Los expertos dan la raz¨®n a Pastor pero piden actualizar las reglas del Congreso

La mayor¨ªa de la decena de catedr¨¢ticos de Derecho Constitucional consultados por EL PA?S sobre la decisi¨®n de la Mesa del Congreso y de su presidenta, Ana Pastor, coinciden en se?alar que este in¨¦dito conflicto institucional y jur¨ªdico es ¡°demasiado t¨¦cnico¡±, tiene pocos precedentes y achacan esta disfunci¨®n, sobre todo, a lo ¡°poco precisos y antiguos¡± que se han quedado los reglamentos de la c¨¢mara. Varios veteranos constitucionalistas optan por no decantarse y se remiten, adem¨¢s, a expertos en derecho parlamentario y ofrecen el nombre de Ignacio Garc¨ªa Vitoria como gran autoridad en la materia, al ser jefe de estudios del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid.

Ignacio Garc¨ªa Vitoria insiste en la idea de que ¡°los reglamentos parlamentarios no han sido modernizados y no codifican los problemas de ahora y por lo tanto hay que recurrir para fijar posici¨®n a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional¡±. Y en ese sentido s¨ª tiene claro que la Mesa del Congreso, la que gobierna Ana Pastor, ¡°tiene competencia y la atribuci¨®n para calificar los escritos de otras mesas de las comisiones¡±. Sobre la apelaci¨®n en el argumento de fondo de Pastor a la falta de ¡°congruencia¡± entre la ley de Estabilidad Presupuestaria y la enmienda introducida en la comisi¨®n de Justicia a otro proyecto de ley sobre el Poder Judicial, el experto advierte: ¡°Afecta al uso del procedimiento parlamentario impedir una discusi¨®n deliberativa de los grupos minoritarios para fijar posici¨®n y puede crear inseguridad jur¨ªdica que se haga, adem¨¢s, con una enmienda con una conexi¨®n muy ligera¡±.

Jos¨¦ Mar¨ªa Morales, catedr¨¢tico de constitucional de la Universidad de Sevilla, tambi¨¦n coincide en que la Mesa del Congreso ¡°tiene capacidad para resolver el recurso planteado por el PP y Ciudadanos, para no admitirlo y para entrar en el asunto, aunque no es habitual, porque hay dos sentencias del Constitucional de 2011 que lo avalan¡±. Morales remacha que hasta entonces el Constitucional no hab¨ªa querido pronunciarse demasiado contra las leyes ¨®mnibus o contra la costumbre de meter en leyes de acompa?amiento distintas reformas legales totalmente heterog¨¦neas pero recuerda que con esa sentencia contra la modificaci¨®n de la ley org¨¢nica del Poder Judicial de 2003 ¡°s¨ª quiso fijar pauta y criterio claro a la Mesa para sancionar que las enmiendas deben tener homogeneidad y conexi¨®n con la norma que se est¨¢ tratando y le da competencia para admitirlas o no¡±.

El catedr¨¢tico Xavier Arbos, de la Universidad de Barcelona, acepta que la Mesa debe tener esa ¨²ltima responsabilidad, ¡°pero no por criterios de oportunidad¡±; sospecha de que no se haya querido pedir, en este caso, el informe no obligatorio de los letrados de la c¨¢mara y lamenta la falta de sensibilidad de ese ¨®rgano para ¡°pens¨¢rselo tres veces antes de no facilitar un debate en pleno que fomentar¨ªa el derecho de los diputados a la participaci¨®n pol¨ªtica¡±.

El tambi¨¦n catedr¨¢tico de Constitucional de la Complutense, Javier Garc¨ªa Roca, se agarra a otra doctrina del letrado Alberto Arce en la que remarca que ¡°las funciones de calificaci¨®n de la Mesa deben ser formales, para revisar su regularidad, y no frustrar debates pol¨ªticos al pleno, que es donde se deben realizar¡±. Uno de los argumentos del PSOE y sus socios para saltarse el bloqueo de ese ¨®rgano. Garc¨ªa Roca cuestiona, sobre esta pol¨¦mica, tanto ¡°el comportamiento obstrucionista como las triqui?uelas del Gobierno y su mayor¨ªa como de la minor¨ªa¡±. Y vaticina que se repetir¨¢.