Vulneraci¨®n del secreto profesional

Los medios de comunicaci¨®n han informado de la preocupante noticia de que un juez de instrucci¨®n de Palma de Mallorca ha ordenado requisar los tel¨¦fonos m¨®viles y ordenadores de dos periodistas, para lo que fue enviada la polic¨ªa a las sedes de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca.

La preocupaci¨®n es a¨²n mayor al conocerse que la resoluci¨®n contaba con el aval de la fiscal¨ªa. En nuestra opini¨®n, esta resoluci¨®n judicial es totalmente ilegal porque vulnera de forma flagrante el secreto profesional de los periodistas, reconocido en el art¨ªculo 20.1.d de la Constituci¨®n, que si bien establece que la ley regular¨¢ el derecho a la cl¨¢usula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades, este derecho y obligaci¨®n de los periodistas ha sido ampliamente reconocido por los tribunales nacionales y europeos. As¨ª, el Tribunal Constitucional espa?ol reconoce la posici¨®n especial que en nuestro ordenamiento jur¨ªdico ocupa la libertad de informaci¨®n, puesto que a trav¨¦s de este derecho no solo se protege un inter¨¦s individual sino que su tutela entra?a el reconocimiento y garant¨ªa de la posibilidad de existencia de una opini¨®n p¨²blica libre, indisolublemente unida al pluralismo pol¨ªtico propio del Estado democr¨¢tico.

El Tribunal Constitucional tambi¨¦n ha declarado que la exigencia de veracidad nunca est¨¢ relacionada con la leg¨ªtima obtenci¨®n de la informaci¨®n, ni por tanto con el secreto de las diligencias sumariales, dado que lo contrario supondr¨ªa introducir una limitaci¨®n no prevista constitucionalmente al derecho a difundir informaci¨®n veraz.

Por su parte, el C¨®digo Deontol¨®gico de la Federaci¨®n de Asociaciones de la Prensa de Espa?a (FAPE) tiene reconocido que el secreto profesional es un derecho del periodista, a la vez que un deber que garantiza la confidencialidad de las fuentes de informaci¨®n. Por tanto, el periodista garantizar¨¢ el derecho de sus fuentes informativas a permanecer en el anonimato si as¨ª se le ha sido solicitado.

El pretexto de la investigaci¨®n judicial de un delito no puede servir de excusa para cercenar un derecho constitucional. Los periodistas no solo tienen el derecho a no revelar sus fuentes sino que, adem¨¢s, est¨¢n obligados a ello, y de ninguna manera una resoluci¨®n judicial puede obligar a un periodista a incumplir el deber de mantener el secreto profesional, y mucho menos a¨²n requisando un tel¨¦fono m¨®vil o un ordenador, que pueden contener otras informaciones sensibles y que afectan a la privacidad de terceros o a la suya propia. Por tanto, esta resoluci¨®n judicial no solo vulnera el derecho constitucional al secreto profesional sino tambi¨¦n el derecho a la intimidad de los periodistas al requisar herramientas de trabajo y personales que, precisamente, por la especialidad de su profesi¨®n, pueden contener informaci¨®n sensible y privada de personas no afectadas por el caso investigado.