Disfrazados de ancianos para cobrar pensiones

Nueve de los sospechosos han sido detenidos en el marco de la Operaci¨®n Libitina II, que ha destapado 53 delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y apropiaci¨®n indebida en 10 comunidades aut¨®nomas. Los agentes calculan que se trata de un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas.

La mayor¨ªa de los supuestos implicados son familiares de los difuntos, pero tambi¨¦n se han identificado casos de amigos o compa?eros de vivienda. Para hacerse con el dinero ocultaban el ¨®bito a la Administraci¨®n y llegaban a falsificar el certificado de fe de vida y la firma del difunto para realizar reintegros en efectivo.

La investigaci¨®n comenz¨® tras varias denuncias y, con el tiempo, los agentes localizaron personas sospechosas de las mismas pr¨¢cticas en 17 provincias (A Coru?a, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, C¨¢diz, Las Palmas, Madrid, M¨¢laga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Bizkaia). La polic¨ªa explica que por lo general los investigados, al verse descubiertos, se escudaron en que ignoraban que estaban recibiendo esos cobros (pese a que gastaban el dinero) o que los acuciaban las necesidades econ¨®micas. Otros se aferraban a que si el banco solventaba el fraude de los ¨²ltimos cuatro a?os, pod¨ªa quedarse con todo lo cobrado anteriormente.

Supuestamente, los investigados tambi¨¦n usurpaban la identidad de sus familiares, usaban sus tarjetas bancarias y hasta contaban que el muerto viv¨ªa en el extranjero. En Albacete el empleado de un banco donde se encontraba la cuenta de un fallecido cobr¨® presuntamente casi 10.000 euros realizando a lo largo del tiempo discretas retiradas de dinero. En Madrid, la compa?era de piso de una pensionista originaria de Ucrania, fallecida en 2010, se hizo seg¨²n la polic¨ªa con 91.926 euros en seis a?os. El caso de M¨¢laga es el m¨¢s llamativo, no por la cuant¨ªa (129.200 euros) porque las ha habido mucho mayores, sino por su duraci¨®n en el tiempo (19 a?os) y ese modus operandi para el cobro en el que varios familiares estaban supuestamente confabulados.

El pensionista suplantado hab¨ªa perecido en 1999, y las prestaciones siguieron siendo abonadas por el Estado hasta 2017. El estudio de la informaci¨®n bancaria destap¨® varios traspasos posteriores al fallecimiento y la polic¨ªa identific¨® a varios familiares como supuestos responsables de las maniobras. "Los investigados aprovechaban que uno de ellos contaba con caracter¨ªsticas f¨ªsicas parecidas al fallecido para hacerse pasar por ¨¦l", explican los investigadores. La diferencia de edad, hasta los noventa y muchos que pod¨ªa tener al final el difunto, se salvaba presuntamente con un buen disfraz.

Los investigadores han elaborado informes patrimoniales de las personas supuestamente implicadas destinados a la Secretar¨ªa de Estado de la Seguridad Social. Seg¨²n informa la polic¨ªa nacional, este organismo puede ahora solicitar el embargo de bienes o derivar los casos a los juzgados. El equipo de la UDEV advierte, sin embargo, que estas pr¨¢cticas se est¨¢n volviendo cada vez m¨¢s dif¨ªciles en el pa¨ªs gracias a las nuevas tecnolog¨ªas que "permiten la interconexi¨®n telem¨¢tica entre Administraciones". De "forma peri¨®dica", explican, se realizan "controles de la fe de vida de los beneficiarios de prestaciones". "Estos avances hacen que muchas de las comprobaciones se lleven a cabo en tiempo real", con lo que se elimina el margen para el cobro il¨ªcito por parte de parientes.