Los hogares m¨¢s ruidosos de Europa

Tener que escuchar las pisadas del vecino de arriba, los llantos del beb¨¦ de turno o el sonido del cami¨®n de la basura es algo demasiado com¨²n en Espa?a. El pa¨ªs con una de las legislaciones de protecci¨®n frente al ruido m¨¢s laxas de Europa estrena ma?ana nueva normativa, aunque ¨¦sta no le sit¨²a a¨²n al nivel de los pa¨ªses del entorno.

A partir de este viernes, las licencias que se otorguen a nuevas construcciones y las rehabilitaciones integrales tendr¨¢n que atenerse a las exigencias del Documento B¨¢sico de Protecci¨®n frente al ruido (DB HR), perteneciente al C¨®digo T¨¦cnico de Edificaci¨®n (CTE). Su aplicaci¨®n, que llega tres a?os despu¨¦s de la entrada en vigor del CTE, ha sido objeto de una pr¨®rroga de a?o y medio para su obligatoriedad, por las "carencias del mercado, no tanto de materiales, como de preparaci¨®n de los t¨¦cnicos que tendr¨¢n que encargarse de las evaluaciones y comprobaciones de los nuevos requerimientos", afirma Javier Serra, subdirector general de Innovaci¨®n y Calidad de la Edificaci¨®n del Ministerio de Vivienda.

La legislaci¨®n vigente hasta ahora en Espa?a es la NBE-CA-88, de 1988. Los cambios que se plantean son, a la vez que muy esperados, insuficientes para las principales asociaciones contra el ruido. Entre lo m¨¢s aplaudido est¨¢ el establecimiento de evaluaciones in situ: hasta ahora, la comprobaci¨®n del aislamiento era exclusivamente la que se hac¨ªa de los materiales en el laboratorio, sin que existiese despu¨¦s ninguna opci¨®n de reclamaci¨®n por parte del usuario, aunque no se cumpliesen los par¨¢metros exigidos. "Se eleg¨ªa un material aislante, pero luego, cualquier deficiencia a la hora de construir o la estructura del edificio pod¨ªan hacer que no fuese as¨ª, y el usuario no pod¨ªa reivindicar nada", afirma Juan Fr¨ªas, gerente de la Asociaci¨®n espa?ola contra el ruido y las actividades molestas (Aecor). "Esto convierte la normativa en un servicio de prestaci¨®n, en el que el usuario tiene derecho a reclamar y por el que se podr¨¢ denunciar al promotor o constructor en caso de incumplimiento", asegura Fr¨ªas.

La nueva normativa aumenta la calidad, al garantizar el cumplimiento, y tambi¨¦n la cantidad de protecci¨®n. La exigencia de aislamiento de ruidos a¨¦reos (los de pisos contiguos, es decir, la resistencia que han de tener los tabiques) pasa de 42 a 50 decibelios. Adem¨¢s, disminuyen los decibelios permitidos del exterior, que ir¨¢n en funci¨®n de la sonoridad ambiental. "A partir de ahora no se exigir¨¢ lo mismo a quien construya frente a una autopista que en un bosque", afirma Serra. La nueva norma incluye tambi¨¦n requisitos contra la reverberaci¨®n, es decir, una mejora de la ac¨²stica de locales p¨²blicos, especialmente aulas escolares y restaurantes. "No puede ser que los alumnos de la ¨²ltima fila no escuchen al profesor, por eso se va a exigir una mejor absorci¨®n del ruido", afirma Serra.

Pero lo positivo puede no serlo tanto. Por un lado, la norma a¨²n nos sit¨²a a la cola de Europa en muchos aspectos, como el ruido a¨¦reo (v¨¦ase gr¨¢fico) y por otro, las leyes sobre protecci¨®n contra el ruido, que en Espa?a van desde la Ley del Ruido de 2003 a leyes auton¨®micas y ordenanzas municipales, es, a juicio de la Plataforma estatal de asociaciones contra el ruido y las actividades molestas (Peacram), inconexa e inefectiva. "Las comunidades aut¨®nomas no se han acoplado a la ley estatal y no tiene sentido que el mismo ruido sea aceptable en una ciudad e inaceptable en otra", critica Ignacio S¨¢enz, presidente de la Plataforma. "La Organizaci¨®n Mundial de la Salud nos calific¨® como el segundo m¨¢s ruidoso del mundo por detr¨¢s de Jap¨®n, pero somos el primero, porque la clasificaci¨®n no ten¨ªa en cuenta el ocio nocturno, que trae de cabeza a la mayor¨ªa", afirma S¨¢enz.

Los perjuicios que el ruido puede causar en la calidad de vida son notables. Seg¨²n la ¨²ltima encuesta del INE sobre la cuesti¨®n, un tercio de los espa?oles dicen sentirse perjudicados por el ruido en sus hogares. En la p¨¢gina del propio CTE se refleja la convivencia forzosa con el ruido como origen de "problemas de sue?o, p¨¦rdida de atenci¨®n, de rendimiento, cambios de conducta" o "incluso trastornos de riesgo para la salud y estr¨¦s". Por ello, las asociaciones critican el triunfalismo de la Administraci¨®n al hablar de "fin de los problemas del ruido". Porque pasar¨¢n d¨¦cadas hasta que sea palpable el cambio en el parque de viviendas. Tanto Aecor como la Asociaci¨®n Granada contra el Ruido critican este planteamiento. Para Fr¨ªas habr¨ªa que incluir las rehabilitaciones de edificios en general. Francisco Morales, presidente de Granada contra el ruido, "el c¨®digo es correcto, pero que se diga que va a acabar con el ruido me parece una tonter¨ªa porque la mayor¨ªa de los espa?oles va a seguir exactamente igual". Seg¨²n la p¨¢gina web de Aecor, la nueva norma, "lejos de colocarnos al nivel de los pa¨ªses m¨¢s exigentes de nuestro entorno, nos situar¨ªan todav¨ªa a la cola, dej¨¢ndonos por detr¨¢s de normativas redactadas en otros pa¨ªses hace m¨¢s de 10 a?os, pero por lo menos nos permitir¨ªan acercarnos t¨ªmidamente a ellos al superar la desfasada y precaria normativa actual".

Tambi¨¦n en la p¨¢gina web de Aecor se informa que pa¨ªses como Francia, Alemania, Islandia, Noruega, Suecia, Holanda o Estonia no se han conformado s¨®lo con cumplir la norma y poseen adem¨¢s sistemas de clasificaci¨®n ac¨²stica de las viviendas donde se contemplan incluso aislamiento superiores a los que exige la normativa, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. "Habr¨ªa que ir m¨¢s all¨¢, la vivienda tendr¨ªa que ser como cuando vas a comprar una lavadora, tienes algunas etiquetadas con A, AA, B, C o como sea, pero que el usuario conozca las prestaciones que tiene la casa que va a comprar", dice Fr¨ªas.

Las nuevas prestaciones implicar¨¢n, l¨®gicamente, costes a?adidos. Aecor ha realizado un estudio, en el que establece que la implantaci¨®n de la norma en las edificaciones tendr¨¢ un aumento de entre el 0,2 y 0,6% del coste ejecuci¨®n, lo que, seg¨²n la media del ¨²ltimo trimestre de 2008, supondr¨¢ un coste de entre 8 y 11 euros por metro cuadrado.

Por otro lado, el CTE deja en manos de las comunidades aut¨®nomas el procedimiento a seguir para las comprobaciones, que se realizar¨¢n por t¨¦cnicos de las comunidades o empresas privadas acreditadas. Ser¨¢n ¨¦stas las que tendr¨¢n que adoptar los requerimientos. "En las viviendas de protecci¨®n oficial se comprobar¨¢, y los promotores privados estar¨¢n sometidos a las posibles inspecciones y denuncias", afirman desde el Ministerio de Vivienda. Pero las asociaciones no abandonan su escepticismo. "Si tenemos en cuenta lo hecho hasta ahora es dif¨ªcil confiar en que se vaya a controlar su cumplimiento", dice S¨¢enz.