El PP lleva a una ley la protecci¨®n de s¨ªmbolos en su pugna con Ciudadanos

El PP no quiere entrar en la pugna de los lazos amarillos en la calle en Catalu?a, como s¨ª ha hecho Ciudadanos, pero no est¨¢ dispuesto a dejar esa bandera al partido de Albert Rivera. La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, registr¨® este martes una proposici¨®n de Ley de la Convivencia Social, la Neutralidad Institucional y los S¨ªmbolos Nacionales.

A pesar de que los principales objetivos de esa propuesta de ley, es decir la definici¨®n de las obligaciones y las posibles sanciones a los que no respeten los llamados "s¨ªmbolos nacionales u oficiales", ya est¨¢n definidos en la existente Ley de Transparencia y Buen Gobierno, para los altos cargos, y en el Estatuto del Empleado P¨²blico, para los funcionarios. El PP cree que, con la creciente tensi¨®n y pol¨¦mica de los lazos amarillos en Catalu?a, hac¨ªa falta acotar y precisar m¨¢s con jurisprudencia del Tribunal Supremo la protecci¨®n al "Rey, las banderas de Espa?a y las Comunidades Aut¨®nomas, el escudo constitucional y el himno nacional".

Los propios promotores de esta proposici¨®n aceptaron que en realidad no estaban aportando ninguna gran novedad sino estableciendo en un texto m¨¢s moderno y cerrado una serie de recordatorios ya vigentes. Y, sobre todo, recogiendo la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y la a¨²n m¨¢s cercana del Defensor del Pueblo sobre la neutralidad de los espacios p¨²blicos.

La iniciativa popular pretende fijar un mandato por ley del Congreso para todos los altos cargos y los empleados p¨²blicos de todas las administraciones y de los entes p¨²blicos "de respeto a los s¨ªmbolos oficiales, fomento de las actitudes de respeto a la unidad de Espa?a y a la diversidad de las nacionalidades y regiones que la integran en el uso de los s¨ªmbolos en los espacios p¨²blicos". Con ese principio de convivencia, la norma fijar¨ªa que las autoridades p¨²blicas tendr¨ªan el deber de promover las condiciones para que ese clima democr¨¢tico fuese real y efectivo y deber¨ªan remover "los obst¨¢culos que dificulten su plenitud".

En las medidas concretas se precisan los llamados y citados "s¨ªmbolos nacionales" y se a?ade que tambi¨¦n se deber¨ªa amparar y proteger las banderas, el himno y el escudo de la Uni¨®n Europea. La ley se?ala que los s¨ªmbolos oficiales deben ser respetados y tratados con neutralidad institucional y sin fines partidistas y se establecen como nulos los que "sean contrarios" a esos fines.

En el apartado de obligaciones es donde la norma se centra en las autoridades p¨²blicas (altos cargos y funcionarios) para fijarles la tarea de "abstenerse de realizar y corregir en el acto cualquier tratamiento ilegal o cualquier ofensa, dem¨¦rito, vilipendio o desprestigio hacia los s¨ªmbolos nacionales y oficiales". Y se especifica que se entender¨ªa como tratamiento ilegal "la colocaci¨®n o reproducci¨®n, gr¨¢fica o audiovisual, de s¨ªmbolos, lemas, ense?as de naturaleza partidista y que vulneren la neutralidad institucional".

Las autoridades, si esa ley llegase a pasar el filtro de la Mesa del Congreso, cuando el PP la proponga en su cupo de propuestas, y obtuviese respaldos suficientes para ser aprobada, algo no sondeado a¨²n, deber¨ªan adem¨¢s de abstenerse de exhibir e impedir que se exhiban en los espacios p¨²blicos ese tipo de s¨ªmbolos, lemas o ense?as". Toda la proposici¨®n est¨¢ contaminada por la creciente pol¨¦mica y tensi¨®n en Catalu?a por la aparici¨®n y colocaci¨®n en plazas, rotondas, playas y otros lugares p¨²blicos de lazos amarillos para reivindicar la libertad de los pol¨ªticos presos por haber promovido o liderado determinadas acciones ilegales en el proceso independentista.

La ley se vuelca en limitar y prevenir en ese sentido las posibles acciones de las autoridades y en los espacios p¨²blicos o institucionales, porque se comprende que no tendr¨ªa ninguna viabilidad intentar hacerlo con las personas en su ¨¢mbito privado. Tampoco se plantea restringir las acciones de los diputados, en sus diferentes ¨¢mbitos y espacios de trabajo o de acci¨®n, por su propia situaci¨®n de inviolabilidad. Pero s¨ª requiere a las autoridades que deber¨ªan "corregir de inmediato" el uso que los posibles particulares pudieran hacer de esos s¨ªmbolos ilegales o contra los oficiales.

El cap¨ªtulo de las obligaciones trae consigo un r¨¦gimen de sanciones por las posibles infracciones de esas restricciones, que rescatan las ya estipuladas en su momento en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y en el Estatuto del funcionario. Ah¨ª se fijaba que si la infracci¨®n se consideraba leve conllevar¨ªa una amonestaci¨®n; si era grave supondr¨ªa una declaraci¨®n del incumplimiento y la publicaci¨®n en el BOE (Bolet¨ªn Oficial del Estado) y la no percepci¨®n de indemnizaci¨®n de cese en el cargo; y, finalmente, si llegase a ser muy grave se a?adir¨ªan a todas las sanciones anteriores, el cese en el cargo y no poder ser propuesto ni nombrado para alto cargo o asimilado entre cinco y 10 a?os.

Los dirigentes del Grupo Popular que explicaron el contenido de esta propuesta aceptaron que su aplicaci¨®n podr¨ªa ser complicada y difusa en algunos casos pero defendieron que ante la creciente tensi¨®n en la calle en Catalu?a se hac¨ªa necesario una clarificaci¨®n del panorama ante la superaci¨®n del pacto de respeto a esos s¨ªmbolos en muchas ocasiones impl¨ªcito desde la formulaci¨®n de la Constituci¨®n de 1978. En el apartado de ejemplos que no deber¨ªan ocurrir si esa ley prosperase el secretario general del Grupo Popular, Jos¨¦ Antonio Berm¨²dez de Castro, incluy¨® que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tendr¨ªa prohibido entrar en La Moncloa para ver al presidente, Pedro S¨¢nchez, con un lazo amarillo en la solapa o un m¨¦dico operar con el mismo adorno en un hospital p¨²blico.