"Cre¨ªamos que nos iban a arrebatar a la ni?a"

Miedo, desamparo, indefensi¨®n, nervios. Fueron las sensaciones que experiment¨® el matrimonio formado por Susana Meseguer y Vanesa de las Heras al ver que, en el proceso de adopci¨®n por De las Heras de la hija de Meseguer, el juez de Familia de Murcia Fernando Ferr¨ªn Calamita no s¨®lo ped¨ªa pruebas de la idoneidad de la adoptante, sino tambi¨¦n de la madre biol¨®gica. "Llegamos a pensar que nos pod¨ªan arrebatar a nuestra hija cuando el juez nombr¨® como defensor judicial a la Direcci¨®n General de la Familia", asegur¨® De las Heras ante el tribunal que juzga a Ferr¨ªn por prevaricaci¨®n en un proceso que podr¨ªa terminar con su separaci¨®n de la judicatura.

En la segunda jornada del juicio que se sigue contra el magistrado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, adem¨¢s del matrimonio homoparental, comparecieron los psic¨®logos, trabajadores sociales y t¨¦cnicos de la Direcci¨®n General de la Familia de Murcia que informaron una y otra vez a favor de la adopci¨®n de la hija de Messeguer por De las Heras. A pesar de ello, Ferr¨ªn Calamita dilat¨® durante casi dos a?os un asunto sin complicaciones, que suele durar unas semanas. Hasta que fue suspendido en febrero por el Poder Judicial despu¨¦s de que la pareja se querellara contra ¨¦l por prevaricaci¨®n.

Tanto la psic¨®loga como la trabajadora social del equipo social del juzgado de Familia 9, del que es titular el juez Ferr¨ªn, manifestaron ayer que el caso de Meseguer y De las Heras era el primero en que un juez ped¨ªa un informe sobre la idoneidad de la pareja (tambi¨¦n sobre la madre biol¨®gica) en un caso de adopci¨®n por el c¨®nyuge de la madre. El art¨ªculo 176 del C¨®digo Civil establece que no es necesario este tipo de valoraciones cuando el menor "es hijo del consorte del adoptante".

En el primer informe, firmado por ellas, reflejaron que "el hecho de que se diera o no la adopci¨®n no iba a suponer un cambio en la ni?a, porque la adopci¨®n s¨®lo supon¨ªa regular una situaci¨®n de hecho que se iba a seguir dando", dijo la psic¨®loga del equipo del juzgado Encarnaci¨®n Cuenca, que asegur¨® que la menor iba a seguir viviendo con su madre y la esposa de ¨¦sta.

La trabajadora social fue a¨²n m¨¢s all¨¢ al manifestar ante los magistrados que se mostraron favorables a la adopci¨®n porque iba a mejorar los v¨ªnculos afectivos y legales con la madre adoptiva, lo que dar¨ªa a la menor determinados derechos -como la herencia, por ejemplo- en caso de que, con el tiempo, Meseguer y De las Heras se divorciaran. En ese mismo sentido de manifest¨® el Ministerio Fiscal, m¨¢ximo garante del inter¨¦s superior del menor seg¨²n la ley.

Tambi¨¦n declar¨® la letrada de la Direcci¨®n General de Familia de Murcia, organismo al que Ferr¨ªn nombr¨® como defensor judicial de la ni?a al entender que exist¨ªa "un conflicto de intereses" entre ella y su madre biol¨®gica. En su comparecencia dijo que nunca se hab¨ªa recibido una petici¨®n semejante y la calific¨® de "novedosa". La direcci¨®n general s¨®lo hab¨ªa ejercido ese papel en juicios penales -no en adopciones- por delitos cometidos por menores de edad.

El informe de este organismo, muy extenso y pormenorizado, tambi¨¦n informaba favorablemente la adopci¨®n, pero Ferr¨ªn Calamita pidi¨® una ampliaci¨®n por entender que no explicaba si un menor que crezca en una familia homoparental tiene mayor riesgo de ser homosexual.

Adem¨¢s, exigi¨® que respondieran a esa pregunta todos y cada uno de los psic¨®logos de la direcci¨®n general. "Entendimos que no se pod¨ªa contestar a esa cuesti¨®n", declar¨® por su parte el jefe de servicio de Menores de Murcia, Jos¨¦ Antonio Parra, que confirm¨® que era "la primera vez que se cuestionaba a la madre biol¨®gica" y la ¨²nica adopci¨®n por el c¨®nyuge "en la que se nombraba defensor judicial a la Direcci¨®n General de la Familia".

El ¨²ltimo en declarar fue el Secretario Judicial del juzgado de Ferr¨ªn Calamita, Francisco Garc¨ªa Rivas, que confirm¨® que advirti¨® al juez de que en casos como la adopci¨®n la ley establece que no es necesario abogado y procurador. El juez no s¨®lo hizo o¨ªdos sordos, sino que cuestion¨® que la letrada de Meseguer y De las Heras fuera realmente abogada.