El juez del ¡®caso Cursach¡¯ que quit¨® los m¨®viles a dos periodistas ser¨¢ investigado por prevaricaci¨®n
El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha admitido la querella de Europa Press y ha designado a una instructora para el caso
El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha admitido a tr¨¢mite la querella contra el juez Miquel Florit por ordenar la incautaci¨®n de los m¨®viles y ordenadores de dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press para rastrear sus fuentes en el caso Cursach. Seg¨²n ha informado el ¨®rgano judicial, se ha designado como instructora de la causa a la magistrada Felisa Vidal y se han declarado secretas las actuaciones para investigar los presuntos delitos de prevaricaci¨®n judicial, inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista. La decisi¨®n recibi¨® duras cr¨ªticas por parte de juristas, pol¨ªticos y periodistas, que consideran la medida una vulneraci¨®n del secreto profesional.
Las actuaciones han sido declaradas secretas al haberse producido los hechos objeto de la querella en el seno de unas diligencias tambi¨¦n declaradas secretas. El ponente de la sentencia ser¨¢ el magistrado Carlos G¨®mez, expresidente de la Audiencia Provincial.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya hab¨ªa solicitado este lunes al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 12 de Palma el auto secreto por el que se orden¨® la incautaci¨®n de los tel¨¦fonos m¨®viles, seg¨²n explicaron fuentes del organismo judicial. El documento fue reclamado por los jueces de la sala de lo Civil y Penal para decidir si se admit¨ªa a tr¨¢mite la querella presentada por los dos periodistas y los medios de comunicaci¨®n para los que trabajan.
La decisi¨®n del juez Miquel Florit de requisar los tel¨¦fonos de los periodistas de Europa Press, Blanca Pou, y de Diario de Mallorca, Kiko Mestre, recibi¨® duras cr¨ªticas por parte de juristas, pol¨ªticos y periodistas, que consideran la medida una vulneraci¨®n del secreto profesional. Alrededor de 1.500 periodistas firmaron el manifiesto impulsado por la Asociaci¨®n de Periodistas de Baleares en defensa del derecho a la informaci¨®n y m¨¢s de 200 suscribieron un escrito de protesta que fue entregado en mano a la fiscal general del Estado, Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, y se registr¨® en el Consejo Fiscal. La orden de requisar los m¨®viles de los periodistas y sus ordenadores personales cont¨® con el benepl¨¢cito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Baleares.
El iuzgado de instrucci¨®n de Palma orden¨® el 12 de diciembre requisar los tel¨¦fonos m¨®viles y ordenadores de dos periodistas que cubren habitualmente informaci¨®n sobre tribunales para aclarar el origen de una filtraci¨®n en el marco del llamado caso Cursach, que investiga los lazos entre el empresario del ocio nocturno Bartolom¨¦ Cursach y agentes de la Polic¨ªa Local de Palma. El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Palma, Miquel Florit, que se hizo cargo del asunto el pasado mes de marzo tras la recusaci¨®n del anterior magistrado, orden¨® el registro de las sedes de Europa Press Baleares y de Diario de Mallorca para decomisar los tel¨¦fonos m¨®viles, ordenadores y documentaci¨®n de dos periodistas.
El pasado mes de julio el magistrado Florit abri¨® una pieza separada dentro del caso Cursach a ra¨ªz de la filtraci¨®n de un informe elaborado por el grupo de blanqueo de capitales de la Polic¨ªa Nacional en el que se apuntaba a un posible fraude fiscal de 65 millones de euros por parte de las empresas del grupo y se advert¨ªa de la implicaci¨®n de 18 personas. Las defensas del empresario y del que fuera su n¨²mero dos, Bartolom¨¦ Sbert, se quejaron por la filtraci¨®n del informe y el juez orden¨® la incoaci¨®n de diligencias previas por un posible delito de revelaci¨®n de secretos, ya que el informe no les hab¨ªa sido notificado.
Precisamente, este lunes se conoci¨® el escrito de acusaci¨®n de la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n en una de las piezas principales del caso. El ministerio p¨²blico reclama ocho a?os y medio de c¨¢rcel para el empresario por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricaci¨®n administrativa continuada, coacciones y cohecho activo continuado. El escrito se dirige contra un total de 24 personas, entre agentes de la polic¨ªa de Palma, trabajadores de sus empresas y funcionarios. Para Cursach la fiscal¨ªa tambi¨¦n reclama una inhabilitaci¨®n para el ejercicio profesional en la hosteler¨ªa de 15 a?os y una multa de 60.000 euros. Est¨¢ acusado de liderar una trama que soborn¨® a polic¨ªas y funcionarios para beneficiar a sus negocios y hundir a la competencia.
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