El Gobierno, herm¨¦tico ante la posici¨®n de la Abogac¨ªa del Estado sobre la rebeli¨®n

Los independentistas presionan con fuerza al Ejecutivo desde hace semanas para que demuestre con gestos pol¨ªticos que est¨¢ en contra de que los m¨¢ximos dirigentes del proc¨¦s sean juzgados por rebeli¨®n. No les basta con un cambio en la posici¨®n de la Abogac¨ªa del Estado: quieren que el Ejecutivo inste a la fiscal¨ªa a retirar la acusaci¨®n de rebeli¨®n. El Gobierno est¨¢ extremando la preocupaci¨®n para no ser acusado de presionar a los jueces y ha rechazado abiertamente la reclamaci¨®n de ERC de que presione a la fiscal¨ªa. Eso, explican fuentes del Gobierno, ser¨ªa superar el l¨ªmite de respeto a la separaci¨®n de poderes y tendr¨ªa un efecto contraproducente, porque provocar¨ªa una reacci¨®n de defensa de los jueces que podr¨ªa endurecer su posici¨®n y agravar las condenas de los presos.

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Pero S¨¢nchez y su equipo de m¨¢xima confianza dejan cada d¨ªa m¨¢s claro, siempre en declaraciones indirectas pero f¨¢cilmente interpretables, que est¨¢n mucho m¨¢s de acuerdo con el punto de vista de aquellos juristas que se?alan que no puede haber delito de rebeli¨®n sin armas que con la posici¨®n mayoritaria de los jueces y fiscales del Supremo, que mantienen dicho delito. Pero ahora, adem¨¢s de las palabras, tiene que tomar una decisi¨®n pol¨ªtica de calado, esto es, si en el escrito de la Abogac¨ªa del Estado, un organismo que depende estrictamente del Ejecutivo y no tiene el nivel de autonom¨ªa de la fiscal¨ªa, hace el gesto de fondo de retirar la acusaci¨®n de rebeli¨®n.

Esto no tendr¨ªa consecuencias jur¨ªdicas importantes porque otras acusaciones, como la de la fiscal¨ªa y la de VOX, mantendr¨ªan el delito de rebeli¨®n, pero ser¨ªa un salto pol¨ªtico clar¨ªsimo. El Ejecutivo eval¨²a la decisi¨®n mientras sufre una enorme presi¨®n de dos frentes: por un lado, los independentistas, que exigen ese gesto, y por otro, la oposici¨®n, que est¨¢ preparada para saltar ante cualquier cambio sobre la l¨ªnea que mantuvo el Gobierno de Mariano Rajoy. Pablo Casado ya ha llegado al m¨¢ximo de esa presi¨®n al acusar al presidente, este mi¨¦rcoles, de ser ¡°responsable y part¨ªcipe del golpe de Estado que se est¨¢ perpetrando en Espa?a¡±. Si le dijo eso antes incluso de cualquier movimiento de la abogac¨ªa o de la fiscal¨ªa, el Gobierno est¨¢ seguro de que cualquier paso implicar¨ªa un ataque sin cuartel.

La decisi¨®n definitiva, en manos del presidente, no est¨¢ tomada, pero es inminente. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha se?alado este jueves que el escrito de la abogac¨ªa del Estado se presentar¨ªa alrededor del 2 de noviembre. Lo que s¨ª est¨¢ m¨¢s claro cada d¨ªa es que el presidente y su entorno no ven el delito de rebeli¨®n de la misma manera que los jueces del Supremo. S¨¢nchez lo apunt¨® en el debate del Congreso el mi¨¦rcoles, cuando apel¨® a una enmienda presentada por Federico Trillo en 1994, en plena reforma del C¨®digo Penal, para recordar que incluso el entonces portavoz de Justicia del PP se?al¨® que "el delito de rebeli¨®n, que es inherente a un golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares".

El PP y Ciudadanos criticaron al presidente por este gesto, que ven como parte de su negociaci¨®n con los independentistas por los Presupuestos, mientras estos ¨²ltimos daban la bienvenida a reflexiones como esta que cuestionan dicho delito. En la misma l¨ªnea, la vicepresidenta ha se?alado este jueves en Onda Cero:? ¡°Lo que podemos llamar golpe de Estado requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislaci¨®n est¨¢n conectados con las armas¡±, y ha rematado que esa misma l¨®gica vale para el delito de rebeli¨®n.

La vicepresidenta ha ido m¨¢s lejos. Ha recordado que el tribunal alem¨¢n de?Schleswig-Holstein rechaz¨® la rebeli¨®n en el caso de Carles Puigdemont, ha insistido en que las legislaciones europeas vinculan la rebeli¨®n a las armas y ha dicho que Espa?a deber¨¢ adaptar en alg¨²n momento ese delito.

A¨²n as¨ª, seg¨²n Adriana Lastra, portavoz del PSOE, no hay planes de momento para reformarlo. Pero el debate se ha colocado sobre la mesa y muestra hasta qu¨¦ punto el Gobierno est¨¢ inc¨®modo con el juicio del proc¨¦s y, sobre todo, con la acusaci¨®n de rebeli¨®n, que implica condenas m¨¢s graves y por tanto pone mucho m¨¢s dif¨ªcil la posibilidad de un indulto futuro del que el Ejecutivo no quiere hablar abiertamente, pero que tambi¨¦n est¨¢ encima de la mesa en las conversaciones pol¨ªticas.