Pakistán investiga la violación de dos mujeres autorizada por una asamblea tribal islámica

Las autoridades de Pakistán investigan la violación de dos mujeres, Mumtaz Mai y Mudasam Mai, supuestamente aprobada por la asamblea de un poblado para zanjar una "cuestión de honor". Aunque es un delito castigado por la ley, esta práctica está muy arraigada en la tradición tribal islámica.

Según la Policía, un terrateniente de la localidad de Multan, en la provincia de Punjab, ayudado por varios cómplices, atacó a una hermana y una cu?ada de un joven con el que su hija había tenido una relación amorosa. Previamente, el hombre, identificado como Ghaffar, presentó el caso a unos 50 miembros de la asamblea del poblado de Donga Naich durante una reunión, el pasado 30 de abril, en la que alegó que su "honor" había resultado manchado por la relación entre su hija y el joven. Las mismas fuentes policiales explican que fue la propia asamblea quien aconsejó a Ghaffar que violara a una hermana y una cu?ada del muchacho como forma de recuperar su honor.

Posteriormente, con la colaboración de los miembros de la asamblea, Ghaffar llevó a las dos mujeres a un lugar remoto en el campo donde fueron violadas, mientras algunos familiares del terrateniente y unos miembros de la asamblea hacían guardia fuera de la vivienda. Las autoridades han detenido a un hermano de Ghaffar y a otros seis hombres, que han sido procesados tras las primeras investigaciones. ?ste ha sido uno de los más recientes casos de los llamados delitos de honor, que siguen siendo comunes en las zonas tribales del sur de Pakistán, a pesar de están prohibidos por la ley del país. El propio presidente de Pakistán, el general Pervez Musharraf, ha denunciado en varias ocasiones este tipo de crimen contra las mujeres e incluso ha intervenido personalmente en algunos casos en los últimos meses, para proteger a unas mujeres amenazadas de muerte por haber "deshonrado" a sus familias.

La terrible situación de las mujeres

La fuerte toma de postura de Musharraf parece haber obtenido algunos resultados y, el pasado mes de abril, el Tribunal Superior de la provincia de Sindh prohibió a asambleas de poblado, conocidas como yirgas, que actuasen como tribunales. La resolución judicial atendía a las reclamaciones de varios grupos de defensa de los derechos humanos y de las mujeres en particular, que acusaron a las asambleas de actuar de forma criminal. El Estado paquistaní todavía no ha podido erradicar esa tradición tribal islámica, que admite que una mujer "deshonra" a su familia por tener un amigo varón, casarse con un hombre no elegido por sus parientes, tratar de divorciarse, no ofrecer una dote "adecuada" antes del matrimonio, mantener una relación extramatrimonial o, simplemente, por hablar con un hombre.

Cualquier acto de "desobediencia" puede ser considerado como una forma de "llevar la vergüenza a la familia", algo que no requiere ser demostrado con pruebas o testigos para ser castigado con la muerte por el familiar o familiares "ofendidos". A principios de abril, una mujer de 17 a?os que estaba embarazada se refugió en la ciudad de Karachi después de que la asamblea local de su pueblo en Sindh ordenara su muerte. La adolescente, Rozina Ujar, fue repudiada por su marido después de verla fuera de su casa en el momento en que un chico de la escuela local pasaba frente a ella. Sin otros cargos que el hecho de que un joven había pasado junto a ella, la asamblea local la declaró "deshonrada" y ordenó que su muerte.

Rozina fue ayudada por una mujer de un partido político de la provincia de Sind y trasladada a un refugio para mujeres en Karachi. Según la normativa islámica de Pakistán, una mujer que denuncia su violación puede ser castigada si no tiene pruebas del delito. También se puede detener a una mujer acusada de infidelidad, en el caso de que no pueda probar su inocencia. Según el informe de 2004 de la Comisaria Nacional del Estado de la Mujer, el 80% de las mujeres actualmente encarceladas en Pakistán han sido condenadas por no haber podido facilitar pruebas de que habían sido violadas. Estas leyes, llamadas Judood, que aún están en vigor, fueron aprobadas en 1979 por el dictador integrista Zia ul Haq, que quería implantar en Pakistán un sistema judicial islámico.