Cuatro ex altos cargos de la Junta condenados a penas de c¨¢rcel por crear una red de enchufes
Se trata de la primera pena de prisi¨®n por corrupci¨®n que se impone a Javier Guerrero, el principal implicado en el 'caso de los ERE'
Cuatro ex altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa han sido condenados a penas de c¨¢rcel de m¨¢s de cinco a?os por crear una estructura de contrataci¨®n paralela en la Direcci¨®n de Trabajo de la Consejer¨ªa de Empleo, durante la etapa de gobiernos socialistas. Lo hicieron a trav¨¦s de la empresa Umax, a cuyo due?o, Ulpiano Cuadrado, tambi¨¦n se le ha impuesto una condena similar. Entre los encausados se encuentra Javier Guerrero,? antiguo director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno andaluz, principal acusado en el caso de los ERE. Esta condena, impuesta por la Audiencia de Sevilla y contra la que cabe recurso de casaci¨®n, es el primer fallo que implica c¨¢rcel para Guerrero, que se enfrenta a ocho a?os de prisi¨®n y 30 de inhabilitaci¨®n por la pieza pol¨ªtica del caso ERE.
Se trata tambi¨¦n de la primera condena por corrupci¨®n que se impone en un caso que se deriva, precisamente, de la causa de los ERE, que la juez Mercedes Alaya envi¨® a reparto. Los hechos juzgados en el conocido como caso Umax son una muestra de la sensaci¨®n de permisividad y falta de control bajo las que se ampararon algunos miembros de la Administraci¨®n de la Junta a principios de 2000 para lucrarse mediante actos fraudulentos. A los cinco acusados se les han impuesto penas por delitos continuados de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y falsedad documental.
El tribunal considera probado que en 2003 Guerrero ¡°decidi¨® crear en la Consejer¨ªa de Empleo una estructura de personal paralela a la administrativa, al margen de las previsiones contenidas en la relaci¨®n de trabajo vigente [¡] con incumplimiento de la normativa de contrataci¨®n en el sector p¨²blico¡±. De acuerdo con la sentencia, entre 2003 y 2010 se llegaron a contabilizar ¡°44 trabajadores contratados¡± a trav¨¦s de Umax. Algunos de esos empleados, mantiene el fallo, ¡°estaban relacionados por v¨ªnculos de vecindad y amistad¡± con Guerrero y ¡°de parentesco¡± en el caso de Juan M¨¢rquez, otro de los condenados, que tambi¨¦n ocup¨® el cargo de director general de Trabajo como sucesor de Guerrero.
La constituci¨®n de esa administraci¨®n paralela se ¡°concert¨® verbalmente¡± con Cuadrado, el titular de Umax que es de quien recibe el nombre el caso cuyo fallo se ha conocido este jueves. Guerrero le indic¨®, de acuerdo con los hechos probados, que contratara a las personas que ¨¦l le se?alara para que prestaran sus servicios en exclusiva en distintas sedes de la Consejer¨ªa de Empleo. Guerrero tambi¨¦n determin¨® que se les abonara las mismas cantidades que el empresario pagaba a sus empleados ¡°m¨¢s las cuotas de Seguridad Social, IVA y un porcentaje que nunca ser¨ªa inferior al 20% como beneficio empresarial¡±, unas condiciones que implicaba, se?ala la sentencia, ¡°un perjuicio para la Administraci¨®n p¨²blica, que no habr¨ªa necesitado pagar estos ¨²ltimos conceptos de haber realizado su contrataci¨®n por los cauces legales¡±.
Arreglar el desaguisado
La Audiencia cifra las cantidades correspondientes al pago de n¨®minas de los trabajadores de Umax cedidos entre 2003 y 2010 a la Consejer¨ªa de Empleo en 2,4 millones de euros. Los fondos para el abono proven¨ªan de ¡°subvenciones otorgadas por distintos organismos de la Consejer¨ªa de Empleo¡±, sostiene el fallo, y para tratar de ocultar la ilegalidad de la contrataci¨®n "se utiliz¨® el sistema de simular contrataci¨®n de contratos menores inexistentes" o "procedimientos de negociaci¨®n sin publicidad".
En 2010, cuando Cuadrado acudi¨® al nuevo director general de Empleo Daniel Alberto Rivera para explicarle la situaci¨®n de los trabajadores de su empresa y reclamarle el pago de sus n¨®minas, Rivera se lo comunic¨® al viceconsejero de Empleo que ¡°le indic¨® que arreglara el desaguisado ¡° y le orden¨® que ¡°los trabajadores deb¨ªan abandonar ipso facto las dependencias de la consejer¨ªa, lo que as¨ª se hizo¡±, describe la sentencia. Rivera ha sido condenado a siete a?os de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico.
Estos trabajadores, sin embargo, tras ser despedidos fueron contratados en su mayor¨ªa por la extinta Fundaci¨®n Andaluza Fondo de Formaci¨®n y Empleo (Faffe), una entidad que est¨¢ tambi¨¦n en el punto de mira de los tribunales por el gasto en prost¨ªbulos con dinero p¨²blico de uno de sus exdirectivos y un presunto uso indebido de los fondos en restaurantes, bares de copas, regalos y peajes de autopista.
Todos los acusados, adem¨¢s, han sido condenados a indemnizar a la Junta por un total de 1.373.672,05 euros, una cantidad de la que es responsable civil subsidiaria la empresa Umax.
Este art¨ªculo ha sido actualiazado para constatar que los ex altos cargos condenados desarrollaron sus funciones durante la etapa en la que el PSOE gobernaba en la Junta de Andaluc¨ªa.
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