El Defensor del Pueblo investiga el experimento con presos violentos

El Defensor ha decidido iniciar la investigaci¨®n de oficio, al no haber recibido hasta ahora ninguna denuncia. Para ello esgrime que la condici¨®n de ¡°personas bajo custodia¡± de los reclusos de los Centros Penitenciarios de Huelva y C¨®rdoba que participaron en el experimento ¡°elimina cualquier voluntariedad en su decisi¨®n de hacerlo¡±, se?alan fuentes de la instituci¨®n. Como primer paso Fern¨¢ndez Marug¨¢n recabar¨¢ de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias informaci¨®n sobre el estudio. ¡°El Defensor del Pueblo se toma este asunto muy en serio pero no quiere prejuzgar hasta que no tenga toda la informaci¨®n en la seguridad de que Instituciones Penitenciarias actuar¨¢ con toda pulcritud¡±, a?aden fuentes del Defensor.

El estudio, que se realiz¨® entre 2016 y 2017, consiste en suministrar una leve corriente de 1,5 miliamperios en la frente de los reclusos y evaluar, antes y despu¨¦s, sentimientos como la hostilidad y la rabia mediante un cuestionario de 40 preguntas en el que los presos deb¨ªan responder si son falsas o verdaderas afirmaciones como ¡°si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona¡± o ¡°algunas veces me siento como un barril de p¨®lvora a punto de estallar¡±.

Entonces, Interior exigi¨® a los autores que cumplieran con la Ley de Protecci¨®n de Datos para preservar el anonimato de los presos, que la participaci¨®n de estos fuera voluntaria y que, adem¨¢s, hicieran un consentimiento por escrito. Tambi¨¦n reclam¨® a los cient¨ªficos que enviaran una copia del informe con los resultados. Ninguno de los 41 presos recibi¨® nada a cambio.

Los resultados del estudio mostraron ca¨ªdas de hasta un 37% en sentimientos como la agresividad f¨ªsica, seg¨²n anunciaron recientemente sus autores. El experimento est¨¢ coordinado por los psic¨®logos Andr¨¦s Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Aut¨®noma de Baja California, en M¨¦xico.

Prisiones hab¨ªa aprobado el pasado 22 de enero una segunda fase del estudio, que se iba a iniciar este mes en la prisi¨®n de Huelva. Sin embargo, al trascender el pasado jueves los detalles del experimento, Interior decidi¨® ¡°paralizar cautelarmente¡± la autorizaci¨®n y solicitar a la Subdirecci¨®n General de Sanidad Penitenciaria un informe sobre los posibles efectos en los internos que participaran. El art¨ªculo 211 del R¨¦gimen Penitenciario exige que para someter a los reclusos a investigaciones m¨¦dicas, estas deben ser aprobadas por una comisi¨®n ¨¦tica y permitir ¡°esperar un beneficio directo y significativo¡± para la salud de interno ¡°y con id¨¦nticas garant¨ªas que las personas en libertad¡±.