Espa?a deber¨¢ indemnizar a un okupa condenado por calificar de ¡°tortura¡± una acci¨®n policial

Espa?a deber¨¢ indemnizar con algo m¨¢s de 8.000 euros al okupa Agust¨ªn Toranzo por haberlo condenado por difamaci¨®n despu¨¦s de que este calificara como ¡°tortura¡± policial la forma en que fue desalojado en 2007 por la fuerza del Centro Social de Casas Viejas de Sevilla. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consider¨® que, con la multa por difamaci¨®n impuesta a Toranzo, se vulner¨® el derecho a la libertad de expresi¨®n del activista porque ¡°el castigo carec¨ªa de la justificaci¨®n apropiada¡± y, con su imposici¨®n, no se realiz¨® un ¡°equilibrio justo entre todos los derechos e intereses legales¡±.

Toranzo es uno de los dos activistas que en 2007 se ataron a unos tubos en un t¨²nel subterr¨¢neo del popular centro social okupado en la capital andaluza. La polic¨ªa lo sac¨® por la fuerza y, seg¨²n dijo el activista en su momento, dos agentes le sometieron a ¡°tortura¡± para desalojarlo. Es precisamente el t¨¦rmino ¡°tortura¡± sobre el que gira el caso. Un tribunal de Sevilla lo conden¨® en 2011 por difamaci¨®n y le impuso una multa de diez euros diarios durante 20 meses y una indemnizaci¨®n de 1.200 euros a los dos polic¨ªas. La Audiencia Provincial redujo despu¨¦s la multa a 10 euros diarios durante 12 meses, aunque confirm¨® los t¨¦rminos de la condena, recuerda Efe.

Frente al criterio de los tribunales espa?oles, que consideraron que calificar de tortura las acciones de los agentes constitu¨ªa una calumnia, Estrasburgo se?ala que las declaraciones de Toranzo fueron realizadas ¡°de buena fe, como parte de un debate de inter¨¦s p¨²blico¡±, es decir, sobre la acci¨®n de la polic¨ªa en tanto que autoridad p¨²blica. En este contexto, agrega el TEDH, el t¨¦rmino ¡°tortura¡± fue utilizado ¡°como un juicio de valor¡± y que lo hizo ¡°en un sentido coloquial para describir un uso excesivo de la fuerza y criticar los m¨¦todos utilizados por la polic¨ªa y los bomberos en el caso¡±.

Por lo tanto, concluyen los jueces europeos, la ¡°severidad¡± de la pena impuesta por los tribunales espa?oles, especialmente la amenaza de prisi¨®n si no pagaba la multa, pudo tener un ¡°efecto paralizador¡± en su libertad de expresi¨®n al desalentarle a criticar las acciones de agentes p¨²blicos. Esta interferencia de la sentencia con los derechos de Toranzo ¡°no eran necesarios en una sociedad democr¨¢tica¡±, agregan los jueces, que determinan que por lo tanto s¨ª hubo una violaci¨®n del Art¨ªculo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad de expresi¨®n. Por ello, Estrasburgo ordena a Espa?a indemnizar al activista con 1.200 euros por da?os pecuniarios, 4.000 m¨¢s en da?os no pecuniarios y 3.025 euros en materia de costos del proceso.