La Fiscal¨ªa denuncia ante el Poder Judicial a la juez del ¡®caso ERE¡¯

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la juez Mar¨ªa N¨²?ez, instructora del caso de los ERE fraudulentos, para que emprenda acciones disciplinarias contra ella por la ¡°desatenci¨®n y retrasos injustificados¡± en las investigaciones derivadas de esta macrocausa y en otras, como el caso Idea y el caso avales, investigaci¨®n archivada el pasado mayo. En estos sumarios del Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla son investigados anteriores responsables socialistas de la Junta de Andaluc¨ªa, gobernada por el PSOE hasta las pasadas elecciones auton¨®micas del 2 de diciembre.

Tras la denuncia del jefe de Anticorrupci¨®n, Alejandro Luz¨®n, las consecuencias para la juez, que est¨¢ de baja laboral por motivos personales desde hace dos semanas, podr¨ªan ser varias si prospera la tesis planteada por los seis fiscales delegados de Anticorrupci¨®n en Sevilla: una multa de 501 a 6.000 euros en caso de que el pleno del Consejo estime la falta como grave, o por el contrario la suspensi¨®n, el traslado forzoso o la expulsi¨®n de la carrera judicial si los magistrados ven como muy grave la falta en la que haya incurrido N¨²?ez.

Anticorrupci¨®n considera que la instructora, que acapar¨® en 2015 las principales causas de corrupci¨®n de la etapa socialista en la Junta andaluza tras la salida de su antecesora Mercedes Alaya, ha retrasado de manera intencionada las investigaciones para que no lleguen a buen puerto. En estos a?os N¨²?ez ha archivado numerosas piezas de la macrocausa de los ERE, que excepto la pieza pol¨ªtica pendiente de sentencia, engloba otras 200 investigaciones separadas en las que los fiscales ven delito y la juez solo irregularidades administrativas.

Adem¨¢s, hace un a?o N¨²?ez archiv¨® la pieza central de la investigaci¨®n por los cursos de formaci¨®n a petici¨®n de la Fiscal¨ªa. Salvo en esta investigaci¨®n, la discrepancia es casi total entre N¨²?ez y los fiscales, alineados con el PP, que est¨¢ personado como acusaci¨®n en los procesos. Casi por sistema las decisiones de la magistrada han sido recurridas ante la Audiencia de Sevilla, que a veces ha apoyado a la magistrada y otras la ha corregido.

La Fiscal¨ªa General del Estado ha difundido el comunicado que resume su denuncia, en la que considera a la magistrada responsable de una falta ¡°grave o muy grave¡± por ¡°la desatenci¨®n y retrasos injustificado en la tramitaci¨®n y resoluci¨®n [de estas causas], con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administraci¨®n de Justicia¡±.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n considera que, por este motivo, ¡°est¨¢ resultando imposible proceder en los t¨¦rminos exigidos por la ley¡± para lograr el esclarecimiento de los hechos y determinar la responsabilidad de los part¨ªcipes, en su mayor¨ªa ex altos cargos de la Junta. ¡°Favoreci¨¦ndose, con todo ello, que el ejercicio de la acci¨®n penal no alcance sus objetivos¡±, ha denunciado el ministerio p¨²blico en su escrito presentado ante el Poder Judicial.

En paralelo a esta denuncia de Anticorrupci¨®n, el Partido Popular ha ido a¨²n m¨¢s lejos y esta primavera elev¨® un escrito a la Audiencia de Sevilla en el que acusa a N¨²?ez de violar la tutela judicial efectiva. ¡°Desobedeci¨® consciente y deliberadamente lo ordenado por segunda vez por esa Ilma. Audiencia Provincial mediante auto de 25 de enero de 2018¡±, expon¨ªa el duro escrito de los populares sobre la magistrada.

En su escrito, el PP acusaba sin medias tintas a la magistrada de mantener una ¡°conducta ilegal¡± y le achacaba tres delitos: desobediencia, prevaricaci¨®n judicial y retardo malicioso de la Administraci¨®n de justicia. Los populares reclamaron a la Audiencia que obligue a la instructora a entregar ¡°los expedientes y documentos necesarios para la pr¨¢ctica de diligencias y elaboraci¨®n de informes¡± encomendados en 2015 por la juez Mercedes Alaya.