El ¡®caso Villarejo¡¯ destapa la vulnerabilidad de las bases de datos de la Polic¨ªa

Los informes policiales sobre las actividades del comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo revelan que tuvo acceso a informaci¨®n sensible de las bases de datos de Interior incluso tras jubilarse en junio de 2016. En el llamado Proyecto Pintor ¡ªen el que Villarejo recab¨® informaci¨®n de un empresario y un abogado con el supuesto fin de extorsionarlos¡ª, los investigadores han descubierto 121 consultas a la base Sidenpol (que recoge las denuncias en comisar¨ªas) y a la aplicaci¨®n Argos (que engloba varias bases) para recabar datos de ambos.

La Operaci¨®n T¨¢ndem ha revelado que dos polic¨ªas ¡ªun subinspector destinado en la lucha antiterrorista y un agente de Seguridad Ciudadana de Granada¡ª ayudaron presuntamente a Villarejo a conseguir informaci¨®n sin ser descubiertos hasta que Asuntos Internos analiz¨® la documentaci¨®n intervenida al comisario jubilado. Los dos agentes han sido imputados y declarar¨¢n ma?ana en la Audiencia Nacional. Otro polic¨ªa imputado, el comisario Enrique Garc¨ªa Casta?o, ya admiti¨® ante el juez que facilit¨® informaci¨®n sensible sin control judicial a su compa?ero durante a?os, aunque se escud¨® en que sus superiores le dieron instrucciones para hacerlo.

Interior tiene decenas de bases de datos, la mayor parte de car¨¢cter administrativo. Un pu?ado de ellas requieren medidas de control ¡°alto¡±, seg¨²n la clasificaci¨®n de la Agencia de Protecci¨®n Datos, que distingue tres grados de seguridad en funci¨®n de la informaci¨®n que recojan. Ese nivel alto exige, por ejemplo, guardar la identidad del usuario, la fecha y hora en que realiz¨® la consulta y el fichero visitado durante un m¨ªnimo de dos a?os.

Fuentes de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa insisten en que en el caso de los ficheros policiales m¨¢s sensibles ¡ªcomo Sidenpol o la aplicaci¨®n Argos, los supuestamente empleados por la trama de Villarejo¡ª se respeta escrupulosamente ese protocolo de seguridad. Cada funcionario debe introducir en el ordenador desde el que hace la consulta su carn¨¦ profesional con chip identificativo y una contrase?a. Todas las b¨²squedas quedan registradas.

¡°En funci¨®n de su destino y de la categor¨ªa, el agente tendr¨¢ acceso a m¨¢s o menos informaci¨®n¡±, se?ala un portavoz oficial, que ejemplifica que ¡°no es lo mismo un polic¨ªa que trabaja en un coche patrulla que los responsables de la lucha antiterrorista¡±. La Polic¨ªa destaca que cuenta con una aplicaci¨®n llamada Caupol que le permite auditar el uso que se hace de esas consultas, aunque admite que estas pesquisas se realizan siempre tras recibir una queja o una denuncia, nunca con car¨¢cter prospectivo.

A todos los agentes que entran en una de estas bases les aparece en la pantalla del ordenador el mismo mensaje: ¡°El acceso a la informaci¨®n contenida en los ficheros de datos de car¨¢cter personal solo se justifica para la realizaci¨®n de actividades profesionales¡±. Sin embargo, no faltan los casos de uso claramente ilegal. Recientemente, un polic¨ªa destinado en Alcal¨¢ de Henares (Madrid) fue condenado a tres a?os de prisi¨®n por usar las bases de datos policiales para espiar a su expareja. En 2012, fueron investigados varios agentes por su implicaci¨®n en una red que traficaba con datos para facilit¨¢rselos a detectives y abogados. Esta trama fue desmantelada en la Operaci¨®n Pitiusa. En 2014, Instituciones Penitenciarias tuvo que retirar del llamado Sistema de Identificaci¨®n Automatizado las fotos de sus reclusos m¨¢s medi¨¢ticos despu¨¦s de que se filtrara a la prensa la de Luis B¨¢rcenas.

Millones de consultas

¡°El sistema es bueno, pero no perfecto¡±, reconoce Ram¨®n Cos¨ªo, portavoz del Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP), el m¨¢s representativo del cuerpo. Para Cos¨ªo, resulta ¡°imposible¡± auditar todas las consultas que se hacen para descubrir las irregularidades. ¡°Son miles de agentes haciendo millones de consultas todos los a?os¡±, precisa. Y recalca que intentar poner m¨¢s filtros ¡°puede ralentizar las investigaciones y eso ser¨ªa m¨¢s perjudicial¡±.

En el mismo sentido habla Adolfo Medina, del Sindicato Profesional de Polic¨ªa (SPP), de la escala de mando: ¡°No se puede limitar m¨¢s el acceso a las bases de datos sin que se vea afectada la operatividad de la polic¨ªa¡±. Para Medina, ¡°el 99,9% de las consultas est¨¢n justificadas¡±, pero admite que siempre hay quienes ¡°abusan¡±. Este polic¨ªa recuerda que cuando fue detenida la cantante Isabel Pantoja y se publicaron en prensa las fotos de su ficha policial, Interior abri¨® una investigaci¨®n para comprobar qui¨¦n la hab¨ªa consultado. Fueron identificados m¨¢s de 100 agentes que lo hab¨ªan hecho sin justificaci¨®n.

Samuel Parra, jurista experto en protecci¨®n de datos, reclama ¡°controles preventivos y disuasorios, no a posteriori, cuando ya se ha cometido la intromisi¨®n¡±. Parra pide auditorias peri¨®dicas para comprobar ¡°en qu¨¦ comisar¨ªas se hace un n¨²mero de consultas superior a la media. La tecnolog¨ªa permite que el sistema lance alertas cuando esto se produzca¡±. Este jurista asegura que cuando se actu¨® de este modo con el llamado Punto Neutro Judicial (una base de datos que permite a los ¨®rganos judiciales acceder a informaci¨®n detallada de los ciudadanos) se constat¨® un elevado porcentaje de consultas no justificadas. Justicia difundi¨® en 2009 una circular interna para recordar la confidencialidad de los datos all¨ª contenidos.

Artemi Rallo, exdirector de la Agencia de Protecci¨®n de Datos y hoy diputado del PSOE, considera que los actuales sistemas de control de acceso cumplen ¡°todas las medidas de seguridad exigibles¡±. En su opini¨®n, la soluci¨®n es ¡°ir un paso m¨¢s all¨¢¡± y ¡°hacer auditor¨ªas y muestreos peri¨®dicos. Es imposible verificar y controlar todas las consultas¡±. No obstante, Rall¨® considera necesario ¡°sacar conclusiones del caso Villarejo para reforzar los mecanismos de control en estas bases con informaci¨®n sensible¡±.?