El juez que retir¨® los m¨®viles a los periodistas de Palma: ¡°Era mi deber investigar el delito¡±

¡°Ponder¨¦ la situaci¨®n y pens¨¦ que era mi deber investigar el delito, que era grave, y deb¨ªa sucumbir el derecho al secreto profesional en este extremo¡± ha defendido el juez Miquel Florit, que se sienta este jueves en el banquillo de los acusados por la presunta comisi¨®n de varios delitos en el decomiso de los tel¨¦fonos m¨®viles de dos periodistas que informaban de un caso judicial. El juez requis¨® en diciembre de 2018 los tel¨¦fonos m¨®viles de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, as¨ª como parte del material inform¨¢tico que guardaban en la redacci¨®n. El objetivo era investigar la identidad de los autores de la filtraci¨®n a la prensa de un informe econ¨®mico aportado a la macrocausa que investigaba los negocios del empresario del ocio nocturno Bartolom¨¦ a Cursach, una caso que Florit asumi¨® tras la recusaci¨®n del anterior juez Manuel Penalva.

Florit se jubil¨® anticipada y voluntariamente el 31 de enero, tras aprobarlo la Comisi¨®n Permanente del Consejo del Poder Judicial. En este juicio se enfrenta a una petici¨®n por parte de las acusaciones particulares de 42 a?os de inhabilitaci¨®n por presuntos delitos de prevaricaci¨®n, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el derecho al ejercicio del secreto profesional, el derecho a la intimidad e interceptaci¨®n ilegal de las comunicaciones.

Durante el juicio, Florit se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones particulares, ha explicado que se publicaron en prensa los detalles de un informe elaborado por el grupo de blanqueo de la Polic¨ªa Nacional, en el que se daban detalles sobre presuntos delitos de fraude de las empresas de Cursach o se apuntaba a la existencia de un topo que beneficiaba al magnate en Hacienda, que ni siquiera hab¨ªa sido prove¨ªdo por el juzgado. ¡°El informe fue la gota que colm¨® el vaso, porque las partes ya hab¨ªan enviado escritos previamente en los que denunciaban otras filtraciones de informaciones secretas¡±, ha dicho el juez, que decidi¨® abrir una causa para investigar varios supuestos de revelaci¨®n de secretos que ha calificado como un delito ¡°grav¨ªsimo¡±.

El magistrado ha admitido que ¡°en cierto sentido¡± s¨ª ten¨ªa intenci¨®n de averiguar qui¨¦nes eran los que facilitaban informaci¨®n a los periodistas ¡°porque quer¨ªa descubrir al autor de la filtraci¨®n¡±. ¡°Antes de acordar el registro valor¨¦ que pod¨ªan quedar al descubierto fuentes de los periodistas y estim¨¦ que no compromet¨ªa el derecho al secreto profesional de los informadores¡±, ha defendido. A preguntas de la fiscal¨ªa ha explicado que, en un momento determinado tras el decomiso de los terminales, la polic¨ªa hizo informe en el que constaba que un testigo protegido del caso Cursach hab¨ªa llamado al grupo de blanqueo de capitales de la Polic¨ªa Nacional en nombre de uno de los periodistas comunicando que toda la informaci¨®n del tel¨¦fono hab¨ªa sido eliminada.

¡°Seg¨²n me afirmaba la polic¨ªa, una vez intervenidos los tel¨¦fonos podr¨ªa rastrearse a trav¨¦s de una m¨¢quina israel¨ª los archivos pdf recibidos por los periodistas desde los tel¨¦fonos de los polic¨ªas. Al decirme que hab¨ªan borrado esos archivos ponder¨¦ otra vez que, en este caso, ser¨ªa preciso una b¨²squeda m¨¢s exhaustiva que podr¨ªa vulnerar el derecho al secreto profesional de los periodistas y por eso lo dej¨¦ sin efecto,¡± ha justificado para defender el auto dictado unos d¨ªas despu¨¦s mediante el que anul¨® la decisi¨®n de intervenir los tel¨¦fonos, que seg¨²n ha insistido ¡°no se tocaron¡±. Florit ha subrayado que ya se hab¨ªa identificado a los polic¨ªas que filtraban la informaci¨®n y con anterioridad al decomiso de los tel¨¦fonos de los periodistas se hab¨ªan intervenido sus terminales.

Los periodistas cuyos tel¨¦fonos fueron requisados, Kiko Mestre y Blanca Pou, han insistido en que los agentes de polic¨ªa que acudieron a llevarse sus terminales apelaron en todo momento una orden judicial y no les permitieron consultar con los servicios jur¨ªdicos. ¡°El hecho de que hayamos presentado esta querella demuestra la disconformidad con esta decisi¨®n. Pero ?cu¨¢l era la alternativa a no cumplir? ?ser acusado de un delito de desobediencia, tirarme al suelo?¡± ha se?alado Mestre a preguntas de la fiscal¨ªa, tras insistir en que era ¡°evidente¡± que estaba ¡°inc¨®modo y disconforme¡± con la decisi¨®n.

Mestre ha explicado que el caso le ha ocasionado un da?o ¡°tremendo¡± y le ha afectado a nivel profesional, con 30 a?os en el oficio a sus espaldas, y tambi¨¦n personal. ¡°Me ha marcado de por vida, se han terminado mis fuentes, no puedo hablar con seg¨²n quien, la gente me ha dejado de llamar, gente que era amiga ha dejado de serlo. Lo entiendo en cierta forma, porque me enfrento al corporativismo profesional¡± a lo que ha a?adido que est¨¢ ¡°en tratamiento¡± y tomando medicaci¨®n para sobrellevarlo.

Por su parte, Pou ha narrado que dos polic¨ªas de paisano acudieron meses antes del decomiso, a mediados de agosto, a la sede de la agencia Europa Press en Palma para interesarse por determinadas informaciones publicadas sobre el caso Cursach y la fuente de las mismas. ¡°Fue todo en tono informal¡± ha relatado la periodista, a la que unos d¨ªas antes del decomiso del tel¨¦fono los mismos agentes le comunicaron que tendr¨ªa que ir a comisar¨ªa a ratificar lo declarado en agosto. Sin embargo, la citaci¨®n nunca se produjo y se presentaron directamente en la sede del medio para exigir el tel¨¦fono, donde le esgrimieron la orden judicial.

¡°La secretaria judicial me dijo que se estaba investigando un delito y que mi secreto profesional pasaba a un segundo plano¡± en un episodio en el que la periodista tambi¨¦n pidi¨® contactar con los servicios jur¨ªdicos, para lo que no le dieron permiso. En la misma oficina, uno de los agentes le pidi¨® las claves del tel¨¦fono bajo la amenaza de conseguirla ¨¦l mismo en caso de negarse. ¡°Yo no s¨¦ qu¨¦ mir¨® el polic¨ªa, navegaba en el men¨² y hab¨ªa llegado a la caja fuerte del tel¨¦fono¡± ha subrayado.

Aval de la fiscal¨ªa

El fiscal delegado anticorrupci¨®n en Baleares, Juan Carrau, que aval¨® en un informe la decisi¨®n de Florit, ha calificado la filtraci¨®n del informe econ¨®mico de ¡°grave¡±, t¨¦rmino que dice, la Audiencia Provincial corrigi¨® despu¨¦s como ¡°muy grave¡± en autos de marzo de 2019 al tratarse de delitos de revelaci¨®n de secretos de particulares. ¡°Yo no llevaba el caso Cursach directamente, pero al poco de iniciarse esta investigaci¨®n se vio que en esa causa se hab¨ªan prolongado las difusiones de documentaci¨®n secreta y nunca se hab¨ªa actuado en persecuci¨®n de ellos¡± ha subrayado. Carrau ha argumentado que se hab¨ªa puesto cerco a los posibles autores de las filtraciones y tras hablar con la Polic¨ªa Nacional se consider¨® ¡°menos invasivo, m¨¢s simple y m¨¢s l¨®gico¡± pedir los listados del origen de la informaci¨®n, radicada en los dos periodistas, para despu¨¦s aplicar ¡°un sistema de b¨²squeda selectiva¡± en el que introducir los tel¨¦fonos de los funcionarios que podr¨ªan haber cometido el delito. ¡°Me pareci¨® razonable¡± ha recalcado.

Sin embargo, nunca se lleg¨® a investigar el contenido de los terminales porque, a pesar de que el fiscal jefe anticorrupci¨®n Alejandro Luz¨®n tambi¨¦n era partidario de continuar, el juez Florit le comunic¨® que pensaba devolver los terminales telef¨®nicos ¡°porque estaba muy presionado¡± y porque con toda la informaci¨®n previa ¡°pensaba que ya no era tan necesario o eficaz¡±. Sobre esas presiones, Carrau no ha podido dar m¨¢s detalles, pero ha recordado que en prensa ya hab¨ªa sido publicado que se hab¨ªan querellado contra ¨¦l. ¡°No entro a discutir si est¨¢ muy presionado o poco presionado, lo que cuenta es la resoluci¨®n judicial. La motivaci¨®n que a m¨ª me explica es que en los informes policiales est¨¢ claro que son dos personas y que cree que no es necesario o eficaz continuar¡±.

En el tr¨¢mite de cuestiones previas, la Abogac¨ªa del Estado que participa como responsable civil subsidiaria por la reclamaci¨®n de 30.000 euros indemnizaci¨®n por da?os morales de uno de los periodistas, ha alegado indefensi¨®n y vulneraci¨®n de las garant¨ªas procesales porque considera que no hay un informe sobre los da?os provocados por el decomiso del tel¨¦fono. ¡°Es un juicio ordinario, normal, de cuatro delitos del C¨®digo Penal. No es un juicio al periodismo, a la libertad de prensa, no es un juicio al secreto profesional reconocido y amparado en la Constituci¨®n¡±, ha subrayado la representante del Estado Dolores Ripoll, quien ha cuestionado los da?os morales o profesionales sufridos por el periodista. La Abogac¨ªa del Estado ha aportado copias de dos noticias sobre la concesi¨®n de dos premios al periodista de Diario de Mallorca ¡°para el hipot¨¦tico caso de que se nos est¨¦ alegando alg¨²n tipo de depresi¨®n¡±.

Adem¨¢s de los 42 a?os de inhabilitaci¨®n, las acusaciones particulares ¡ªejercidas por la empresa editora de Diario de Mallorca, las agencias de noticias EFE y Europa Press, la Asociaci¨®n de Medios de Informaci¨®n, as¨ª como los dos informadores directamente afectados¡ª reclaman tambi¨¦n multas de hasta 43.000 euros y una indemnizaci¨®n por da?os morales para Kiko Mestre de 30.000 euros. La fiscal¨ªa, que apoy¨® la actuaci¨®n del juez, no ejerce de acusaci¨®n en el proceso.