La presidenta del tribunal de La Haya responde al ataque de Trump: ¡°Da?a nuestra independencia e imparcialidad¡±

La presidenta de Tribunal Penal Internacional (TPI), la jueza Tomoko Akane, ha reaccionado este viernes a la orden ejecutiva firmada el d¨ªa anterior por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinada a imponer sanciones a los funcionarios del organismo. Esta iniciativa se trata ¡°solo del ¨²ltimo de una serie de ataques sin precedentes y cada vez mayores¡±, destinados a ¡°socavar la capacidad [del TPI] para administrar justicia¡±. La orden ejecutiva ¡°da?a la independencia e imparcialidad del tribunal y priva de justicia y esperanza a millones de v¨ªctimas inocentes de atrocidades¡±.

En un comunicado, Akane ha aseverado que el Tribunal se ha vuelto ¡°indispensable¡± y representa el legado m¨¢s significativo ¡°del inmenso sufrimiento infligido a los civiles por las guerras mundiales, el Holocausto, los genocidios, la violencia y la persecuci¨®n¡±. ¡°Siempre hemos cumplido la ley y siempre la cumpliremos, en cualquier circunstancia¡±, asegura la jurista, que concluye con un llamamiento a todos los que comparten los valores del Estatuto de Roma [texto fundacional del TPI] a que se unan ¡°en la defensa del tribunal: nuestros 125 Estados miembros, la sociedad civil y todas las naciones del mundo¡±. Hasta 79 pa¨ªses que integran el tribunal han firmado una declaraci¨®n de apoyo, entre ellos los principales de la UE (Alemania, Francia y Espa?a, aunque se desmarc¨® Italia).

En un correo electr¨®nico, Reed Brody, abogado especialista en derechos humanos, se pregunta: ¡°?Ser¨¢ el Tribunal Penal Internacional, y con ¨¦l la promesa de la justicia internacional, una v¨ªctima m¨¢s que muera en los escombros de Gaza?¡±.

El Tribunal Penal Internacional ha condenado este viernes en un comunicado las sanciones anunciadas en la noche del jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, con un doble mensaje. Por un lado, respaldando a su personal afectado ¡ªincluidos sus familiares inmediatos¡ª por las multas y restricciones de visado incluidas en la orden ejecutiva dictada con la que se pretende, dice el TPI, perjudicar su labor ¡°independiente e imparcial¡±. Por otro, el tribunal ha prometido seguir proporcionando ¡°justicia y esperanza¡± a millones de ¡°v¨ªctimas inocentes de atrocidades¡± en todo el mundo. En circunstancias normales, es una tarea que solo puede lograr con el apoyo de la comunidad internacional, puesto que el TPI carece de polic¨ªa propia. Hoy, necesita m¨¢s que nunca el respaldo de sus 125 Estados, y el de ¡°la sociedad civil y todas las naciones del mundo¡±, a los que ha pedido unidad en defensa de la justicia y los derechos fundamentales.

Entre sus 125 miembros no figuran Estados Unidos, Rusia, China, Israel, la India ni Corea del Norte. A pesar de ello, uno de los casos m¨¢s conflictivos de los ¨²ltimos a?os s¨ª puede ser investigado por la Fiscal¨ªa. Se trata de las ¨®rdenes de arresto emitidas en noviembre pasado por el TPI contra el primer ministro israel¨ª, Benjam¨ªn Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por su presunta responsabilidad en cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023.

Tanto EE UU como Israel sostienen que el tribunal carece de competencia ante un Estado que no es miembro. Sin embargo, Palestina s¨ª forma parte del TPI desde 2015, y los jueces pueden fallar sobre los supuestos delitos perpetrados por tropas o ciudadanos israel¨ªes en territorio palestino. Lo mismo sucede a la inversa, y de ah¨ª las ¨®rdenes de arresto contra los m¨¢ximos dirigentes de Ham¨¢s, responsables de los ataques terroristas en Israel el 7 de octubre de 2023. La Casa Blanca ha aducido en un memor¨¢ndum que se crea as¨ª una ¡°vergonzosa equivalencia moral¡± entre Ham¨¢s ¡ªuna organizaci¨®n fundamentalista isl¨¢mica que administra la franja de Gaza¡ª e Israel. Por el contrario, Washington s¨ª respald¨® las ¨®rdenes de arresto emitidas por el propio TPI contra el presidente de Rusia, Vlad¨ªmir Putin, y su comisionada para los derechos de los ni?os, Mar¨ªa Lvova-Belova, por la deportaci¨®n de menores de zonas ocupadas de Ucrania hacia territorio ruso.

Establecido en 2002, el TPI es la ¨²nica instancia permanente para juzgar a los principales sospechosos de genocidio, cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad cometidos despu¨¦s del 1 de julio de ese a?o, fecha de entrada en vigor de su texto fundacional: el Estatuto de Roma. Tiene su sede en La Haya (Pa¨ªses Bajos) y entre sus mayores contribuyentes se encuentran el Reino Unido, Jap¨®n, Alemania y Francia.

Durante sus primeros a?os fue acusado de inclinarse por los delitos perpetrados en pa¨ªses africanos, pero los distintos presidentes y fiscales del tribunal lo han negado siempre, alegando que su trabajo se ce?¨ªa a los hechos y no a las nacionalidades.

La justicia no suele ser r¨¢pida, y la justicia internacional requiere investigaciones en pa¨ªses de varios continentes y en condiciones muchas veces peligrosas. Tanto para los expertos que se desplazan como para los testigos sobre el terreno. En estos momentos, el TPI examina de forma preliminar supuestos cr¨ªmenes contra la humanidad cometidos en Venezuela y por Bielorrusia en Lituania, as¨ª como tambi¨¦n cr¨ªmenes de guerra en Nigeria. Entre los 17 casos con investigaci¨®n en marcha, figuran nueve pa¨ªses africanos (Uganda, Kenia, Darfur/Sud¨¢n, Rep¨²blica Democr¨¢tica de Congo, Libia, Costa de Marfil, Mal¨ª, Burundi, Rep¨²blica Central Africana en dos ocasiones) adem¨¢s de Ucrania, Afganist¨¢n, Palestina, Banglad¨¦s/Myanmar, Filipinas, Georgia y, de nuevo, Venezuela.

No es la primera vez que el presidente Trump se opone a la labor del tribunal. En 2020, durante su primer mandato entre 2017 y 2021, ya dict¨® una orden ejecutiva separada imponiendo prohibiciones de viaje y la congelaci¨®n de activos contra la entonces fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda. La jurista, de Gambia, llevaba a cabo un an¨¢lisis preliminar sobre las denuncias de cr¨ªmenes de guerra cometidos en Afganist¨¢n y en los territorios palestinos ocupados.

En el primer caso, el actual fiscal, Karim Khan, ha pedido a los jueces que emitan ¨®rdenes de detenci¨®n contra los l¨ªderes talibanes por perseguir a las mujeres. El otro incluye al ej¨¦rcito israel¨ª y a los miembros de Ham¨¢s, y en 2021 se dio paso a una investigaci¨®n de car¨¢cter penal formal. Esta causa tambi¨¦n fue heredada por Khan, brit¨¢nico de origen paquistan¨ª, que la aceler¨® despu¨¦s de los ataques perpetrados por Ham¨¢s y el posterior bombardeo y ofensiva de Gaza por parte de Israel.