El Gobierno aprueba el proyecto de ley que proh¨ªbe el redondeo y las cl¨¢usulas abusivas

La vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, ha afirmado que el Proyecto de Ley de Mejora de la Protecci¨®n de los Consumidores aprobado hoy por el Consejo de Ministros persigue las cl¨¢usulas abusivas y el redondeo y facilitar¨¢ darse de baja de los servicios.

La iniciativa "va m¨¢s all¨¢" de la directiva comunitaria en protecci¨®n de los consumidores ya que ¨¦stos son "la parte m¨¢s d¨¦bil" en las relaciones contractuales, afirm¨® De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha comparecido junto a la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado.

La vicepresidenta ha se?alado que el proyecto de ley, que pasar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas al Congreso, reconoce como conducta abusiva el hecho de trasladar al comprador de una vivienda gastos que corresponden al vendedor, como son las plusval¨ªas o los gastos de conexi¨®n a servicios b¨¢sicos. La ley "incentivar¨¢ el c¨®mputo por tiempo real" en la prestaci¨®n de servicios, como en el caso de los aparcamientos, en respuesta a la queja, "l¨®gica, leg¨ªtima y habitual", dijo, de los consumidores ante el pago por fracciones.

De la Vega ha destacado que la nueva ley garantizar¨¢ que sea tan f¨¢cil darse de baja en un servicio como darse de alta. En este sentido, el proyecto de ley establece que las bajas en la contrataci¨®n deben hacerse sin trabas adicionales y obliga a los operadores a prestar informaci¨®n sobre los procedimientos a seguir, seg¨²n ha explicado el Ministerio de Sanidad y Consumo en una nota.

El incumplimiento de estas obligaciones se tipif¨ªca como infracci¨®n y pasan a considerarse "cl¨¢usulas abusivas" las trabas al ejercicio de ese derecho o la imposici¨®n de requisitos como la p¨¦rdida de cantidades abonadas por adelantado. Por su parte, la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, ha subrayado que el proyecto mejora la Ley General de Consumidores de 1984 al tener en cuenta la aparici¨®n de nuevos servicios, y de operadores con poder econ¨®mico que "en algunos casos han tenido la tentaci¨®n de imponer cl¨¢usulas abusivas".

Salgado ha agregado que antes de que se produzca un caso concreto se podr¨¢n eliminar las cl¨¢usulas abusivas con una acci¨®n de cesaci¨®n por parte de la autoridad competente, y ha subrayado que la norma supone el fin de "la letra peque?a" de los contratos, ya que obliga a una informaci¨®n contractual clara.

Las prohibiciones

Adem¨¢s equipara el tratamiento entre "cl¨¢usulas abusivas" y "pr¨¢cticas abusivas", pues no puede exigirse al consumidor el cumplimiento de obligaciones sobre las que no se le haya informado previamente con claridad. Asimismo se proh¨ªbe el redondeo al alza en el cobro de servicios, tanto en lo que respecta al tiempo de prestaci¨®n como al precio, as¨ª como cualquier cl¨¢usula que prevea el cobro por servicios o productos no consumidos.

En el cap¨ªtulo de vivienda, se proh¨ªbe penalizar al comprador que no se subrogue en el cr¨¦dito hipotecario del promotor, o que se le pueda trasladar el pago de las tasas o impuestos que corresponden al vendedor, como, por ejemplo, las plusval¨ªas. Tambi¨¦n proh¨ªbe el cobro, por medio de n¨²meros de tel¨¦fono de tarificaci¨®n adicional, de la informaci¨®n obligatoria previa a cualquier contrato.

Con este proyecto de ley se legit¨ªma que el Instituto Nacional del Consumo, las Comunidades Aut¨®nomas y los municipios puedan demandar el cese de pr¨¢cticas contrarias a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. A este respecto, se define que las asociaciones de consumidores que pueden ejercer las citadas acciones son las que est¨¢n representadas en el Consejo de Consumidores y Usuarios y las autorizadas por las legislaciones auton¨®micas en su ¨¢mbito territorial.

La norma establece que para que una asociaci¨®n acceda a la denominaci¨®n de Asociaci¨®n de Consumidores y Usuarios debe estar inscrita en el Registro Nacional y no tener ¨¢nimo de lucro. Adem¨¢s, estas Asociaciones deber¨¢n mantener la independencia en sus actuaciones, no realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios y no percibir ayudas econ¨®micas o financieras de las empresas que suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios, entre otras condiciones. El proyecto de ley refuerza tambi¨¦n las competencias de las administraciones p¨²blicas para evitar que productos inseguros puedan llegar a manos de los consumidores.