendo un periodo de alegaciones para los interesados. Algunos, como la familia de Jaime Mun¨¢rriz, indicaron que hac¨ªa a?os que deseaban trasladar los restos a su pante¨®n familiar. La hija del general Emilio Mola tambi¨¦n traslad¨® su deseo de exhumar y cremar los restos para recibir las cenizas y pidi¨® que la exhumaci¨®n fuera un acto privado, en el que solo estuviera el personal del Ayuntamiento y los t¨¦cnicos estrictamente necesarios. Se hizo de noche y sin c¨¢maras.

La hija de Sanjurjo, Carlota, as¨ª como Mar¨ªa Luisa Navascues Aznar, familiar de los hermanos Joaqu¨ªn y Dimas Aznar, se opusieron, pero sus alegaciones fueron desestimadas y el 15 de noviembre de 2016 se procedi¨® a la exhumaci¨®n de los restos, que posteriormente fueron inhumados, en el caso de Sanjurjo, en marzo de 2017 el Pante¨®n del Regimiento de Regulares de Melilla. Una ceremonia pol¨¦mica porque a la misma asisti¨® el presidente de la ciudad aut¨®noma, Juan Jos¨¦ Imbroda, del PP, y el comandante general de Melilla, el general Fernando Guti¨¦rrez.

La sentencia

El juez Antonio S¨¢nchez, del juzgado contencioso administrativo dos de Pamplona, acaba de estimar el recurso presentado por Carlota Sanjurjo y Mar¨ªa Luisa Navascu¨¦s, y ordenado que los restos vuelvan al monumento a los ca¨ªdos. La sentencia, recurrible, afirma que la cripta donde se encontraban los restos ¡°es un lugar de culto privado¡±, no un cementerio y que por tanto, el Ayuntamiento no ten¨ªa competencia para cerrarlo, pese a que el Arzobispo de Pamplona y el alcalde de la ciudad firmaron un acuerdo para clausurarlo el 7 de noviembre de 2016. En cuanto a la aplicaci¨®n de la ley de memoria hist¨®rica, niega que pueda considerarse una menci¨®n o s¨ªmbolo franquista y a?ade que, como bien inventariado, la cripta estaba protegida y cualquier intervenci¨®n deber¨ªa respetar ¡°la integridad de sus elementos de inter¨¦s¡± entre los que el juez cita ¡°el mantenimiento como lugar de enterramiento¡±.

El Ayuntamiento, que recurrir¨¢ la sentencia, argumenta que la cripta no es un lugar privado porque el propietario del edificio es el Consistorio, para lo que incorpora como prueba la escritura de donaci¨®n de la propiedad. Mantiene que al acoger ¨²nicamente a fallecidos del bando ganador de la Guerra Civil entra dentro de las menciones cuya eliminaci¨®n establece la ley de memoria hist¨®rica y recuerda, en todo caso, que en los cementerios p¨²blicos los restos humanos tienen un plazo limitado de estancia (en el de San Jos¨¦ es de 30 a?os como m¨¢ximo).

¡°La sentencia de Pamplona es un disparate¡±, afirma Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, exjuez del Tribunal Supremo, que s¨ª ve similitudes entre este caso y el traslado de Franco y que asesor¨® al Ayuntamiento. ¡°Las familias no pueden vetarlo y en el caso del Valle de los Ca¨ªdos fue el propio Franco quien se autoexcluy¨® de ser enterrado all¨ª en su decreto de 1940 por el que anunciaba la construcci¨®n de un monumento para los ca¨ªdos en la Cruzada¡±.

?scar Celador, catedr¨¢tico de Derecho Eclesi¨¢stico del Estado, afirma que la exhumaci¨®n de Franco ¡°es un caso ¨²nico, absolutamente at¨ªpico, y sobre el que no hay precedentes¡±. ¡°Los cementerios son competencia municipal; la salubridad, auton¨®mica... si la familia se opone, en este caso creo que el Estado puede actuar de oficio porque hay una voluntad democr¨¢tica, una mayor¨ªa parlamentaria que lo apoya". Aunque apunta un problema: que su futuro destino se convierta en lugar de peregrinaci¨®n franquista.