Una legislatura en el alambre por una aritm¨¦tica que complica las reformas clave
El PP tiene en su mano bloquear las principales instituciones judiciales, ahora de mayor¨ªa conservadora
La aritm¨¦tica parlamentaria y la declaraci¨®n de intenciones de todos los partidos representados en el Congreso anuncian una legislatura repleta de dificultades. Si no hay ninguna sorpresa de ¨²ltima hora en la investidura, el socialista Pedro S¨¢nchez se enfrenta a un mandato sometido a toda clase de amenazas desde los primeros d¨ªas. El debate de investidura le ha servido para confirmar sus temores: ¡°No voy a contar con una oposici¨®n leal¡±, dijo. Y algunas de las lealtades con las que ahora cuenta son resbaladizas.
Gabriel Rufi¨¢n, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ¡ª13 diputados, cruciales para que el Gobierno saque adelante las principales leyes que ha prometido¡ª avis¨® desde la tribuna parlamentaria: ¡°Si no hay mesa [de negociaci¨®n sobre el futuro de Catalu?a] no hay legislatura¡±. En 15 d¨ªas debe celebrarse la primera reuni¨®n entre los Gobiernos de Pedro S¨¢nchez y Quim Torra. El PSOE pretende convencer al Ejecutivo catal¨¢n de buscar un acuerdo para mejorar su autogobierno, lo que se plasmar¨ªa en una reforma estatutaria que deber¨ªa aprobar tambi¨¦n el Congreso de los Diputados y ser sometida a una consulta en Catalu?a. ERC quiere sacar de la negociaci¨®n un compromiso para autorizar un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. Dos planteamientos muy distanciados para una negociaci¨®n de la que depende en parte el futuro de la legislatura.
No es la ¨²nica amenaza que tendr¨¢ que gestionar el Ejecutivo socialista para avanzar. La esperanza de S¨¢nchez tiene dos cifras: 176 y 210. Necesitar¨¢ la mayor¨ªa absoluta de la C¨¢mara (176 diputados) para aprobar leyes org¨¢nicas; precisar¨¢ del apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados) para renovar ¨®rganos institucionales: el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo¡
Bloqueo del poder judicial. El Gobierno de S¨¢nchez se enfrenta a una situaci¨®n parecida a la que sufri¨® el Ejecutivo de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero cuando trat¨® de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Durante casi dos a?os (entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008) esa instituci¨®n estuvo en funciones y gobernada por una mayor¨ªa conservadora. El PP bloque¨® durante dos a?os la renovaci¨®n. En ese tiempo, el Poder Judicial se convirti¨® en un ariete contra el Gobierno socialista. Para elegir a los 20 vocales del Consejo (12 jueces y ocho juristas de reconocido prestigio) se necesitan mayor¨ªas de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Sin los votos del PP, no es posible la renovaci¨®n. El bloqueo permite mantener en manos del sector conservador el control del Consejo y que el magistrado Carlos Lesmes siga como presidente del Supremo. El Consejo del Poder Judicial decidir¨¢ en las pr¨®ximas semanas el nombre de los tres magistrados que ocupar¨¢n las vacantes en la Sala de lo Penal del Supremo, un ¨®rgano clave para dirimir procesos judiciales que afectan a pol¨ªticos ¡ªlos recursos contra la condena al PP por el caso G¨¹rtel o contra la inhabilitaci¨®n de Torra por desobediencia¡ª y al desaf¨ªo independentista de Catalu?a.
El Tribunal Constitucional tambi¨¦n debe renovar ahora a cuatro de sus 12 magistrados. El PP tiene en su mano la posibilidad de bloquear o pactar una renovaci¨®n donde se reparta con el PSOE los cuatro puestos, con lo que ese ¨®rgano mantendr¨ªa la mayor¨ªa conservadora que ya lo domina ahora.
Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno necesita m¨¢s s¨ªes que noes para aprobar los Presupuestos en 2020, herramienta clave a fin de garantizarse una cierta estabilidad. S¨¢nchez precipit¨® el adelanto electoral en abril de 2019 porque le tumbaron las cuentas que hab¨ªa pactado con Unidas Podemos. Salir con ¨¦xito del pr¨®ximo debate presupuestario dar¨ªa ox¨ªgeno suficiente a S¨¢nchez para garantizarse varios a?os de mandato.
Nuevas leyes org¨¢nicas. La reforma de la ley de justicia universal, que el Gobierno del PP limit¨® al m¨¢ximo, o la derogaci¨®n de la ley de seguridad ciudadana, apodada por la izquierda como ley mordaza, son dos promesas de S¨¢nchez que, pese a la necesidad de mayor¨ªa absoluta, pueden salir adelante sin excesivos problemas.
M¨¢s dif¨ªcil que nunca
La derogaci¨®n de la reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy acometi¨® en su primer a?o de mandato tiene unos tr¨¢mites m¨¢s complicados, pues requiere una previa negociaci¨®n con los sindicatos y la patronal. Los empresarios ya han manifestado su rechazo a los compromisos anunciados por Pedro S¨¢nchez. En el Congreso, al Gobierno le bastar¨ªa con una mayor¨ªa simple (m¨¢s s¨ªes que noes) para sacar adelante una de las medidas estrella de la legislatura.
Ni siquiera Rajoy, en su segundo mandato como presidente, cuando perdi¨® la mayor¨ªa absoluta, tuvo este nivel de dificultad. Una moci¨®n de censura le apart¨® del poder cuando hab¨ªa logrado aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, un seguro de estabilidad que no le sirvi¨® de nada. S¨¢nchez cuenta con una ventaja: es casi imposible que, con la actual configuraci¨®n de la C¨¢mara, el l¨ªder del PP, Pablo Casado, recabe los 176 votos necesarios para salir con ¨¦xito de ese empe?o.
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