Cerco judicial a la ¡®brigada pol¨ªtica¡¯

En abril de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata dio el primer paso para destapar las actividades presuntamente irregulares de la llamada polic¨ªa patri¨®tica, un grupo de agentes que durante la primera legislatura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno hab¨ªa actuado supuestamente contra rivales pol¨ªticos del PP.

M¨¢s informaci¨®n

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Un comisario vuelve a se?alar al jefe de la Polic¨ªa del PP por la entrega de datos confidenciales a Villarejo

El magistrado se limit¨® entonces a dictar un auto dentro del caso Pujol en el que instaba a los juzgados ordinarios de Madrid a investigar al se?alado como uno de los responsables del grupo policial, el comisario Eugenio Pino ¡ªantiguo n¨²mero dos de la polic¨ªa, que entonces ya se hab¨ªa jubilado¡ª y a uno de sus subordinados, el inspector jefe Bonifacio D¨ªez Sevillano. Ambos eran sospechosos de intentar incorporar al sumario sobre el enriquecimiento del clan del expresidente de la Generalitat un pendrive con m¨¢s de 869 documentos sobre Jordi Pujol Ferrusola sin acreditar su origen. El juez consider¨® que la actuaci¨®n de ambos agentes pod¨ªa ser delictiva, pero que la Audiencia Nacional no era competente para investigarla.

Aquel primer paso del juez De la Mata ha sido seguido en estos dos a?os por otros magistrados, entre ellos el del Juzgado de Instrucci¨®n 11 de Madrid, Juan Javier P¨¦rez, en el que recay¨®, precisamente, la causa del pendrive de los Pujol. A lo largo de m¨¢s de un a?o, este magistrado tom¨® declaraci¨®n como imputados a los dos agentes y a un tercero ¡ªsobre el que finalmente sobresey¨® la causa¡ª. Tambi¨¦n llam¨® como testigos a otros mandos, entre ellos el comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo, hoy encarcelado, y el que fuera responsable de Asuntos Internos, el tambi¨¦n comisario Marcelino Mart¨ªn-Blas.

En el auto por el que el pasado noviembre transform¨® las diligencias en procedimiento abreviado ¡ªpaso previo a la apertura de juicio oral¡ª el juez conclu¨ªa que Pino y su subordinado se concertaron ¡°para aportar al procedimiento judicial por medio de la UDEF un pendrive conteniendo informaci¨®n previamente sustra¨ªda a Jordi Pujol Ferrusola¡±. Por todo ello, los acusaba de fraude procesal, falso testimonio y revelaci¨®n de secreto.

Grabaci¨®n ilegal

Tambi¨¦n cerca ya del banquillo de los acusados est¨¢ Villarejo, el integrante m¨¢s c¨¦lebre de la polic¨ªa patri¨®tica. En este caso, por el proceso del Peque?o Nicol¨¢s. El pasado febrero, la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid pidi¨® cuatro a?os de prisi¨®n para ¨¦l como autor de un delito de revelaci¨®n de secretos por la grabaci¨®n ilegal de una reuni¨®n entre polic¨ªas y agentes del CNI que investigaban al presunto estafador. La grabaci¨®n, realizada el 20 de octubre de 2014, fue posteriormente publicada por varios medios.

A finales del a?o pasado, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ¡ªque hasta el pasado 31 de diciembre fue magistrado de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucci¨®n 6 y, por tanto, dirig¨ªa la investigaci¨®n del caso Villarejo¡ª ya hab¨ªa iniciado pesquisas por la llamada Operaci¨®n Kitchen, el espionaje entre 2013 y 2014 al extesorero del PP Luis B¨¢rcenas y su entorno familiar sin ning¨²n control judicial para supuestamente arrebatarle documentos comprometedores para los populares. De Egea investiga desde entonces el supuesto desv¨ªo de fondos reservados para pagar, entre otros, al ch¨®fer de B¨¢rcenas, Sergio R¨ªos, por su labor de confidente. En esta pieza del sumario, que permanece secreta, ya est¨¢n imputados los principales integrantes de la brigada patri¨®tica. Por la Audiencia Nacional han pasado a declarar el comisario Pino, el propio Villarejo y los tambi¨¦n comisarios Enrique Garc¨ªa Casta?o, Andr¨¦s G¨®mez Gordo y Marcelino Mart¨ªn-Blas.?

Tambi¨¦n han sido imputados los inspectores jefe Jos¨¦ ?ngel Fuentes Gago y Bonifacio D¨ªaz Sevillano ¡ªambos destinados en la Direcci¨®n Adjunta Operativa (DAO) que dirig¨ªa el comisario Pino¡ª y el propio Sergio R¨ªos, quien tras dejar de ser el conductor de B¨¢rcenas ingres¨® en la polic¨ªa. En total, en la llamada Operaci¨®n T¨¢ndem, en la que se investigan las actividades supuestamente irregulares de Villarejo, hay imputados 15 agentes de la Polic¨ªa Nacional, seis de ellos comisarios.

La apertura, ahora, de la investigaci¨®n sobre el supuesto espionaje al l¨ªder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha convertido en un nuevo frente judicial para la polic¨ªa patri¨®tica. Por el momento, el comisario Villarejo ya ha declarado ante el juez que ahora instruye la causa, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n. Este jueves, el comisario jubilado, encarcelado desde su detenci¨®n, en noviembre de 2017, ha admitido que ten¨ªa en su poder el contenido de un tel¨¦fono m¨®vil de una colaboradora del l¨ªder de Podemos. Tambi¨¦n que su labor de espionaje sobre Iglesias formaba parte de una ¡°investigaci¨®n policial¡±. Fuentes jur¨ªdicas apuntan a que en los pr¨®ximos d¨ªas ser¨¢n citados a declarar como imputados m¨¢s integrantes de la brigada patri¨®tica despu¨¦s de que Villarejo apuntase a que la informaci¨®n que recab¨® en sus pesquisas sobre Iglesias la ¡°vehiculiz¨® en el ¨¢mbito policial¡±.

Sumarios en peligro

El rastro judicial de este pol¨¦mico grupo de agentes no se reduce, sin embargo, a la imputaci¨®n de sus miembros. Al menos cuatro sumarios han estado en peligro por sus actividades. Adem¨¢s del caso Pujol ¡ªel que oblig¨® al juez De la Mata a enviar sus sospechas sobre el pendrive fantasma a un juzgado de Madrid¡ª y el del Peque?o Nicol¨¢s, tambi¨¦n se ha visto salpicado el sumario abierto en un juzgado de Estepona por la compra de un ¨¢tico por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonz¨¢lez.

En 2012, esta investigaci¨®n ya fue entorpecida por el entonces ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, quien orden¨® dar carpetazo a la operaci¨®n policial que se hab¨ªa iniciado solo 46 d¨ªas antes. Una vez reabierta, Villarejo irrumpi¨® con una grabaci¨®n y varias ¡°notas internas¡± que implicaban al expresidente madrile?o. La presencia como testigo del comisario ha servido de excusa a Gonz¨¢lez para pedir en dos ocasiones el archivo de la causa por considerar que est¨¢ contaminada.

A estos casos se suman el de las supuestas amenazas denunciadas en un juzgado de Andorra por Higini Cierco, accionista mayoritario de Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), y que salpica al sumario que se instruye en el Juzgado de Instrucci¨®n 38 de Madrid por el presunto blanqueo de capitales en el Banco de Madrid, filial del BPA. Cierco asegur¨® que en 2014 el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Mart¨ªn Blas, le exigi¨® los datos bancarios de los Pujol bajo la amenaza de acabar con su banco. El banquero esgrimi¨® como prueba de estas maniobras unos documentos que Villarejo ha reconocido como suyos y veraces. La Audiencia Provincial de Madrid debe decidir en breve si, como ha planteado el juez instructor, da carpetazo a la causa.