Gobierno y PP mantienen contactos para renovar a medio plazo el Poder Judicial
Los dos principales partidos libran una batalla pol¨ªtica por mantener el control de la Justicia
¡°Dif¨ªcil, pero no imposible¡±. En la c¨²pula del PP aceptan que a¨²n est¨¢n ¡°en shock¡± por el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, agravado por la anunciada reforma del C¨®digo Penal que entienden como una cesi¨®n a los separatistas catalanes. Pero el PP no se cierra a ¡°dejar pasar un poco de tiempo, que se enfr¨ªe la pol¨¦mica actual¡± y negociar la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. En el Gobierno y en el PSOE lo saben por distintos contactos, hasta ahora informales, y esperan que llegue la calma para pactar la distribuci¨®n del nuevo Gobierno de los jueces.
La nueva legislatura ha comenzado con una batalla ruidosa e incierta por el control de la Justicia. Un Gobierno de coalici¨®n sin mayor¨ªa absoluta se enfrenta a un bloque de oposici¨®n liderado por el PP. La formaci¨®n conservadora ha aprovechado que la ley exige mayor¨ªas cualificadas para bloquear la renovaci¨®n de cuatro magistrados del Constitucional y de los 20 vocales del Poder Judicial, dos instituciones estrat¨¦gicas para el desenlace de problemas de Estado pendientes de resoluci¨®n.
El Ejecutivo, entre el PSOE y Unidas Podemos, suma 155 esca?os en el Congreso pero precisa 210 votos (tres quintos de la c¨¢mara) para efectuar la renovaci¨®n. Esa cifra es inalcanzable sin el apoyo del PP. Salvo que el PSOE busque acuerdos con Vox, algo que parece improbable, pero no imposible. Vox amag¨® con ayudar a desbloquear la renovaci¨®n de ¨®rganos institucionales. Sus 52 esca?os permitir¨ªan al Gobierno prescindir del PP para lograr los tres quintos necesarios en el Congreso. Fuentes del partido de ultraderecha avanzaron incluso que ¡°dar¨ªan pasos para aportar candidatos al Poder Judicial, el Constitucional y hasta a RTVE¡±. Ese desmarque alert¨® mucho al PP. Pero tambi¨¦n al l¨ªder de Vox, Santiago Abascal, que desminti¨® que pudieran negociar nada con este PSOE de Pedro S¨¢nchez.
El Gobierno, mientras gana tiempo, ensalza la posici¨®n ¡°valiente¡± del actual presidente del Poder Judicial, el conservador Carlos Lesmes, que ha congelado algunos nombramientos pendientes en ¨®rganos clave, como la sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ha perdido por jubilaci¨®n a tres de sus 15 magistrados y que puede sufrir graves problemas de funcionamiento si el bloqueo se alarga en el tiempo. Lesmes ha exigido formalmente a todos los partidos que se pongan a la labor y acuerden la renovaci¨®n.
Los jueces en Espa?a
Representaci¨®n interna
En %
Asociaciones
Nombra-
mientos
5.367
jueces
140
altos cargos
21,23
No asociados
45,8
39,85
Asociaci¨®n
Profesional
de la Magistratura
24,3
10,86
Asociaci¨®n Judicial
Francisco de Vitoria
14,01
Jueces por
la Democracia
26,81
9,85
Foro Judicial
Independiente
5,95
0,7
Votaciones en el CGPJ
Resultados de los 140 nuevos nombramientos
y 60 reelegidos, entre 2012-2019. En %
Mayor¨ªa
simple
20
Por mayor¨ªa
cualificada
(m¨¢s de 13
votos de 21)
47
Por
unanimidad
33
Presidentes del Tribunal Supremo
A?o
Gobierno
de PP
(Aznar)
2000
Francisco
Jos¨¦ Hernando
2001
2002
Francisco
Jos¨¦ Hernando
(conservador)
2003
2004
PSOE
(Zapatero)
2005
2006
Ten¨ªa que
haber cesado
2007
2008
2009
Carlos D¨ªvar
(conservador)
2010
2011
Dimite
PP
(Rajoy)
2012
Gonzalo Moliner
(progresista)
2013
2014
2015
2016
Carlos Lesmes
(conservador)
2017
2018
PSOE
(S¨¢nchez)
2019
En funciones
2020
Fuente: elaboraci¨®n propia.
EL PA?S
Los jueces en Espa?a
Representaci¨®n interna
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de la Magistratura
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Jueces por
la Democracia
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Independiente
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Mayor¨ªa simple
20
Por mayor¨ªa
cualificada
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Carlos Lesmes
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Fuente: elaboraci¨®n propia.
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la Democracia
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y 60 reelegidos, entre 2012-2019. En %
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Mayor¨ªa simple
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Carlos Lesmes
(conservador)
Por mayor¨ªa
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Por unanimidad
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2019
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2020
Fuente: elaboraci¨®n propia.
EL PA?S
Pero el momento pol¨ªtico actual es m¨¢s que complicado para la negociaci¨®n. Los primeros movimientos del Gobierno de Pedro S¨¢nchez han estrechado el margen de maniobra para buscar consensos. La elecci¨®n de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, para encabezar la Fiscal¨ªa General del Estado, y el anuncio de reforma del C¨®digo Penal para rebajar las penas por sedici¨®n que podr¨ªan beneficiar a condenados en el juicio del proc¨¦s, han alejado cualquier posibilidad de acuerdo para renovar a corto plazo esos dos ¨®rganos institucionales.
Los dur¨ªsimos ataques de la c¨²pula del PP a estas decisiones del Gobierno restan valor a los primeros contactos informales entre dirigentes de ambas partes. El nuevo responsable del ¨¢rea de Justicia del PP, el consejero madrile?o Enrique L¨®pez, acudi¨® a la toma de posesi¨®n del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y all¨ª coincidi¨® con el nuevo titular de Justicia, Juan Carlos Campo, con el que mantiene una muy buena relaci¨®n desde hace 20 a?os cuando ambos, que son jueces y tienen plaza en la Audiencia Nacional, coincidieron como portavoces de sus sectores en el Consejo del Poder Judicial. Quedaron en hablar.
A los pocos d¨ªas se volvieron a ver e intercambiaron opiniones en un restaurante madrile?o. La buena consideraci¨®n que se tienen permite alentar ciertas esperanzas de acuerdo. La negociaci¨®n oficial no ha empezado, y podr¨ªa tardar meses, pero ambos conocen perfectamente las posiciones y reivindicaciones de la otra parte. Y no son tan lejanas como aparentan, seg¨²n fuentes directas de los dos partidos.
El PSOE tiene claro que les toca decidir, con este sistema actual, el nuevo presidente del Supremo, pero aceptar¨ªa facilitar al PP una minor¨ªa clave de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (nueve vocales de los 20) para que el sector conservador pueda influir en el nombramiento de los altos cargos judiciales, que necesitan de mayor¨ªas cualificadas (13 votos). El PP aguarda esa oferta ¡°previsible¡± con el objetivo de ¡°mantener su statu quo¡±.
El conservador Lesmes fue elegido en diciembre de 2013 por un mandato de cinco a?os con el resultado de 16 votos a favor frente a cuatro para la progresista Pilar Teso. Previamente, el Gobierno del PP pact¨® con el PSOE el nombre para presidir el Supremo. La primera opci¨®n del PP en 2013 fue Manuel Marchena, pero el PSOE lo rechaz¨® por considerar que hab¨ªa firmado dos votos particulares en sendas sentencias que supuestamente demostraban su animadversi¨®n a esa formaci¨®n. Cinco a?os despu¨¦s, el PSOE acept¨® a Marchena para presidir el Supremo, pero una indiscreci¨®n en un mensaje de WhatsApp del senador del PP Ignacio Cosid¨® frustr¨® ese nombramiento y toda la renovaci¨®n del Poder Judicial.
Lesmes deber¨ªa haber cesado hace un a?o. El actual Consejo tiene 12 vocales de procedencia conservadora y nueve entre el PSOE, IU y PNV. La vigente l¨®gica parlamentaria y las alianzas del nuevo Gobierno de coalici¨®n llevan a concluir, incluso al PP, que el futuro Consejo tendr¨¢ la misma divisi¨®n de bloques, pero de signo pol¨ªtico contrario. El PSOE y sus aliados seleccionar¨¢n a 11 vocales (con aspirantes de la ¨®rbita socialista, de Podemos y el PNV) y los conservadores a nueve. El presidente del Poder Judicial, que lo es tambi¨¦n del Supremo, ser¨¢ progresista y elegido por los 20 vocales de una propuesta que parte del Gobierno previo acuerdo con el primer partido de la oposici¨®n.
El escenario de juego pol¨ªtico en el Tribunal Constitucional es m¨¢s complejo y se disputa a corto y medio plazo. Ahora le toca al Congreso renovar cuatro vacantes a repartir a partes iguales: dos desde el Gobierno y dos desde el PP. El partido conservador se garantizar¨ªa as¨ª que el tribunal (12 magistrados) mantiene la misma mayor¨ªa conservadora ahora vigente (siete frente a cinco). El PP recuerda que eso debe ser as¨ª porque en 2011, con cuatro puestos id¨¦nticos a cubrir y con mayor¨ªa absoluta del Gobierno de Rajoy, le dejaron dos vacantes al PSOE.
El escenario Constitucional
Los dos partidos mayoritarios asumen, sin embargo, que si la legislatura sigue dentro de tres a?os hay que afrontar otra renovaci¨®n en el Constitucional en la que le tocar¨ªa al Gobierno impulsar dos aspirantes (en ese caso progresistas) y otros dos al Poder Judicial (uno conservador y otro progresista). En ese momento la mayor¨ªa se inclinar¨ªa del lado progresista, algo que no sucede desde hace siete a?os, y tanto en el PP como en el PSOE ya especulan con aspirantes para presidir entonces ese Alto Tribunal.
Esos planes a largo plazo y los m¨¢s urgentes est¨¢n a la espera de que PSOE y PP se sienten e inicien la negociaci¨®n oficial. Mientras tanto persiste el bloqueo, en el que el PP tiene acreditada experiencia cuando ejerce la oposici¨®n. Con el Gobierno de Zapatero impidi¨® la renovaci¨®n del Constitucional durante a?os y provoc¨®, por ejemplo, que la sentencia que declaraba inconstitucionales 14 art¨ªculos del Estatuto de Catalu?a (junio de 2010) fuera aprobada por un pleno con cuatro miembros, entre ellos la presidenta, que deber¨ªan haber cesado a finales de 2007.
El PP paraliz¨® m¨¢s de dos a?os la renovaci¨®n del Gobierno de los jueces, convertido en el ariete contra las pol¨ªticas del Ejecutivo socialista hasta el punto de elaborar informes que nadie hab¨ªa pedido. Uno de ellos denunciaba la inconstitucionalidad de la Ley del Matrimonio Homosexual, avalada despu¨¦s por el Constitucional.
35 a?os de un gobierno de los jueces nombrado por pol¨ªticos
Los dos partidos que han gobernado los ¨²ltimos 35 a?os en Espa?a, PSOE y PP, han mantenido intacta durante todo este tiempo la ley aprobada en 1985 que dejaba en manos del Parlamento la elecci¨®n de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, un ¨®rgano encargado de nombrar a los principales cargos judiciales nacionales, auton¨®micos y provinciales, informar de iniciativas legislativas del Gobierno, y sancionar a los jueces que incumplan sus obligaciones legales. Todas las promesas y compromisos de los ¨²ltimos a?os para cambiar este sistema y permitir a los jueces elegir a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial cayeron en el pozo de los incumplimientos.
La vicepresidenta popular Soraya S¨¢ez de Santamar¨ªa lleg¨® el 25 de enero de 2012 al Congreso de los Diputados cargada con la fuerza que dan las mayor¨ªas absolutas para explicar a los diputados los planes del Gobierno del PP: ¡°Nosotros tenemos la intenci¨®n de que los nombrados por y entre jueces y magistrados lo sean por y entre jueces y magistrados; el sistema anterior a la Ley de 1985. Desde luego, el sistema actual ha dado los resultados que hemos visto¡±.
Unos meses despu¨¦s, el entonces titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, hizo los deberes y llev¨® al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para que los jueces nombraran a la mayor¨ªa absoluta del Gobierno de los jueces (12 de los 20 vocales). Pese a contar con votos suficientes en el Congreso para aprobar la medida de manera r¨¢pida y sin sobresaltos, el presidente Mariano Rajoy desech¨® la idea. No quer¨ªa renunciar al control del nombramiento de los vocales del Poder Judicial y del presidente del Supremo.
Ocho a?os despu¨¦s, el presidente del PP, Pablo Casado, se niega a desbloquear la renovaci¨®n del Poder Judicial si antes no se reforma esa ley para que los jueces puedan elegir directamente a los vocales del Consejo sin pasar por el filtro del Congreso y el Senado. Algo que el PP prometi¨® en 2011, pudo hacer con su mayor¨ªa absoluta y nunca hizo.
El Poder Judicial se cre¨® en 1980 con 20 vocales, 12 en manos de los jueces. En 1985, el Gobierno socialista cambi¨® la ley para que esos 12 miembros fueran elegidos tambi¨¦n por el Congreso y el Senado. Este sistema lleva vigente 35 a?os.
Fernando Ledesma, primer ministro de Justicia en el Gobierno socialista de Felipe Gonz¨¢lez, defendi¨® esta f¨®rmula porque respetaba ¡°el mandato constitucional¡±. Y lo justific¨® as¨ª en el Congreso: ¡°En un Estado constitucional y democr¨¢tico todos los poderes emanan del pueblo y no de quienes por haber hecho de ello su profesi¨®n est¨¢n integrados en su estructura¡±. Consider¨® que esa f¨®rmula respeta el mandato constitucional porque la propia Constituci¨®n quiere que ocho de los miembros del Consejo sean elegidos por las C¨¢maras entre quienes re¨²nan determinados requisitos y remite al legislador la forma de elecci¨®n de los otros 12 miembros, que deben ser jueces y magistrados.
El exministro argument¨® que as¨ª el legislador usa la Constituci¨®n para democr¨¢ticamente ¡°garantizar que todos los ¨®rganos de gobierno de los tres poderes del Estado emanan del pueblo soberano¡±. Y concluy¨® con una pregunta que se qued¨® sin respuesta en el hemiciclo: ¡°?No creen ustedes que hay m¨¢s pluralismo en el colegio electoral que encarna el Parlamento espa?ol que el representado por el colectivo judicial?¡±.
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