1.342 ¨¢reas en riesgo de inundaci¨®n en Espa?a, a la espera de que se cumpla la ley

En Sant Lloren? la ¨²ltima riada, antes del desastre de esta semana, ocurri¨® el 22 de noviembre de 2007, sin que se produjeran v¨ªctimas mortales. No era ning¨²n secreto que la avenida torrencial pod¨ªa sobrevenir a los 10 a?os porque el ¨¢rea aparece calificada como zona de alto riesgo en la web del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica, al igual que otras 881 zonas fluviales y 461 marinas. Aunque la costa de Galicia encabeza la clasificaci¨®n en n¨²mero de lugares afectados, es la demarcaci¨®n hidrogr¨¢fica del Ebro la que m¨¢s kil¨®metros problem¨¢ticos acumula, con 1.468. A continuaci¨®n, aparece la del Guadiana con 870 kil¨®metros, las cuencas mediterr¨¢neas andaluzas con 1.000 y el Guadalquivir con 940. Por detr¨¢s, los 830 del Cant¨¢brico occidental o los 630 del Tajo. La informaci¨®n mapeada se complementa con una abundante reglamentaci¨®n, que se deber¨ªa aplicar para minimizar los riesgos de las recurrentes riadas. Pero algo no funciona: las inundaciones son la cat¨¢strofe natural que mayores da?os generan en Espa?a, estimados en una media de 800 millones de euros anuales, indica el ministerio con datos del Consorcio de Compensaci¨®n de Seguros y del Instituto Geol¨®gico y Minero de Espa?a (IGME).

Usos prohibidos

Andr¨¦s D¨ªez Herrero, investigador cient¨ªfico del IGME, experto en avenidas e inundaciones fluviales y torrenciales, opina que se falla al aplicar la legislaci¨®n. ¡°En diciembre de 2016 se public¨® el Real Decreto 638 que recibimos con una gran alegr¨ªa porque cre¨ªamos que se trataba de la herramienta definitiva debido a que delimitaba los usos y actividades que no pueden ser autorizadas en territorios inundables¡±, cuenta. No ha sido as¨ª, a?ade, como tampoco se respeta la obligaci¨®n de incorporar a los planes generales de ordenaci¨®n urbana un mapa de riesgos naturales para este tipo de desastres, como obliga la Ley del Suelo reformulada en 2015. Para D¨ªez el problema se encuentra en que faltan supervisi¨®n e inspecci¨®n, ¡°porque no es solo incorporar los mapas en los anexos de los planes de urbanismo de los municipios, sino tener en cuenta lo que dicen¡±.

¡°Lo que tampoco se puede hacer es expropiar y eliminar todas las edificaciones construidas con anterioridad en esos tramos, pero s¨ª se pueden ir adaptando sus usos a la peligrosidad del entorno¡±, explica. Ecologistas en Acci¨®n cifra en 40.000 las construcciones distribuidas por el conjunto del Estado situadas en cauces y lugares amenazados por el agua. ¡°La mayor¨ªa son viviendas, pero tambi¨¦n hay polideportivos, campings, bares y todo tipo de construcciones. A lo m¨¢s que han llegado las administraciones es a identificar estas zonas, pero lo cierto es que no act¨²an sobre esas construcciones¡±, plantea Santiago Mart¨ªn Barajas, miembro de esta ONG.

Pero, aunque las casas permanezcan, se pueden llevar a cabo actuaciones para mitigar los posibles da?os. El investigador D¨ªaz Herrero propone diferentes medidas. Por ejemplo, si existe una barriada en un punto susceptible de ser alcanzado por una avenida de agua, el siguiente plan urban¨ªstico deber¨ªa prohibir que se sit¨²en en las plantas bajas viviendas permanentes o dormitorios. Tampoco es recomendable cerrar con rejas las ventanas de las plantas inferiores, ya que pueden impedir un rescate, y se deber¨ªa exigir un acceso al tejado que posibilite la evacuaci¨®n por medios a¨¦reos. ¡°Es importante evitar que las compa?¨ªas de gas natural o de comunicaciones ubiquen sus instalaciones subterr¨¢neas. Deben ser a¨¦reas, por encima del nivel previsto de riadas, porque de esa manera los afectados no quedar¨¢n incomunicadas¡±, se?ala el investigador del IGME. D¨ªez propugna la adaptaci¨®n progresiva a la normativa con planes parciales, reglamentos municipales o directrices de urbanismo de ¨¢mbito local.

Algo que ya se deber¨ªa estar aplicando en las diferentes comunidades aut¨®nomas a trav¨¦s de los planes de riesgo de inundaci¨®n que son obligatorios. Fuentes del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica aseguran que las demarcaciones hidrogr¨¢ficas que dependen del Estado (Cant¨¢brico, Mi?o-Sil, Duero, Guadiana, Guadalquivir, Segura, J¨²car y Ebro) cuentan con dicho instrumento de gesti¨®n, adem¨¢s de todas las comunidades aut¨®nomas, excepto Canarias, debido a un retraso de car¨¢cter administrativo. El de las islas Baleares se aprob¨® en marzo de 2016. Para garantizar que se respeta la normativa de no construir en los lugares marcados se realiza un informe anual de seguimiento.

Existen algunas excepciones a la prohibici¨®n de edificar, contempladas en el decreto 638/2016, como, por ejemplo, la que afecta a los territorios en los que por su morfolog¨ªa ¡°tengan una imposibilidad material para orientar sus futuros desarrollos hacia zonas no inundables¡±. En esos casos se podr¨¢n permitir nuevas edificaciones o usos asociados en la zona de flujo preferente, siempre que cumplan una serie de requisitos, entre los que se encuentran no incrementar el riesgo de inundaci¨®n existente y que no supongan peligro para las personas.

D¨ªez Herreno lleva m¨¢s de 16 a?os buscando soluciones a las inundaciones en el municipio de Pajares de Pedraza (Segovia) m¨¢s reconocible como Sagrillas, el pueblo de la familia Alc¨¢ntara en la serie Cu¨¦ntame. Los cient¨ªficos han calculado el coste de una riada con probabilidad de retorno en 10, 50, 100 y 500 a?os. ¡°Es muy peque?o ¡ªno llega a los 20 habitantes¡ª y, por lo tanto, de manejo sencillo, conocemos vivienda por vivienda cu¨¢l ser¨ªa el da?o y si merece la pena tomar unas medidas u otras dependiendo de lo que se obtendr¨ªa como retorno¡±, explica. Otro pueblo que utilizan como laboratorio es Navaluenga (?vila) que se inunda por desbordamiento del r¨ªo Alberche. Han ensayado la opci¨®n de construir una presa o reforestar con pinos para mejorar la infiltraci¨®n del terreno, adem¨¢s de estudiar las medidas de autoprotecci¨®n de los vecinos que tapan con rasillas o tablas los huecos de las viviendas, ¡°con resultados bastante buenos¡±.