Los obispos llaman a los padres a manifestarse contra la reforma educativa
El portavoz de la Conferencia Episcopal Espa?ola denuncia que hay mucha desinformaci¨®n respecto a la nueva ley
El portavoz de la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE), Juan Antonio Mart¨ªnez Camino, ha subrayado hoy que los padres tienen no s¨®lo "el derecho", sino tambi¨¦n "el deber" de manifestarse contra el proyecto de Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE) del Gobierno, porque vulnera "derechos fundamentales recogidos en la Constituci¨®n". Camino ha negado que los obispos hayan convocado la protesta contra la LOE, en referencia a la anunciada por la Confederaci¨®n Cat¨®lica de Padres de Alumnos (Concapa) para noviembre, pero que si "se lleva a cabo, la Conferencia la apoyar¨¢".
El secretario y portavoz del Episcopado ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha informado sobre los resultados de la reuni¨®n de la comisi¨®n permanente de los obispos, que han aprobado una nota pastoral contra la LOE. "La Conferencia Episcopal apoyar¨¢ el ejercicio de los derechos c¨ªvicos que corresponden a los ciudadanos y a las asociaciones que trabajan en el campo de la educaci¨®n para defender sus derechos", ha precisado, para agregar que si finalmente se convoca esta manifestaci¨®n, de la que ha afirmado desconocer la fecha, "se ejerce un derecho, e incluso se act¨²a con responsabilidad y se cumple con un deber".
El portavoz de la CEE ha negado que el proyecto de ley diga que la asignatura de Religi¨®n ser¨¢ de oferta obligatoria para los centros y de opci¨®n voluntaria para los alumnos, en respuesta a una de las preguntas. Tras reafirmarse en que el proyecto de ley no contemplaba esta cuesti¨®n, y ante los comentarios de algunos periodistas, Mart¨ªnez Camino ha sentenciado: "Veo caras de asombro, y les invit¨® a revisar el proyecto de ley; vean tambi¨¦n de d¨®nde provienen esas informaciones falsas sobre este proyecto". "Se han dicho muchas cosas sobre la LOE, y a los medios de comunicaci¨®n les han llegado muchas cosas sobre el proyecto. Comprendo su asombro, yo tambi¨¦n estoy asombrado de que a estas alturas exista esta desinformaci¨®n. Les jur¨® que no lo encontrar¨¢n en este proyecto, estamos hablando del texto que el Gobierno ha aprobado", ha puntualizado.
El Estado, obligado a poner los medios
Para el portavoz, la Constituci¨®n "reconoce como derecho fundamental de los padres que sus hijos sean educados en las convicciones religiosas y morales que ellos determinen, no el Estado, y es un derecho fundamental reconocido por la constituci¨®n para todos los ciudadanos cat¨®licos y no cat¨®licos, no un privilegio". El Estado, por tanto, tiene la obligaci¨®n de poner los medios para que este derecho pueda ser realmente ejercido, y "de ah¨ª se deriva lo que hasta ahora ha hecho el Estado espa?ol y que ahora se cambia sorpresivamente", ha se?alado en relaci¨®n con el nuevo estatuto para los profesores de Religi¨®n.
Al igual que "sucede en otros pa¨ªses", el Estado espa?ol contribuye econ¨®micamente para que haya profesores de Religi¨®n como le piden los padres, al igual que lo hace para otras religiones, y eso es, en su opini¨®n, perfectamente constitucional. Mart¨ªnez Camino ha dicho que "es obligaci¨®n del Estado que haya un profesorado competente para la ense?anza religiosa", y ha a?adido que quien puede determinar la idoneidad de esos profesores no es la Administraci¨®n P¨²blica, aunque ¨¦sta fije las condiciones de t¨ªtulos y formaci¨®n acad¨¦mica, sino que eso corresponde a la "confesi¨®n respectiva".
Esta situaci¨®n, que tambi¨¦n existe en otros pa¨ªses, es lo que ahora se quiere cambiar, ha indicado el portavoz de los obispos, quien ha asegurado que los mismos profesores de Religi¨®n est¨¢n en contra de la disposici¨®n del proyecto de ley en la que se modifica el actual estatuto y "consideran conculcados sus derechos laborales y profesionales". Sobre el nuevo Estatuto de Autonom¨ªa catal¨¢n, Camino ha indicado que la CEE est¨¢ en desacuerdo con que la ense?anza de la Religi¨®n desaparezca de las escuelas p¨²blicas de Catalu?a, porque esta decisi¨®n conculca derechos fundamentales reconocidos en la Constituci¨®n y en los Acuerdos Iglesia cat¨®lica-Estado.
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