Defensa abrir¨¢ los archivos secretos de la Guerra Civil y el franquismo

El Ministerio de Defensa ha dado los primeros pasos para que los documentos militares de la Guerra Civil y la posguerra, considerados hasta ahora secretos, est¨¦n al alcance de estudiosos, investigadores y del p¨²blico en general. La Comisi¨®n Calificadora de Documentos de Defensa aprob¨® el pasado d¨ªa 4 un informe, al que ha tenido acceso EL PA?S, en el que recomienda a la ministra Margarita Robles que ¡°autorice con car¨¢cter general la consulta p¨²blica de la documentaci¨®n anterior a 1968¡± del Archivo General Militar de ?vila.

El cerrojo que mantiene vetados para los historiadores miles de documentos clave para entender la reciente historia de Espa?a empieza a ceder. La comisi¨®n del Ministerio de Defensa sobre calificaci¨®n de documentos, que preside el secretario general t¨¦cnico del departamento, ha pedido que se permita el acceso p¨²blico a un inmenso fondo documental, hasta ahora de dif¨ªcil o imposible consulta por llevar marcas de reserva o confidencialidad, sobre la Guerra Civil (partes de operaciones, despliegue de unidades), la represi¨®n franquista (campos de concentraci¨®n, batallones de trabajo), la posguerra (fortificaci¨®n de los Pirineos, Marruecos) o los boletines de la secci¨®n de inteligencia del Estado Mayor Central.

Estos documentos abarcan desde el golpe de Estado de 1936 hasta 1968, cuando entr¨® en vigor la todav¨ªa vigente ley de Secretos Oficiales, y est¨¢n depositados en el Archivo General Militar de ?vila, centro de referencia para el estudio de la Guerra Civil junto al de Salamanca.

Seg¨²n el informe de la Comisi¨®n de Calificaci¨®n de Defensa, esta documentaci¨®n forma parte de los fondos ¡°sobre los que el Ej¨¦rcito de Tierra ya ha informado oficialmente de que no afectan ni a la seguridad ni a la defensa del Estado, que su estado [de conservaci¨®n] es correcto, que su grado de descripci¨®n alcanza el 100% y que es posible su consulta¡± p¨²blica sin mayores inconvenientes.

El informe no cita el n¨²mero de documentos que saldr¨¢ a la luz p¨²blica, pero en 2011 la entonces ministra de Defensa, Carme Chac¨®n, cifr¨® en 10.000 los papeles del Ej¨¦rcito sobre la guerra civil y la posguerra que pod¨ªan ser desclasificados. Expertos en archiv¨ªstica sostienen que el t¨¦rmino documento es ambiguo, pues abarca desde una hoja con un mapa hasta un sumario de 5.000 folios, pero estiman que el volumen afectado podr¨ªa triplicar la cifra que dio Chac¨®n.

En todo caso, fue el trabajo de depuraci¨®n y an¨¢lisis de documentos realizado entonces el que ha permitido ahora avanzar con rapidez. Chac¨®n dej¨® la desclasificaci¨®n casi lista, pero no pudo culminarla porque se anticiparon las elecciones. Su sucesor, Pedro Moren¨¦s, del PP, par¨® la operaci¨®n en seco, alegando que ten¨ªa ¡°otras prioridades¡±, que la publicaci¨®n de los documentos no ten¨ªa ¡°otro inter¨¦s que el ruido medi¨¢tico¡± y que ¡°una cosa [de otra ¨¦poca] hoy en d¨ªa mal contada podr¨ªa generarnos problemas con socios¡±.

Sin embargo, a diferencia de la operaci¨®n que ultim¨® Chac¨®n, Defensa no prev¨¦ ahora desclasificar ning¨²n documento. El informe de la comisi¨®n t¨¦cnica zanja el debate sobre la presunta extensi¨®n indefinida en el tiempo, hacia el futuro y hacia el pasado, del deber de reserva al concluir que la ley franquista de Secretos Oficiales, aunque forma parte del ordenamiento jur¨ªdico vigente, no tiene car¨¢cter retroactivo. Es decir, ning¨²n documento anterior al 28 de abril de 1968, fecha de entrada en vigor de la ley, est¨¢ legalmente clasificado como secreto. Por tanto, no hay que desclasificarlo.

Postura del PP

El informe a?ade, no obstante, que la ley de Patrimonio Hist¨®rico prev¨¦ la posibilidad de excluir de consulta p¨²blica aquellos documentos cuya difusi¨®n ¡°pueda entra?ar riesgos para la seguridad y defensa del Estado¡±, aunque no est¨¦n legalmente clasificados. En este caso, a?ade, la consulta puede ser autorizada por ¡°el jefe del departamento encargado de la custodia del archivo¡±. Para la comisi¨®n, el jefe del departamento que custodia los archivos militares ¡°no puede ser otro m¨¢s que la ministra de Defensa¡±. De ah¨ª que, tras atribuirle la competencia para autorizar la consulta de los documentos anteriores a 1968 que tengan marcas de reserva o confidencialidad, le pide que los haga p¨²blicos, pues se trata ¡°de fondos documentales cuyo conocimiento no da?a ni pone en riesgo la seguridad y defensa del Estado o de las Fuerzas Armadas¡±.

Con esta interpretaci¨®n, el Ministerio de Defensa pone fin a situaciones tan surrealistas como la que se produjo en abril pasado, cuando el Estado Mayor del Ej¨¦rcito tuvo que rectificar ¡ª ante las protestas de los historiadores¡ª una instrucci¨®n por la que ordenaba impedir el acceso de los estudiosos a toda la documentaci¨®n con el sello de secreto o confidencial, incluidos muchos documentos hist¨®ricos que ya eran de p¨²blico acceso incluso bajo la dictadura de Franco.

En realidad, la interpretaci¨®n que hizo el Estado Mayor del Ej¨¦rcito estaba en sinton¨ªa con la del Partido Popular, que en esas fechas present¨® una enmienda al proyecto de reforma de la ley de Secretos Oficiales, que se tramita en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso, en la que propon¨ªa que ¡°la informaci¨®n clasificada con anterioridad a la ley 9/1968 de 5 de abril sobre Secretos Oficiales quedar¨¢ autom¨¢ticamente desclasificada a los tres a?os de la entrada en vigor de esta ley¡±. Es decir, el PP cree que los documentos sobre la Guerra Civil y la represi¨®n siguen siendo secretos y no deben ser p¨²blicos, en el mejor de los casos, hasta 2022; siempre que la reforma de la ley entre en vigor el a?o pr¨®ximo.

En todo caso, la decisi¨®n de Defensa constituye solo un primer paso, pues solo afecta al archivo de ?vila, mientras que ese ministerio gestiona ocho archivos hist¨®ricos, 15 intermedios y tres cient¨ªficos, sin contar con m¨¢s de 500 de gesti¨®n ordinaria.