Una mala chapuza

Cuando se rehabilita un edificio antiguo, en un pa¨ªs civilizado, se suele acudir a un arquitecto, un profesional, para que analice y corrija los efectos y los defectos estructurales que puede tener una construcci¨®n, para que arreglar una cubierta o reemplazar una viga no ponga en riesgo de hundimiento el edificio.

Cuando se modifica un precepto de una ley, una ley de 1882, m¨¢s antigua que la mayor¨ªa de los edificios de una ciudad, a ese legislador se le olvid¨® llamar a un buen arquitecto. Sin duda reclam¨® la ayuda de profesionales del ramo, supongo que de fontaneros y electricistas, puede que excelentes aut¨®nomos, pero en un curioso descuido, ocupado como estaba en cuestiones de limpieza dom¨¦stica, se olvid¨® de lo fundamental, el motivo de que existan las leyes y la instrucci¨®n, la investigaci¨®n penal.

El sistema de plazos de la ley de enjuiciamiento criminal puede verse como un ¡°bienintencionado¡± intento de acortar los plazos de instrucci¨®n. Tan lleno de buenas intenciones que ha puesto de acuerdo a todas las asociaciones de jueces y fiscales, que coinciden en que lo mejor que se puede hacer con ¨¦l es tirarlo a la basura, entre los residuos de construcci¨®n y demolici¨®n, y empezar de nuevo a edificar, ahora s¨ª, una ley de enjuiciamiento criminal moderna y acorde con los tiempos y los desaf¨ªos actuales.

En la actual legislatura los grupos parlamentarios socialista, Ciudadanos y confederal de Unidos Podemos han presentado sendas proposiciones de ley para la reforma o derogaci¨®n de los plazos tasados de instrucci¨®n. Es m¨¢s, el actual presidente del Partido Popular asumi¨® en una reciente reuni¨®n con los representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales su compromiso de derogar el art¨ªculo 324 de la LECrim (ahora lo enmascara en una reforma global, pero no pide su derogaci¨®n inmediata). Sin embargo, lo cierto es que hasta la fecha dos grupos parlamentarios ¡ªpopular y Ciudadanos¡ª han ampliado hasta en 56 ocasiones el plazo de enmiendas de la proposici¨®n de ley que pende en el Congreso y, por consiguiente, sigue inc¨®lume el inequ¨ªvoco riesgo de impunidad que el precepto arrastra consigo.

Ahora es la noticia sobre un caso de corrupci¨®n pol¨ªtica en Murcia, ma?ana ser¨¢ un asunto de violencia de g¨¦nero, pasado una estafa o una violaci¨®n. Habr¨¢ transcurrido un plazo procesal no previsto como causa de extinci¨®n de la responsabilidad mucho antes de que el delito prescriba y nosotros, los juristas, y sobre todo la sociedad, a la que cada vez le cuesta m¨¢s creer en todo esto, nos preguntaremos con acierto c¨®mo hemos podido llegar hasta aqu¨ª, como habi¨¦ndolo anunciado, denunciado y constatado, nadie ha hecho nada para evitar que ese corrupto, ese maltratador, ese estafador o violador no sea sometido a la justicia como todos. Y que nadie haya hecho nada, salvo lanzar fuegos de artificio para remediarlo.

A veces, un edificio ruinoso se puede rehabilitar, otras veces, una mala chapuza solo sirve para acabar de derruirlo, pero mientras tanto muchos se aprovechan, lo expolian, lo utilizan como refugio marginal o lo degradan. Cuesta pensar que con los buenos arquitectos que tiene este pa¨ªs la chapuza sea casual, el edificio siga en ruinas y el art¨ªculo 324 en vigor.

?lvaro Garc¨ªa Ortiz es vocal de la Uni¨®n Progresista de Fiscales en el Consejo Fiscal.