El PP llevar¨¢ al Constitucional la futura ley de plazos del aborto

"El aborto es malo. Es malo para las mujeres y es malo para la sociedad. No puede ser un derecho de la mujer algo que es malo para ella. Frente al aborto, m¨¢s vida". Estas palabras, pronunciadas hoy por Sandra Moneo, portavoz del PP en la Subcomisi¨®n del aborto en el Congreso, resumen la posici¨®n de su partido sobre las conclusiones presentadas por el PSOE y que giran, como ha avanzado hoy este diario, sobre tres ejes: el aborto s¨ª es un derecho; es un derecho que las mujeres podr¨¢n ejercitar seg¨²n su libre voluntad en un plazo no detallado en el texto (que determinar¨¢ el Gobierno y que oscilar¨¢ entre las 14 y las 16 semanas) y con posterioridad si se cumplen algunas condiciones; y es un derecho que deber¨¢ garantizar el sistema p¨²blico de salud. El PP considera que una ley de plazos es una "aut¨¦ntica barbaridad" que no entra dentro de la Constituci¨®n y que, si se aprueba, ser¨¢ recurrida ante el Tribunal Constitucional.

La subcomisi¨®n del aborto se cerr¨® ayer tras tres meses de intenso debate que estaba abocado desde el inicio al desencuentro entre los partidos por motivos ideol¨®gicos y religiosos. Las conclusiones se votar¨¢n el pr¨®ximo d¨ªa 18 en el seno de la Comisi¨®n de Igualdad y ya hay dos votos particulares anunciados y antit¨¦ticos: el del Partido Popular que quiere que se cumpla estrictamente la ley actual y se proteja la objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos ?el 98% de los abortos se hacen en la sanidad privada? y el de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, que proponen una ley de plazos de 20 a 24 semanas, m¨¢s amplia que lo que parece tener en mente el Gobierno.

En cualquier caso, y a pesar de este voto particular, IU, ICV y ERC, junto con el Bloque Nacionalista Galego, est¨¢n de acuerdo con el Gobierno en la necesidad imperiosa de modificar la ley, por lo que la norma saldr¨ªa adelante a pesar de la oposici¨®n del PP. PNV y CiU dar¨¢n libertad de voto a sus parlamentarios.

Durante estos tres meses han desfilado por el Congreso comparecientes propuestos por el PP que, en algunos casos, como ocurri¨® con el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, propusieron directamente prohibir el aborto. El PP, que en los a?os 80 (siendo Alianza Popular) critic¨® ferozmente la aprobaci¨®n de la norma y la llev¨® ante el Constitucional, parece ahora encontrarse c¨®modo con su letra. No propone cambiarla sino exigir el estricto cumplimiento de los supuestos despenalizados (violaci¨®n, malformaci¨®n fetal y grave riesgo para la vida o la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la madre). Su objetivo es, seg¨²n explic¨® la portavoz, que se creen comisiones de evaluaci¨®n m¨¦dicas que examinen cada caso y que verifiquen que no se abusa de la ley; que se proteja el derecho a la objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos; y, sobre todo, que se establezcan fuertes medidas econ¨®micas y sociales de apoyo a la maternidad "para que ninguna mujer se vea obligada a abortar".

La constitucionalidad de la futura ley de plazos no es un tema menor. La sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional que marc¨® los l¨ªmites dentro de los cuales deb¨ªa moverse esta pr¨¢ctica afirmaba que el feto era un "bien jur¨ªdicamente protegido" y que, por lo tanto, el aborto s¨®lo cab¨ªa en determinados casos tasados y dentro de unos plazos. La aprobaci¨®n de una norma que consagre el aborto como un derecho de libre ejercicio supone una revisi¨®n del esquema jur¨ªdico montado en torno al aborto y exigir¨ªa que, si el PP la recurre, el Alto Tribunal revise su planteamiento de hace 24 a?os. Un per¨ªodo de reflexi¨®n para la mujer, junto con informaci¨®n suficiente para tomar su decisi¨®n podr¨ªan, quiz¨¢, salvar este escollo constitucional.