La Fiscal¨ªa carga contra la reforma de Rajoy que provoc¨® el archivo de la causa contra el expresidente de Murcia
Un informe considera que ha da?ado la imagen del ministerio p¨²blico y ha generado "inseguridad jur¨ªdica"
La Fiscal¨ªa General del Estado (FGE) no ahorra ya cr¨ªticas a la reforma que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy del art¨ªculo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Impulsado cuando el PP se encontraba asediado por los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n, con ella se limit¨® los plazos de las instrucciones judiciales. En un informe interno de 15 p¨¢ginas elaborado en 2019, al que ha tenido acceso EL PA?S, el ministerio p¨²blico concluye que esta modificaci¨®n legal "ha generado una notable inseguridad jur¨ªdica" y "ha provocado notorios problemas en su aplicaci¨®n pr¨¢ctica".
La reforma tampoco "ha sido eficaz ni eficiente desde la perspectiva de la finalidad pretendida", a?ade el escrito del departamento encabezado por Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra. "No ha supuesto un avance real y efectivo en la deseable celeridad del proceso penal", subraya la FGE, que recuerda que este era el argumento esgrimido por el anterior Ejecutivo. "Los plazos medios no se han reducido significativamente, pasando de los 905 d¨ªas en 2016 a los 825 en 2018", contin¨²a el ministerio p¨²blico, antes de incorporar otro matiz a esas cifras: "Estas reducciones temporales no necesariamente est¨¢n vinculados ¡ªo, al menos, de forma exclusiva¡ª a la nueva regulaci¨®n. Sino que han podido contribuir otros factores: como el sistema de notificaciones telem¨¢ticas".
M¨¢s burocracia
Segarra ya anunci¨® durante su primera intervenci¨®n en el Congreso que instar¨ªa a las instituciones a derogar esta reforma del PP. Una iniciativa que tambi¨¦n respaldan las asociaciones de jueces y fiscales. Los socialistas tambi¨¦n aseguran que han querido acabar con ella en esta legislatura, pero el Ministerio de Justicia ha denunciado que PP y Ciudadanos han bloqueado esos cambios en el Congreso, donde controlan la Mesa. De ah¨ª la elaboraci¨®n de este informe por parte de la FGE: "Constatado que hasta el momento presente no han fructificado las iniciativas legislativas tendentes a la derogaci¨®n o modificaci¨®n sustancial de este precepto".
La aplicaci¨®n del art¨ªculo 324 permiti¨® a Pedro Antonio S¨¢nchez (PP), expresidente de Murcia, librarse de una acusaci¨®n de corrupci¨®n al sobrepasarse los plazos de instrucci¨®n. En este sentido, la FGE avisa de que se ha da?ado as¨ª la "imagen" del ministerio p¨²blico y tambi¨¦n alerta de que se ha incrementado la burocratizaci¨®n de su trabajo, ya que han tenido que crear manualmente listados que deben revisar peri¨®dicamente para controlar que no se excedan los plazos.
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