Nuevo varapalo del Constitucional a Rajoy por impedir debates en las Cortes
El tribunal afirma que se "vulner¨®" el derecho de los diputados de la oposici¨®n
Mariano Rajoy ha recibido otro varapalo del Tribunal Constitucional. Tras considerar el pasado noviembre que el expresidente del PP incumpli¨® la ley al gobernar diez meses sin control parlamentario, los magistrados del tribunal de garant¨ªas concluyen ahora que tambi¨¦n se ¡°vulner¨®¡± el derecho de los diputados con el veto que ejerci¨® el Gobierno para impedir en el Congreso un debate sobre una proposici¨®n de ley del PSOE referida a pensiones no contributivas.
Seg¨²n el alto tribunal, que ha aceptado el recurso de amparo presentado por los socialistas, se contravinieron los art¨ªculos 23.2 y 23.1 de la Constituci¨®n. "Se ha vulnerado el derecho [de los parlamentarios] a ejercer las funciones representativas" y "el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos p¨²blicos a trav¨¦s de sus representantes", destaca la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC), fechada este 17 de diciembre y donde se repasa tambi¨¦n la actuaci¨®n de la Mesa del Congreso, controlada por los partidos, en este conflicto. Seg¨²n los magistrados, este ¨®rgano acept¨® el veto del Gobierno de Rajoy a celebrar el debate pese a que carec¨ªa de fundamento.
El Ejecutivo solo puede ejercer la facultad de veto cuando las propuestas incidan directamente en el Presupuesto. Y, para hacerlo, debe motivar "expresamente tal incidencia, precisando las concretas partidas presupuestarias que se ver¨ªan afectadas", subraya el tribunal de garant¨ªas. Pero los magistrados destacan que, en el caso recurrido por los socialistas, el Gobierno no cumpli¨® con este requisito y se limit¨® a presentar una argumentaci¨®n donde "la causalidad entre la aprobaci¨®n de la proposici¨®n de ley y su impacto presupuestario est¨¢ fundada en un mero juicio hipot¨¦tico".
"Es una mera posibilidad o conjetura", inciden los magistrados de la Sala Primera, que dan la raz¨®n al PSOE y aceptan la l¨ªnea defendida tambi¨¦n por la Fiscal¨ªa, que solicit¨® aceptar el recurso de amparo al considerar que se hab¨ªan vulnerado los derechos de los diputados. "Las proposiciones de Ley promovidas por los Grupos Parlamentarios no solo son una forma ¡ªsin duda, la m¨¢s se?alada y expresiva¡ª de participaci¨®n de los parlamentarios en la potestad legislativa de las C¨¢maras. Son tambi¨¦n un cauce instrumental al servicio de la funci¨®n representativa caracter¨ªstica de todo Parlamento", recuerda el Constitucional en su sentencia.
El origen de esta resoluci¨®n del TC radica en una residencia de ancianos de Matamala de Almaz¨¢n, un municipio soriano de apenas 400 habitantes. Hasta all¨ª hab¨ªan decidido irse a vivir juntas las hermanas Encarna y Julia Garijo, de 94 y 83 a?os. Pero la Junta de Castilla y Le¨®n envi¨® a la mayor una carta donde le notificaba que no pod¨ªa seguir compartiendo domicilio con la menor si quer¨ªa seguir recibiendo su pensi¨®n no contributiva de 380 euros mensuales, ya la que la Ley de la Seguridad Social contemplaba que dos personas de una misma unidad familiar que conviven en el mismo domicilio no pueden cobrar, entre las dos, m¨¢s de 8.900 euros anuales de pensi¨®n.
Esta misiva supuso que Julia Garijo dejase a su hermana y volviera a vivir sola a un piso que ten¨ªa en Madrid ¡ªdonde muri¨® en enero de este a?o¡ª. Ante tal situaci¨®n, los socialistas decidieron entonces llevar al Congreso una proposici¨®n de ley para que la convivencia en residencias de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad no se considerase una "unidad econ¨®mica" y, por tanto, los afectados no tuvieran que renunciar a la prestaci¨®n que reciben. Pero el PP rechaz¨® la iniciativa, impidi¨® el debate a trav¨¦s de la Mesa y afirm¨® que esta medida implicaba "un aumento de los cr¨¦ditos presupuestarios".
"Este veto demuestra la utilizaci¨®n carente de proporcionalidad y razonabilidad que est¨¢ haciendo el Ejecutivo de una facultad que la Constituci¨®n contempla para evitar que se desequilibre el presupuesto en vigor, pero no para impedir arbitrariamente la facultad de iniciativa legislativa de las Cortes", protest¨® el PSOE al Gobierno de Mariano Rajoy, que convirti¨® esta f¨®rmula en un instrumento al que recurr¨ªa habitualmente.
Acuerdos anulados
Los magistrados del Constitucional concluyen ahora que ese veto se ejerci¨® sin "verificar adecuadamente" si esa medida implicaba un "impacto real y efectivo" sobre el presupuesto. Por ello, no solo consideran que se vulner¨® el derecho de los diputados, sino que tambi¨¦n anulan los acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso y "ordena retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior al de su resoluci¨®n para que la Mesa dicte un nuevo acuerdo sobre la solicitud presentada".
Esta resoluci¨®n implica un nuevo varapalo a la actividad del Gobierno de Rajoy en la C¨¢mara Baja, que ya sufri¨® un duro golpe del Constitucional el pasado noviembre, cuando los magistrados consideraron que el Ejecutivo popular hab¨ªa vulnerado la ley al no someterse al control de las Cortes durante los m¨¢s de diez meses en los que estuvo en funciones, desde que se convocaron las elecciones de 2015 hasta que el dirigente conservador volvi¨® a ser investido en octubre de 2016. Los ministros del PP se negaban reiteradamente a acudir al Congreso.
Un instrumento recurrente del Ejecutivo del PP
Tras perder la mayor¨ªa absoluta, el Gobierno de Rajoy convirti¨® los vetos en una f¨®rmula recurrente para impedir las iniciativas legislativas de la oposici¨®n. Lo us¨® m¨¢s de medio centenar de veces. Una actitud que provoc¨® el rechazo del resto de partidos. Unidos Podemos ha presentado una reforma del Reglamento de la C¨¢mara para poner fin a ese "abuso", ya que el Ejecutivo del PP afirmaba que no se pod¨ªa limitar su capacidad, y que la Mesa tenga la potestad ¨²ltima de hacer caso omiso al veto si "considerase que la disconformidad del Gobierno no estuviese suficientemente motivada y que su admisi¨®n pudiera suponer una eventual violaci¨®n de los derechos fundamentales o de la capacidad legislativa que asisten a los parlamentarios". Pero eso no le gusta al PP de Pablo Casado, que tras los varapalos del alto tribunal, ya ha asumido que solo cabe usar el veto ante desviaciones del Presupuestos vigente, pero ha presentado una enmienda a la propuesta de Podemos para que la capacidad de la Mesa sea limitada y solo pueda rechazarlo cuando no se concrete c¨®mo afecta a los presupuestos.
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