Diez temporeras marroqu¨ªes de Huelva acuden a la Audiencia Nacional para denunciar abusos

Diez temporeras marroqu¨ªes que trabajaban en la recogida de la fresa en Huelva han acudido a la Audiencia Nacional para denunciar por delitos de lesa humanidad y trata de seres humanos a los empresarios que las contrataron para la ¨²ltima campa?a, entre los meses de abril y julio pasados. Las trabajadoras, mujeres rurales con hijos menores a su cargo y en situaci¨®n de especial vulnerabilidad en Espa?a, denunciaron las penosas condiciones de trabajo, salariales y de vida a que supuestamente fueron sometidas, y que, seg¨²n su escrito, entran en la categor¨ªa de esclavitud. Tambi¨¦n manifestaron haber sido objeto de acoso sexual -e incluso de agresiones sexuales- por parte de sus compa?eros de trabajo, de origen rumano, y sus jefes, espa?oles.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que recibi¨® el escrito por turno de reparto, entiende que los hechos relatados en la denuncia de las trabajadoras pueden ser delictivos. El pasado 6 de agosto, el magistrado abri¨® un sumario y pidi¨® a la fiscal¨ªa un informe sobre si la Audiencia Nacional tiene competencia para asumir la investigaci¨®n en lugar de los juzgados de Instrucci¨®n 1 y 3 de Palma del Condado (Huelva). Estos juzgados onubenses recibieron las primeras denuncias, pero apenas han avanzado en sus pesquisas, seg¨²n los abogados de la Asociaci¨®n de Usuarios de la Administraci¨®n de Justicia, que representan a las temporeras y que han optado por acudir a la Audiencia Nacional.

Las diez mujeres fueron contratadas en distintas poblaciones de Marruecos a trav¨¦s de la oficina de empleo de ese pa¨ªs. El contrato, que inclu¨ªa visado, era de tres meses, con una jornada laboral de seis horas y un salario de 40 euros diarios. La mercantil empleadora, Do?ana 1998 SL, que pertenece a la asociaci¨®n empresarial Freshuelva, se hac¨ªa cargo del alojamiento de las trabajadoras, as¨ª como del traslado a Espa?a y posterior retorno a Marruecos de estas.

Las mujeres, seg¨²n la denuncia, fueron confinadas en barracones de obra dentro de un recinto vallado de la finca fresera, alejada de n¨²cleos urbanos. Por el alojamiento, sin ventanas ni agua potable se les detra¨ªan tres euros diarios del salario, que se quedaba finalmente en menos de diez euros al d¨ªa frente a los 40 prometidos.

La insalubridad, sumada a los sobreesfuerzos, provoc¨® que muchas trabajadoras enfermaran. Seg¨²n la denuncia, se les neg¨® la asistencia y el traslado al centro sanitario. Algunas trabajadoras relataron situaciones de extrema necesidad que les llevaron a mendigar o a alimentarse con ¡°comida podrida y hierbas salvajes¡±.

En esta situaci¨®n, las temporeras fueron, seg¨²n su versi¨®n, objeto de acoso y agresiones sexuales por varios de sus jefes, e incluso se les incitaba a la prostituci¨®n. En la puerta de la finca se apostaban casi a diario ¡°veh¨ªculos con hombres desconocidos que hac¨ªan proposiciones sexuales¡±, con el consentimiento de los due?os de la finca.

A finales de mayo, se present¨® una lista con m¨¢s de 100 nombres de mujeres temporeras dispuestas a denunciar las miserables condiciones de vida. La empresa, seg¨²n la denuncia que maneja el juez Pedraz, trat¨® de convencerlas para que no acudieran a la justicia. Ante su negativa, los capataces deciden expulsar a las mujeres de la finca y de Espa?a pese a tener el contrato y el visado en vigor. Seis de las 10 denunciantes escaparon saltando y reptando del per¨ªmetro. ¡°Agentes de la Guardia Civil rodeaban en todo momento la finca, impidiendo la salida de las trabajadoras del per¨ªmetro¡±.