El Poder Judicial insta a planificar protecci¨®n ¡°adecuada¡± para los jueces que trabajan en Catalu?a
El ministro del Interior pide, a ra¨ªz del ataque a Llarena, que no se creen "alarmismos"
El Consejo General del Poder Judicial ha instado al Ministerio del Interior a planificar medidas de protecci¨®n adecuadas de los magistrados y jueces que prestan servicio en Catalu?a. As¨ª lo ha acordado este jueves la comisi¨®n permanente del Consejo a ra¨ªz del ataque con pintura amarilla perpetrado por la organizaci¨®n Arran en la madrugada del mi¨¦rcoles en la casa de Pablo Llarena, el instructor de la causa que sentar¨¢ en el banquillo del Tribunal Supremo a 18 l¨ªderes independentistas.
Llarena y su esposa, la tambi¨¦n magistrada Gema Espinosa, ya cuentan desde hace meses con un dispositivo de seguridad tras sufrir varios escraches en su domicilio y en restaurantes. Se trata de lo que Interior llama seguridad ¡°din¨¢mica¡±, es decir, escolta que les acompa?a en sus desplazamientos. Las pintadas de este mi¨¦rcoles se produjeron en la casa que el magistrado y su mujer tienen en Sant Cugat del Vall¨¨s (Barcelona). El matrimonio no se encontraba en esa casa, pero s¨ª uno de sus hijos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha referido a estos hechos en un desayuno informativo este jueves y ha explicado su departamento revisar¨¢ los protocolos de seguridad de Llarena, aunque no ha detectado que fallaran. El ministro, adem¨¢s, ha pedido que no se cree ¡°alarmismo¡±.
Sin embargo, la comisi¨®n permanente del CGPJ, ¨®rgano al que Marlaska pertenec¨ªa hasta que se incorpor¨® al Gobierno en junio pasado, ha aprobado por unanimidad una declaraci¨®n de apoyo a Llarena y Espinosa en la que muestran su ¡°m¨¢s absoluto rechazo¡± al ataque e insta a las ¡°autoridades competentes en materia de seguridad¡±, en referencia a Interior, a que adopte medidas de protecci¨®n "adecuadas y efectivas¡± no solo contra el instructor de la causa del proc¨¦s y esposa, sino contra ¡°todos los jueces y magistrados que prestan servicio en Catalu?a¡±.
El Poder Judicial insta tambi¨¦n a la Fiscal¨ªa General del Estado, al Ministerio del Interior y al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalu?a para que ¡°de inmediato adopten todas las medidas para la persecuci¨®n de las personas y grupos que han participado en esos hechos delictivos¡±.
En su resoluci¨®n, adem¨¢s de expresar su rechazo al ataque perpetrado por Arran, organizaci¨®n juvenil vinculada a la CUP, el ¨®rgano de gobierno de los jueces condena ¡°las expresiones de apoyo¡± a esos hechos y ¡°a quienes la est¨¢n alentando¡±. Asimismo, muestra ¡°su m¨¢s absoluto rechazo a toda conducta de intimidaci¨®n que pretenda dirigirse¡± contra los jueces que prestan servicio en Catalu?a y manifiesta su ¡°aliento y compromiso¡± con este colectivo por la labor ¡°constante, callada y meritoria¡± que realizan cada d¨ªa.
En marzo pasado, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,?envi¨® a Catalu?a a una veintena de agentes de la Unidad Central de Protecci¨®n para reforzar la protecci¨®n de jueces y pol¨ªticos tras el aumento de la tensi¨®n por la detenci¨®n en Alemania de Carles Puigdemont. Los polic¨ªas fueron desplazados desde Madrid para escoltar a cargos de Ciudadanos, el PP y el PSC, y se sumaron a los que ya proteg¨ªan al juez Llarena cuando viaja a Catalu?a. Tambi¨¦n se increment¨® la seguridad del juez de Barcelona Juan Antonio Ram¨ªrez Sunyer, instructor de otro de los sumarios contra el proc¨¦s y fallecido el pasado 4 de noviembre. Seg¨²n fuentes policiales, ya no hay en Catalu?a polic¨ªas desplazados desde Madrid para proteger a jueces. En la actualidad,?son aproximadamente 200 agentes ¡ªen su mayor¨ªa, agentes mossos d¡¯Esquadra¡ª los que prestan este tipo de servicio de seguridad de manera habitual en la comunidad aut¨®noma.
Un protocolo para decidir qui¨¦n recibe protecci¨®n
No es la primera vez que surgen discrepancias entre los jueces y el Ministerio del Interior a cuenta de la protecci¨®n de los primeros. En 2012, el entonces ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz,?anunci¨® un recorte de las escoltas que afect¨® a jueces y fiscales, y que provoc¨® las protestas estos. Las asociaciones mayoritarias de ambos colectivos criticaron la decisi¨®n por considerarla "radicalmente inadecuada" y pidieron que se les mantuviera la protecci¨®n policial porque, aunque ya entonces ETA hab¨ªa dejado de atentar, consideraban que se manten¨ªa el riesgo del terrorismo islamista y la nueva amenaza del crimen organizado. Las quejas hicieron que el recorte no fuera tan acusado como Interior pretend¨ªa.
En la actualidad es una comisi¨®n dependiente de la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad la que valora?el grado de riesgo de sufrir un atentado que tiene una persona y decidir qu¨¦ tipo de protecci¨®n debe tener. Para ello, utiliza un protocolo titulado "Normas generales para la evaluaci¨®n del riesgo y asignaci¨®n de protecci¨®n de personalidades" que permite cuantificar el nivel de riesgo -extremo, alto, medio o bajo- y, de este modo, qu¨¦ tipo protecci¨®n es necesaria: din¨¢mica, est¨¢tica o contravigilancias. En ese estudio se analiza desde el?tipo de amenaza y la credibilidad de la misma hasta la motivaci¨®n de la misma. Estos an¨¢lisis de riesgo son revisados, al menos, una vez cada seis meses. La comisi¨®n tiene tambi¨¦n la?capacidad para retirar el servicio de protecci¨®n si la persona protegida hace un uso inadecuado del mismo.
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