Batet traslada al Supremo la responsabilidad de suspender a los presos

El debate sobre qui¨¦n y c¨®mo debe tomar la decisi¨®n de suspender a?los cinco parlamentarios encausados por el 'proc¨¦s' que est¨¢n en prisi¨®n preventiva?ha provocado un ins¨®lito intercambio de mensajes a tres bandas entre distintos poderes del Estado: entre el Congreso y el Tribunal Supremo, por un lado; y por otro, dentro del propio tribunal entre sus magistrados y la Fiscal¨ªa. La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, no tiene dudas: "La funci¨®n jurisdiccional corresponde al poder judicial y es el que ha determinado hasta ahora". As¨ª fij¨® su criterio este mi¨¦rcoles Batet en su primera comparecencia ante la prensa. Y a?adi¨®: "El Tribunal Supremo es el competente para determinar las consecuencias de las conductas de quien est¨¢ juzgando".

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La presidenta del Congreso ha confirmado este mi¨¦rcoles que ayer mismo, en su primera actuaci¨®n tras asumir el cargo, envi¨® un escrito al Tribunal Supremo reclam¨¢ndole que "informara a la C¨¢mara de las consecuencias de la aplicaci¨®n de la ley procesal" sobre los cuatro diputados que se encuentran en prisi¨®n preventiva por un presunto delito de rebeli¨®n: Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Turull, Josep Rull y Jordi S¨¤nchez, de Junts per Catalunya. Batet ha subrayado que, aunque la Mesa del Congreso debatir¨¢ ma?ana jueves sobre la cuesti¨®n, la responsabilidad de tomar una decisi¨®n es "en exclusiva" del Supremo. Devuelve as¨ª la patata caliente al alto tribunal, que la semana pasada desliz¨® en un auto a la C¨¢mara baja que la suspensi¨®n deber¨ªa dictarla el legislativo en aplicaci¨®n de su reglamento.

Batet indic¨® que hab¨ªa cursado esa carta para pedir m¨¢s instrucciones al Supremo pese a conocer el auto de la semana pasada en el que dicho tribunal ya marcaba la pauta a seguir para la posible suspensi¨®n de los parlamentarios electos presos porque entiende que aquel escrito era solo para la sesi¨®n constituyente, pero no para "toda la legislatura".

La presidenta del Congreso ha anunciado que ha convocado para ma?ana jueves a las 12.30 a la Mesa precisamente para debatir con los dem¨¢s miembros cu¨¢l debe ser ahora su pr¨®xima actuaci¨®n. La presidenta de la C¨¢mara no ha querido adelantar si ma?ana va a pedir un informe a los letrados del Congreso sobre el fondo de esta discrepancia precisamente porque lo quiere discutir con los dem¨¢s componentes de este ¨®rgano. Algunos miembros de la Mesa, como es el caso de Ciudadanos, que tiene dos representantes de los nueve que forman ese ¨®rgano, han mostrado su extra?eza por la decisi¨®n personal de Batet de dirigirse al Supremo sin consult¨¢rselo antes. La presidenta, por su parte, ha respondido que esa acci¨®n de "interesarse por la situaci¨®n de diputados de la C¨¢mara" forma parte de sus atribuciones exclusivas.

La presidenta del Congreso realiz¨® estas manifestaciones tras volver de su primera entrevista oficial con el rey Felipe VI, al que comunic¨® la constituci¨®n de las Cortes. Batet aclar¨® que tendr¨¢ una nueva cita con el monarca la semana que viene para ver si se puede empezar la ronda de contactos para la investidura del pr¨®ximo presidente.

A su vez, la Fiscal¨ªa ha pedido este mi¨¦rcoles al Supremo que ordene a las Cortes suspender de forma ¡°inmediata¡± a los dirigentes independentistas recluidos. En un escrito registrado en el alto tribunal, la Fiscal¨ªa considera que el Congreso debe aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prev¨¦ la suspensi¨®n de funciones de los cargos p¨²blicos procesados por rebeli¨®n que est¨¦n en prisi¨®n preventiva. Argumenta el ministerio p¨²blico que este precepto es de ¡°obligado cumplimiento¡± y el Supremo debe comunicarlo as¨ª a las C¨¢maras para que suspenda a Junqueras,? Turull,? Rull y S¨¤nchez, que obtuvieron esca?o en el Congreso, y a Ra¨¹l Romeva (ERC), senador.

El precedente de Llarena

La petici¨®n de la Fiscal¨ªa llega despu¨¦s de que el tribunal que juzga el proc¨¦s hubiese optado por dejar que sean el Congreso y el Senado quienes suspendan a los presos con un mecanismo legal diferente al propuesto por el ministerio p¨²blico: aplicando el art¨ªculo 21 del Reglamento de la C¨¢mara en lugar de la Lecrim. El Supremo se hab¨ªa planteado tambi¨¦n la aplicaci¨®n del art¨ªculo 384 bis de la Lecrim, el mismo que se us¨® en su d¨ªa para suspender a los l¨ªderes independentistas en el Parlament de Catalu?a. Pero la Sala decidi¨® finalmente desistir de esa v¨ªa al entender que pod¨ªa generar cierta ¡°controversia¡±, seg¨²n fuentes del tribunal. Las dudas se basaban en que el 384 bis de la Lecrim establece la suspensi¨®n de una persona?¡°que estuviere ostentando funci¨®n o cargo p¨²blico¡± cuando se dicte contra ella auto de procesamiento firme por el delito de rebeli¨®n y se haya decretado adem¨¢s la prisi¨®n preventiva. En este caso, los l¨ªderes del proc¨¦s?han sido elegidos parlamentarios casi un a?o despu¨¦s de ser procesados, por lo que el Supremo alberga dudas sobre que se les pueda aplicar la Lecrim para suspenderlos ahora de esos nuevos cargos. Fueron esas reticencias las que llevaron al tribunal a traspasar la decisi¨®n al Congreso y sugerirle que la suspensi¨®n se haga efectiva a trav¨¦s del Reglamento de la C¨¢mara.?

La Fiscal¨ªa no comparte esta interpretaci¨®n y cree que el art¨ªculo 384 bis de la Lecrim es tambi¨¦n aplicable a los nuevos parlamentarios. En el escrito registrado en el alto tribunal, el ministerio p¨²blico pide al Supremo que inste a la Mesa del Congreso a adoptar ¡°las medidas necesarias¡± para dar ¡°plena efectividad¡± a este precepto legal. "El art¨ªculo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece una previsi¨®n normativa de obligado cumplimiento (art¨ªculo 9 de la Constituci¨®n Espa?ola) si concurren ¡ªcomo es el caso de autos¡ª las dos condiciones que en el mismo se incluyen: auto de procesamiento firme por delito de rebeli¨®n o de terrorismo y situaci¨®n de prisi¨®n preventiva. Para la efectividad y cumplimiento de la citada previsi¨®n legal, ambas C¨¢maras parlamentarias deben proceder a la ejecuci¨®n sin m¨¢s tr¨¢mites que la medida de suspensi¨®n en el ejercicio de sus funciones", se?ala la Fiscal¨ªa.

El escrito del ministerio p¨²blico cita el precedente de la suspensi¨®n cautelar de los diputados por el Parlament ordenada por el juez Pablo Llarena, instructor de la causa contra los l¨ªderes independentistas en el Supremo, cuando en julio pasado cerr¨® el sumario y confirm¨® el procesamiento por rebeli¨®n. La Fiscal¨ªa hace suyos los argumentos que entonces us¨® Llarena. Seg¨²n este, la justicia deb¨ªa suspender a los parlamentarios como "medida cautelar de naturaleza p¨²blica y extraordinaria" con el objetivo de "preservar el orden constitucional impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democr¨¢tica mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebeli¨®n, puedan continuar en el desempe?o de una funci¨®n p¨²blica de riesgo para la colectividad cuando concurren adem¨¢s en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privaci¨®n de libertad¡±.

El Supremo deber¨¢ estudiar ahora si, como pide la Fiscal¨ªa, se dirige a las C¨¢maras para ordenar que suspendan a los parlamentarios en aplicaci¨®n de la Lecrim o si, por el contrario, sigue apostando por que la decisi¨®n la tomen el Congreso y el Senado aplicando sus reglamentos. El escrito de la Fiscal¨ªa ni siquiera cita las normas internas de las dos C¨¢maras en las que el Supremo, seg¨²n las fuentes consultadas, cre¨ªa que deb¨ªa ampararse la suspensi¨®n.

En el caso del Congreso el mecanismo legal apuntado por el alto tribunal es el art¨ªculo 21 del Reglamento, que prev¨¦ la suspensi¨®n de los parlamentarios que se encuentren en prisi¨®n preventiva. Pero este precepto plantea un problema, seg¨²n fuentes de la Fiscal¨ªa: el Reglamento del Congreso contempla la suspensi¨®n de diputados presos una vez ¡°concedido¡± por la C¨¢mara el suplicatorio, es decir, la autorizaci¨®n previa para actuar judicialmente contra un miembro de la C¨¢mara. Y, en este caso, el Congreso ni ha entrado a considerar ese suplicatorio porque el propio Supremo ha rechazado que tenga que pedirlo dado que el procesamiento de los l¨ªderes independentistas es anterior a su elecci¨®n como parlamentarios.

En el caso del Senado, que ser¨ªa el competente para actuar contra Ra¨¹l Romeva, la aplicaci¨®n del reglamento interno no garantiza la suspensi¨®n autom¨¢tica porque la norma de la C¨¢mara alta establece que esta se puede someter a votaci¨®n y requiere una mayor¨ªa absoluta del pleno.

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