La Fiscal¨ªa pide el archivo de la causa de la F-1 contra Camps porque el supuesto delito ha prescrito
La magistrada, a petici¨®n de Anticorrupci¨®n, env¨ªa a la Audiencia Nacional los indicios de financiacion ilegal del PP
La larga contienda entre?Francisco Camps y la?Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha dado este viernes un nuevo giro. El ministerio p¨²blico ha pedido el archivo de la causa de la F¨®rmula 1 en la que el expresidente de la Generalitat valenciana fue procesado hace dos semanas. El fiscal cree que existen indicios de que los tres primeros contratos de construcci¨®n del circuito, adjudicados en 2007, fueron ama?ados. Pero concluye que los delitos habr¨ªan prescrito en 2017, porque no se denunciaron hasta enero de 2018.
La petici¨®n de archivo de la Fiscal¨ªa llega dos semanas despu¨¦s del?dur¨ªsimo auto de procesamiento de la juez Carmen Garc¨ªa Mingo, en el que apreciaba "indicios suficientes" de que Camps se excedi¨® en sus funciones, infringi¨® la Ley de Contratos del Sector P¨²blico y "urdi¨® una trama" en torno a la construcci¨®n del circuito urbano con la "¨²nica finalidad" de lograr un "r¨¦dito personal a trav¨¦s de su proyecci¨®n p¨²blica y pol¨ªtica" meses antes de las elecciones auton¨®micas que gan¨® en 2007. Tras serle notificada la resoluci¨®n, el exdirigente del PP anunci¨® que iba a querellarse contra la magistrada del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 17 de Valencia por dirigir contra ¨¦l una causa que calific¨® de "puramente pol¨ªtica".
En el auto, la juez ped¨ªa a las acusaciones que se pronunciaran sobre si deb¨ªa abrir o no juicio contra Camps y otros 15 procesados, entre ellos su vicepresidente Vicente Rambla y varios empresarios. Queda por saber qu¨¦ har¨¢ la Abogac¨ªa de la Generalitat, que tambi¨¦n ejerce la acusaci¨®n, pero fuentes jur¨ªdicas consultadas este viernes opinaban que el escrito de Anticorrupci¨®n dejaba el caso al borde del naufragio.
Posible financiaci¨®n irregular
La Fiscal¨ªa s¨ª observa indicios de delito, en este caso no prescrito, en los hechos expuestos ante la juez por Ricardo Costa respecto a la supuesta caja b del PP. El ex secretario general regional del partido sostuvo que en 2008 fue a verle a su despacho Jos¨¦ Mayor Oreja, entonces directivo de FCC, una de las empresas que construyeron el circuito, el cual le entreg¨® 150.000 euros en billetes de 500. Anticorrupci¨®n considera relevante la declaraci¨®n, pero cree que debe ser investigada por el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, Jos¨¦ de la Mata, que ya instruye una causa sobre el dinero negro presuntamente entregado al PP por diversos empresarios. Y ello, dice el fiscal, porque Costa no relacion¨® "en ning¨²n caso" la entrega del dinero con las adjudicaciones de la F-1 que integran la causa de Valencia.
La magistrada Garc¨ªa Mingo ha aceptado la petici¨®n del fiscal y ha remitido el testimonio de Costa a la Audiencia Nacional.
El fiscal mantiene que las tres primeras adjudicaciones del circuito urbano de F¨®rmula 1 "revisten presuntamente las caracter¨ªsticas de un delito continuado de prevaricaci¨®n" y de otro de malversaci¨®n, porque la empresa adjudicataria, Typsa, tuvo presuntamente reuniones con los responsables de la Generalitat y empez¨® a trabajar en el dise?o del trazado antes de que se celebrara el concurso. Pero los hechos han prescrito. Y no cree que las "irregularidades" detectadas en las adjudicaciones de 2008 sean cimientos suficientes para sustentar una acusaci¨®n.
En parte, porque la Intervenci¨®n General de la Generalitat no ha podido establecer "un perjuicio econ¨®mico evaluable" del circuito. Anticorrupci¨®n se?ala que la Intervenci¨®n admiti¨® en su informe que carec¨ªa del "criterio t¨¦cnico" necesario "para valorar que los importes de los presupuestos base de licitaci¨®n y los precios de contratos analizados" fueran "adecuados al mercado en el momento en que se adjudicaron". Y que, adem¨¢s, "se limit¨® a comprobar la regularidad de los pagos y su contabilizaci¨®n", sin entrar a valorar si hubo "sobrecostes" o se "desvi¨® dinero para otras finalidades", porque tampoco le fueron proporcionadas "las facturas ni los justificantes de pago" de las obras.
Fraude en Turqu¨ªa
La juez tambi¨¦n ha remitido a la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscal¨ªa los indicios de otro fraude presuntamente cometido por Typsa detectados en la causa: el posible fraude de un contrato de ingenier¨ªa ferroviaria en Turqu¨ªa, cofinanciado por la UE, por importe de 24,5 millones.
El origen de esta sospecha es, como en el conjunto de la causa, la declaraci¨®n y los documentados aportados por un exempleado de la empresa. La Audiencia Nacional es la competente para investigar los hechos al tratarse de supuestos delitos cometidos por espa?oles en el extranjero.
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