El Poder Judicial ampara a Llarena ante la ¡°burda¡± ofensiva belga de Puigdemont
El magistrado del caso del ¡®proc¨¦s¡¯ est¨¢ citado a declarar en Bruselas tras una demanda del expresident fugado
El Consejo General del Poder Judicial decidi¨® este jueves, por siete votos contra uno, aceptar la solicitud de amparo del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa por rebeli¨®n en la declaraci¨®n unilateral de independencia de Catalu?a. Llarena pidi¨® protecci¨®n al ¨®rgano de gobierno de los jueces al considerarse perturbado en su independencia como magistrado despu¨¦s de que el fugado expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, interpusiera contra ¨¦l una demanda en B¨¦lgica y fuera citado a declarar en ese pa¨ªs el pr¨®ximo 4 de septiembre.
La Comisi¨®n Permanente del ¨®rgano considera que la demanda de Puigdemont y otros cuatro exconsellers que se fugaron con ¨¦l supone ¡°un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional¡± el juez Llarena. Seg¨²n la resoluci¨®n, la acci¨®n civil en B¨¦lgica tiene como ¡°¨²nico fin¡± el de ¡°condicionar¡± e ¡°influir¡± en ¡°futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse¡± en la causa del proc¨¦s y otros procedimientos.
"En este estado de la cuesti¨®n, se nos antoja dif¨ªcil considerar que pueda existir una actuaci¨®n que vulnere de forma m¨¢s flagrante y burda la independencia de un magistrado espa?ol¡±, a?ade la Permanente, que considera que ¡°cuando se cuestionan de tal modo los actos llevados a cabo por el magistrado, se cuestiona tambi¨¦n la esencia misma de nuestro Estado de Derecho, atac¨¢ndose la independencia judicial como pilar fundamental de un Estado democr¨¢tico¡±.
El pasado junio, Puigdemont, que huy¨® a B¨¦lgica el 30 de octubre tras declarar el Parlament la independencia de Catalu?a, y cuatro consejeros que escaparon con ¨¦l, presentaron una demanda civil en ese pa¨ªs contra Llarena, al que acusan de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunci¨®n de inocencia. Los pol¨ªticos secesionistas piden para el magistrado espa?ol una multa simb¨®lica de un euro por unas declaraciones que este hizo a la prensa el pasado febrero tras una conferencia que pronunci¨® en Oviedo y que, seg¨²n ellos, supuestamente demuestran que est¨¢n perseguidos por sus ideas pol¨ªticas.
El juez belga admiti¨® la demanda de Puigdemont y los exconsellers, y cit¨® a Llarena el 4 de septiembre. Sin embargo, el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, a quien correspond¨ªa tramitar la citaci¨®n, rechaz¨® darle curso. Viejo le record¨® al magistrado belga que la normativa comunitaria sobre notificaciones de documentos judiciales en materia civil y mercantil entre Estados, como es este caso, no se aplicar¨¢, entre otros asuntos, ¡°a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (los llamados acta iure imperii)¡±.
El decano de los Juzgados de Madrid s¨ª puso la demanda en conocimiento del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que el pasado 10 de julio se dirigi¨® a los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores para instarles a llevar a cabo ¡°las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acci¨®n del Estado y del magistrado afectado, y espec¨ªficamente las que procedan ante la jurisdicci¨®n y las instituciones que correspondan del Reino de B¨¦lgica¡±.
En su solicitud de amparo, Pablo Llarena dice que tiene conocimiento de estas actuaciones, as¨ª como de las que, tras la carta remitida por el presidente del Tribunal Supremo al ministro de Asuntos Exteriores, ha realizado el Gobierno espa?ol ante el de B¨¦lgica, aunque a?ade que ignora si esas gestiones han dado lugar ¡°a una decisi¨®n concreta de actuaci¨®n procesal por parte del Gobierno belga¡±.
El magistrado se?ala en su escrito el car¨¢cter ¡°groseramente fraudulento¡± de la demanda, que en su opini¨®n solo pretende ¡°sustraer de su sede natural la revisi¨®n de los actos de la Justicia espa?ola¡± defraudando los instrumentos del ordenamiento jur¨ªdico espa?ol para asegurar la independencia de la funci¨®n jurisdiccional: el aforamiento de los jueces y magistrados ante el Tribunal Supremo y la prohibici¨®n, contenida en el art¨ªculo 296 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, de que puedan dirigirse demandas directas contra ellos por actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de su funci¨®n.
En su resoluci¨®n de amparo, la Comisi¨®n Permanente insta a los huidos a que dejen de "perturbar el ejercicio independiente de la funci¨®n jurisdiccional¡± de Llarena y pone su acuerdo en conocimiento de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores ¡°para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicci¨®n espa?ola ante los tribunales del Reino de B¨¦lgica¡±. Entre estas medidas entra la posibilidad de que la Abogac¨ªa del Estado represente al juez Llarena en el procedimiento abierto en B¨¦lgica, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.
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