Jueces y fiscales reclaman la derogaci¨®n del plazo m¨¢ximo para investigar causas penales
El 6 de diciembre expira la pr¨®rroga para instruir casos complejos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han reclamado este viernes por carta al presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, que derogue, mediante un real decreto ley, el art¨ªculo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita a un plazo de seis meses la investigaci¨®n de las causas penales y a 18 meses, prorrogables a otros 18, aquellas causas declaradas complejas. El pr¨®ximo 6 de diciembre vence el plazo m¨¢ximo de 36 meses para la instrucci¨®n de estas causas, que incluyen delitos de crimen organizado, terrorismo y casos con gran n¨²mero de investigados o v¨ªctimas o que impliquen mucha documentaci¨®n o actuaciones en el extranjero. El comunicado subraya la necesidad de derogar ese art¨ªculo "para evitar la impunidad que, sin duda, provocar¨¢ el archivo de las causas indicadas".
La ley no especifica si las causas declaradas complejas solo se pueden prorrogar por un ¨²nico plazo de 18 meses sumados a los 18 anteriores o si se pueden encadenar m¨¢s ampliaciones para la instrucci¨®n. Esto ha dejado la puerta abierta a que las Audiencias Provinciales hayan acudido a lo que fuentes jur¨ªdicas denominan ¡°interpretaciones creativas¡± de la norma y hayan acordado ampliaciones extraordinarias del plazo de instrucci¨®n.
El jueves, la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), asociaci¨®n a la que pertenec¨ªa la ministra de Justicia, Dolores Delgado, antes de entrar en el Gobierno el pasado junio, pidi¨® a los cuatro grandes partidos que insten al Gobierno a derogar mediante decreto ley, esto es, por un procedimiento de urgencia, el art¨ªculo 324 de la ley procesal penal. Existe la "urgente necesidad de evitar el riesgo de impunidad" que este precepto "implica", afirmaba la UPF en sus escritos a los partidos.
A finales de 2017, el grupo parlamentario de Podemos present¨® en el Congreso una proposici¨®n de ley con un punto ¨²nico: "Queda derogado el art¨ªculo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Esta iniciativa, sin embargo, ha quedado bloqueada en el Congreso despu¨¦s de que el PP haya solicitado hasta en 55 ocasiones la ampliaci¨®n del plazo de enmiendas al texto. El 2 de septiembre, el presidente del PP, Pablo Casado, y el exministro de Justicia Rafael Catal¨¢ se reunieron con las asociaciones de jueces y fiscales y les prometieron su apoyo para la derogaci¨®n del art¨ªculo 324. Sin embargo, desde entonces, se han presentado no menos de 15 ampliaciones del plazo de enmiendas al texto presentado hace casi por Podemos hace casi un a?o.
Las asociaciones aprovechan adem¨¢s su carta para reclamar una reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que fije que son los jueces y los magistrados quienes eligen a la mayor¨ªa de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los doce de extracci¨®n judicial. El PP propuso esta reforma tras romper el acuerdo pol¨ªtico alcanzado con el Gobierno para renovar el actual CGPJ, pero el Ejecutivo ha defendido el sistema vigente, por el que todos los vocales son elegidos ¡ªdirecta o indirectamente¡ª por el Parlamento.
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