La Moncloa dice que dar¨¢ manos libres a la Abogac¨ªa del Estado en el ¡®proc¨¦s¡¯

El Gobierno quiere rebajar el tono sobre el juicio del proc¨¦s tras las cr¨ªticas de la oposici¨®n, que le acusa de presionar a la justicia. En ese intento de suavizar, el Ejecutivo llega a sostener que la Abogac¨ªa del Estado, un ¨®rgano que depende estrictamente del Ministerio de Justicia, tendr¨¢ las manos libres para decidir con criterios t¨¦cnicos y jur¨ªdicos si quiere acusar de rebeli¨®n a algunos de los 18 dirigentes independentistas encausados o va a rebajar esas peticiones, algo que tal vez no tendr¨ªa muchas consecuencias jur¨ªdicas pero s¨ª ser¨ªa un gesto pol¨ªtico de gran impacto.

El Ejecutivo decidir¨¢ la pr¨®xima semana qu¨¦ hacer, pero la portavoz del Gobierno, Isabel Cela¨¢, trat¨® tras el Consejo de Ministros de quitarse presi¨®n asegurando que la Abogac¨ªa es libre para decidir lo que quiera, algo dif¨ªcil de creer con el funcionamiento de este ¨®rgano de la Administraci¨®n. ¡°Este Gobierno no dar¨¢ instrucciones a la fiscal¨ªa ni a la Abogac¨ªa del Estado, que entregar¨¢n sus calificaciones el 2 de noviembre con estrictos argumentos jur¨ªdicos¡±.

Pero la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado no son instituciones similares aunque Cela¨¢ los equipare. La fiscal¨ªa es un ¨®rgano aut¨®nomo mientras que la Abogac¨ªa depende del Ejecutivo y as¨ª se ha visto tambi¨¦n reflejado en la causa del proc¨¦s. Fuentes del Gobierno consultadas admiten que la Abogac¨ªa trabaja con criterios jur¨ªdicos pero tiene un ¡°margen discrecional¡± que no tiene el ministerio p¨²blico. La actuaci¨®n de ambos ¨®rganos en el proc¨¦s ha sido tambi¨¦n muy distinta. La Fiscal¨ªa present¨® la querella por rebeli¨®n contra los l¨ªderes independentistas el 31 de octubre de 2017, pero el abogado del Estado (entonces dependiente del Gobierno de Mariano Rajoy) no se person¨® como acusaci¨®n particular hasta mediados de febrero. Y lo hizo a petici¨®n del Ministerio de Hacienda y solo por el delito de malversaci¨®n cuando la Guardia Civil apunt¨® al uso de dinero p¨²blico para organizar el refer¨¦ndum ilegal del 1-O.

Durante la instrucci¨®n de la causa, la abogac¨ªa no ha pedido ampliar su personaci¨®n, aunque s¨ª se ha adherido a las posiciones de la Fiscal¨ªa, en lo relativo, por ejemplo, a la prisi¨®n preventiva. El papel del abogado del Estado incluso fue cuestionado por algunas defensas durante un interrogatorio en la que hizo preguntas sobre la rebeli¨®n. Seg¨²n recuerdan fuentes presentes en la sala, uno de los letrados de los encausados protest¨® alegando que la abogac¨ªa solo estaba personada por malversaci¨®n, pero el juez Pablo Llarena se?al¨® que pod¨ªa intervenir sobre todos los delitos.

Una posibilidad es que la Abogac¨ªa como ya hizo cuando se person¨® solo pida acusar por malversaci¨®n a los l¨ªderes independentistas. No tendr¨ªa consecuencias jur¨ªdicas, ya que las otras acusaciones (Fiscal¨ªa y Vox) tienen previsto mantener la rebeli¨®n, pero s¨ª tendr¨ªa gran repercusi¨®n pol¨ªtica. ¡°No vamos a hacer ning¨²n gesto¡± a los independentistas en el juicio del proc¨¦s, insisti¨® Cela¨¢. ¡°No hay ning¨²n tipo de presi¨®n al poder judicial. El Gobierno no marca el paso a nadie¡±, a?adi¨®. Fuentes del Supremo admiten que una acusaci¨®n solo por malversaci¨®n ser¨ªa ¡°correcta¡± jur¨ªdicamente, aunque la consideran poco coherente en este caso. ¡°Si el delito de malversaci¨®n consiste en la administraci¨®n desleal de dinero y en este caso la deslealtad es la dilapidaci¨®n de fondos en un proceso de secesi¨®n, resulta muy dif¨ªcil construir una malversaci¨®n sin la referencia a ese proceso¡±, se?alan estas fuentes.

La oposici¨®n tambi¨¦n presiona al Gobierno. Albert Rivera reclam¨® a S¨¢nchez, que cese lo que cree son ¡°injerencias inaceptables¡± en los jueces del Supremo que van a juzgar a los pol¨ªticos independentistas. ¡°Me parece intolerable esa injerencia, le pido a S¨¢nchez que saque las zarpas del Gobierno de la justicia¡±, reclam¨® el presidente de Ciudadanos, informa Elsa Garc¨ªa de Blas. El l¨ªder del PP, Pablo Casado, hizo similares cr¨ªticas al Gobierno socialista por ¡°deslegitimar la labor del Tribunal Supremo¡±.