La Fiscal¨ªa ya considera autoridad a los profesores de centros p¨²blicos

La Fiscal¨ªa General del Estado (FGE) ya consideraba que los profesores de los centros p¨²blicos tienen la condici¨®n de autoridad a efectos penales y, en consecuencia, una agresi¨®n grave contra estos docentes puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad. As¨ª lo estableci¨® la FGE en una circular remitida en diciembre de 2008 a las Fiscal¨ªas de toda Espa?a, casi un a?o antes de la medida anunciada hoy por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se ha comprometido a presentar una Ley de Autoridad del Profesor para conceder a "todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condici¨®n de autoridad p¨²blica".

Este anuncio, con el que Aguirre responde a las demandas de los sindicatos de Ense?anza, es el criterio que ya est¨¢ aplicando con car¨¢cter general la Fiscal¨ªa en todo el territorio nacional. En la instrucci¨®n remitida el a?o pasado se aconsejaba a los fiscales considerar como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los m¨¦dicos y profesores que trabajan en centros dependientes de la Administraci¨®n p¨²blica, pero no en los concertados ni privados. La distinci¨®n se basa en que los empleados de las concertadas no tienen la condici¨®n de funcionarios p¨²blicos.

Seg¨²n la citada circular, ¨²nicamente los docentes de centros p¨²blicos pueden ser considerados como autoridad p¨²blica a efectos penales, de tal manera que las agresiones que sufran en el ejercicio de las funciones p¨²blicas podr¨¢n calificarse como un delito de atentado contra la autoridad, castigado con penas de dos a cuatro a?os de c¨¢rcel. "Este delito s¨®lo se producir¨¢ cuando la acci¨®n descrita en el tipo penal est¨¦ dirigida contra funcionarios p¨²blicos en el ejercicio de activiades que afecten al bien jur¨ªdico protegido", explica la Fiscal¨ªa General en la circular.

La instituci¨®n enmarca en ese ¨¢mbito las agresiones a profesores, ya que da?an la actuaci¨®n de personas que prestan un servicio de inter¨¦s general que la Administraci¨®n pone a disposci¨®n de los ciudadanos. Considera adem¨¢s que las actividades que realizan los profesores de centros p¨²blicos en el marco del derecho a la educaci¨®n reconocido en la Constituci¨®n Espa?ola "constituyen materias que afectan a los principios b¨¢sicos de convivencia en una sociedad democr¨¢tica, y por tanto, al bien jur¨ªdico protegido en el delito de atentado".

En la misma instrucci¨®n, la Fiscal¨ªa recordaba los requisitos para que la agresi¨®n a un profesor o a un m¨¦dico se califique como un delito de atentado contra la autoridad, entre ellos, que exista acometimiento, empleo de fuerza, intimidaci¨®n grave o resistencia activa -tambi¨¦n grave- en el ejercicio de sus funciones.

Gabilondo pide cautela

Tras conocer la propuesta de Aguirre, el ministro de Educaci¨®n, ?ngel Gabilondo, ha afirmado hoy que la propuesta de ley de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para otorgar a los docentes la condici¨®n de autoridad p¨²blica , como los jueces o inspectores de Sanidad, hay que contemplarla con "mucho cuidado" por las consecuencias penales que pueda tener. "No ser¨¦ tan fr¨ªvolo como para descalificar una propuesta que supongo que est¨¢ llena de buena intenci¨®n, pero yo creo que ha de hacerse con mucho cuidado para ver cu¨¢les son las competencias de la comunidad para algo as¨ª como dotar de autoridad penal a los profesores", ha dicho en declaraciones a los medios, tras visitar el Instituto Superior de Formaci¨®n y Recursos en Red para el Profesorado, donde esta semana docentes de Ceuta y Melilla asisten a un curso para aplicar el Plan Escuela 2.0 en varios centros.

El ministro ha insistido en que "mirar¨¢ con mucha atenci¨®n" cu¨¢l es la propuesta que se hace desde la Comunidad de Madrid, para a?adir que es "complicada" desde el punto de vista administrativo porque, entre otros motivos, muchos de los profesores son funcionarios del Estado. Asimismo, ha a?adido que en el marco del debate se deber¨ªa tener en cuenta tambi¨¦n la opini¨®n de los padres, de los docentes y comunidades educativas "para que no fuera s¨®lo una decisi¨®n pol¨ªtica". "Yo no soy pendenciero con estas cosas, soy m¨¢s amigo de encontrar soluciones integrales que no sean s¨®lo medidas de dotar de autoridad sin m¨¢s, sino que tambi¨¦n haya medidas sociales que atiendan cu¨¢les la situaci¨®n general, no s¨®lo de la autoridad en las escuelas, sino en todos los contextos en los que vivimos", ha apostillado.

En este sentido, ha dicho que a ¨¦l le "hubiera gustado m¨¢s" si esta iniciativa que hoy se debate en la Asamblea de Madrid se hubiera incorporado en el Pacto social y pol¨ªtico propuesto desde el Ministerio de Educaci¨®n, "junto a otras medidas", para alcanzar "el respeto, reconocimiento de la autoridad moral de quien ense?a y la atenci¨®n a los leg¨ªtimos derechos de los estudiantes, profesores y padres de manera integral". "Veremos qu¨¦ dice la ley", ha concluido.