Una Constituci¨®n abierta al futuro

La Constituci¨®n, como contrato social en el sentido de Rousseau, refleja las contradicciones y tensiones que lat¨ªan y seguir¨¢n latiendo en el futuro en nuestro pa¨ªs. Ello es un m¨¦rito de la misma ¨Cy no una imperfecci¨®n¨C al reflejar los compromisos y transacciones conseguidas, ya sea para solucionar conflictos entre posiciones e intereses contrapuestos, ya sea para sentar las bases para tal soluci¨®n en el futuro. Son innumerables los logros de nuestra Constituci¨®n de 1978, unos de fondo y otros simb¨®licos. Entre los primeros debe se?alarse la tabla de derechos fundamentales, la caracterizaci¨®n de Espa?a como Estado social y democr¨¢tico de Derecho o los valores superiores que proclama en su art¨ªculo primero.

Pero adem¨¢s conviene destacar dos logros relevantes, aunque su desarrollo y realizaci¨®n pr¨¢ctica dista de ser satisfactoria.

El primero es la articulaci¨®n de los derechos sociales con otros derechos como la propiedad y la libertad de empresa. El segundo, la descentralizaci¨®n territorial del Estado.

Los derechos sociales

La clave de b¨®veda del texto constitucional es la articulaci¨®n de los derechos sociales con otros como la propiedad y la libertad de empresa. La incorporaci¨®n de estos derechos trata de dar soluci¨®n a las tensiones que existen en nuestras sociedades, solo posible si tales derechos y su efectiva realizaci¨®n forman parte de la tarea de Gobierno, promoviendo las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y removiendo los obst¨¢culos que se opongan a ello. Esos derechos sociales, expresi¨®n del libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad de la persona, son tambi¨¦n fundamentos esenciales del orden pol¨ªtico y de la paz social. El capitalismo solo es socialmente aceptable vinculado con un Estado de bienestar potente. Tal es la clave esencial del pacto social que sostiene la Constituci¨®n.

El hecho es que nuestro Tribunal Constitucional ha relajado su poder de controlar al legislador

La insatisfacci¨®n con el desarrollo en los ¨²ltimos tiempos de los derechos sociales no tiene que ver con el hecho de que corresponda al legislador su concreci¨®n y alcance en funci¨®n de las posibilidades econ¨®micas y capacidades de cada momento. Tiene que ver con el hecho de que nuestro Tribunal Constitucional ha relajado su poder de controlar al legislador cuando ¨¦ste ha incumplido su obligaci¨®n de inspirarse en tales derechos al hacer las leyes. Tal cosa ha ocurrido especialmente durante el per¨ªodo de crisis econ¨®mica y en la manera de legitimar el Tribunal la marcha atr¨¢s sin motivaci¨®n suficiente en muchas conquistas sociales. Otros Tribunales como el portugu¨¦s han demostrado en los a?os de crisis c¨®mo es posible tomar en serio los derechos sociales.

Si no reconsidera el Tribunal su posici¨®n, se har¨¢ necesario alg¨²n d¨ªa llevar al propio texto constitucional la menci¨®n de los instrumentos jur¨ªdicos necesarios para que los derechos de que hablamos penetren la acci¨®n de los poderes p¨²blicos.

La descentralizaci¨®n territorial del poder

La descentralizaci¨®n territorial del poder es el segundo logro de nuestra Constituci¨®n, cuya plasmaci¨®n sin embargo es vista con recelo por una parte de la ciudadan¨ªa. Como es evidente, un cambio como la descentralizaci¨®n pol¨ªtica ha puesto de relieve algunas dificultades por exceso y por defecto. Las mismas deben corregirse para perfeccionar el modelo.

Las dudas que sobre ello ha provocado el intento de golpe de Estado en Catalu?a no pueden esgrimirse como raz¨®n para no reconocer que la descentralizaci¨®n pol¨ªtica en Espa?a ha sido un logro importante, porque es la soluci¨®n que mejor se acomoda a nuestra realidad cultural, social e hist¨®rica.

Lo acontecido en Catalu?a tendr¨¢ que tener respuesta adecuada para impedir que comportamientos y discursos supremacistas y totalitarios ignoren, silencien y persigan a la mayor parte de los ciudadanos de aquella Comunidad. Deber¨¢n corregirse los excesos y defectos en que se haya incurrido, pero los cambios que sea conveniente introducir no pueden tener como objetivo dar satisfacci¨®n al reto independentista, pues, entre otras cosas, ellos mismos aseguran estar en otra ¡°pantalla¡±.

Lo que haya de hacerse, siempre de acuerdo con la Constituci¨®n, se ha de hacer pensando en c¨®mo corregir los defectos que el sistema ha presentado. Eso tiene que ver, entre muchas otras cosas, con el Senado y con corregir excesos y defectos competenciales, adem¨¢s de con un sistema de financiaci¨®n m¨¢s justo y equilibrado.

Por ¨²ltimo y respecto a los logros simb¨®licos de la Constituci¨®n, el m¨¢s evidente es el de ser fruto del consenso entre todas las fuerzas y sectores en lugar de representar la imposici¨®n de una mayor¨ªa sobre una minor¨ªa como hab¨ªa venido ocurriendo en nuestra historia constitucional. Ese rasgo ¨²nico es el primer valor de la Constituci¨®n y de ah¨ª el inmenso apoyo que recibi¨® en el refer¨¦ndum del 6 de diciembre de 1978. Ese rasgo nos obliga a hacer una ¨²ltima reflexi¨®n que no tiene ya que ver con los logros de nuestra Constituci¨®n, sino con las condiciones y el ethos en que se gest¨® y que hizo posible su aprobaci¨®n y deber¨ªa concurrir siempre para su reforma.

Hoy hemos perdido esa predisposici¨®n y esa cultura que surgi¨® de modo casi espont¨¢neo durante su elaboraci¨®n, que determin¨® unos usos y pr¨¢cticas y la convicci¨®n compartida de que nuestra Carta Magna deb¨ªa conseguir una democracia que acogiese a todos y hecha por todos aunque fuese a costa de mutuas renuncias. Una Constituci¨®n que estableciera reglas, siempre modificables si hubiera consenso suficiente para ello, que sirviesen no ya para una generaci¨®n, sino para el futuro.

Para conseguir ese objetivo fundamental se asumi¨® la idea de la transacci¨®n y los acuerdos de m¨ªnimos en algunos temas y, en los dem¨¢s, la entrega al futuro debate pol¨ªtico y plural. Hoy se desprecia la transacci¨®n y el acuerdo bajo el eufemismo de la coherencia y la firmeza en que podr¨ªan anidar, en algunas ocasiones, el fanatismo, cuando no el oportunismo.

Ese ethos est¨¢ desapareciendo. Tal vez porque, establecida ya la democracia, se la da por supuesto y solo se atiende a la conveniencia inmediata de cada partido con la vista puesta en la pr¨®xima elecci¨®n y no en las necesidades prioritarias sobre algunas cuestiones esenciales de inter¨¦s com¨²n. Si ante esas cuestiones se pierde de vista el inter¨¦s prioritario la democracia se marchita.

Los enemigos de la democracia, aun sin percatarse ellos mismos de que podr¨ªan serlo, empiezan siempre desde dentro (los enemigos ¨ªntimos, dec¨ªa Todorov), pues pueden ser los dem¨®cratas quienes, olvid¨¢ndose de las luces largas adecuadas para asuntos esenciales, acaben franqueando el paso, sin quererlo, a los enemigos directos de aquella. Conviene ser conscientes de ello para que nuestra Constituci¨®n siga estando abierta al futuro.

Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo es catedr¨¢tico em¨¦rito de Derecho Administrativo. Expresidente del Consejo de Estado.