El juez culpa a guardias civiles del montaje contra la cl¨ªnica Isadora

"No existe el m¨¢s m¨ªnimo indicio de que en la cl¨ªnica Isadora se haya practicado un solo aborto fuera de los casos permitidos por la ley". Con estas palabras tan contundentes se cierra finalmente el llamado caso Isadora. La justicia dice ahora que la persecuci¨®n policial y judicial al centro privado madrile?o, que dur¨® dos a?os y medio, carec¨ªa del m¨¢s m¨ªnimo fundamento y que la Guardia Civil manipul¨® la realidad "de modo, cuando menos, oblicuo o torticero". No hab¨ªa nada de lo que acusar a ninguno de los tres m¨¦dicos que fueron imputados. El procedimiento se ha sobrese¨ªdo de forma definitiva y el juez expresa el derecho de los m¨¦dicos y de Isadora a emprender acciones penales por la actuaci¨®n de los agentes de la Guardia Civil.

El auto que cierra el caso, del titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero seis de Madrid, habla de "abortos imaginados", de persecuci¨®n "inquisitorial", de "causa general" contra la cl¨ªnica y los m¨¦dicos, de una puesta en escena "tremendista", de un uso "espurio" del proceso por parte de los agentes del Seprona con fines "publicitarios-intimidatorios". Dice que el resultado de las diligencias penales que abri¨® otro magistrado es "inconsistente y superfluo" y que la actuaci¨®n de un capit¨¢n jefe del Seprona, un sargento y un alf¨¦rez "olvid¨® palmariamente que el Estado constitucional y democr¨¢tico de Derecho (...) se debe caracterizar por someter a severas restricciones el poder de los agentes p¨²blicos que pretenden actuar a trav¨¦s del proceso penal".

El magistrado, en el auto dictado el 15 de octubre, afirma tambi¨¦n que el derecho a la intimidad de las pacientes de Isadora qued¨® "devastado" porque en el procedimiento judicial no se tom¨® ninguna medida para preservar su anonimato.

El acoso a Isadora comenz¨® en febrero de 2007. El ambiente era propicio. Meses antes se hab¨ªa conocido el reportaje de una televisi¨®n danesa sobre las cl¨ªnicas del doctor Mor¨ªn en Barcelona, donde supuestamente se practicaban abortos a mujeres en avanzado estado de gestaci¨®n. Los centros privados de toda Espa?a quedaron bajo sospecha. Las cl¨ªnicas practican el 98% de las interrupciones de embarazo porque la sanidad p¨²blica se ha negado durante 25 a?os a hacerse cargo de esta prestaci¨®n sanitaria.

En medio de este clima, las asociaciones antiabortistas empezaron a acusar a los centros de cometer todo tipo de tropel¨ªas. Entre otras, gestionar mal los residuos org¨¢nicos. Muchas eran denuncias an¨®nimas que, sin embargo, dieron lugar a actuaciones de las autoridades. Una de ellas llev¨® a dos agentes del Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) a las puertas de Isadora el 16 de febrero de 2007.

All¨ª hab¨ªa un contenedor cerrado esperando a ser recogido por una empresa de gesti¨®n de residuos. Los agentes decidieron, sin que en ning¨²n momento se haya aclarado el motivo, que all¨ª pasaba algo raro. Acudieron a los juzgados de Plaza de Castilla hablando de "supuestos abortos ilegales" cuando ni siquiera hab¨ªan abierto los bidones con los residuos. El magistrado del n¨²mero seis, de guardia, los mand¨® a casa diciendo que no hab¨ªa "el m¨¢s m¨ªnimo indicio racional" de delito.

Los agentes, que al parecer quer¨ªan abrir los bidones como fuera, acudieron entonces a la Comunidad de Madrid. Un t¨¦cnico de la Unidad de Sanidad Mortuoria accedi¨® a abrirlos con ellos y se los llevaron a un tanatorio de Alcobendas. Encontraron nueve fetos y pensaron, no se sabe con qu¨¦ base, que eran muy grandes. Volvieron a los juzgados. Primero lo intentaron con la juez de guardia de Alcobendas, pero ¨¦sta les dijo que los competentes eran los de Plaza de Castilla. En vez de acudir otra vez y con sus nuevas pruebas ante el primer magistrado, el que les hab¨ªa tumbado el caso, fingieron que esa era la primera vez que se trataba el asunto. Y en ese segundo intento, el 21 de febrero, tuvieron m¨¢s suerte. La denuncia recay¨® en un juez, Jos¨¦ Sierra Fern¨¢ndez, que s¨ª vio indicios de delito.

El Seprona sigui¨® investigando. Identific¨® y llam¨® a declarar a mujeres pacientes de la cl¨ªnica. En algunos casos los agentes se presentaron, sin m¨¢s, en sus casas, vulnerando su derecho a la intimidad. No tuvieron en cuenta que muchas de ellas quiz¨¢ no hab¨ªan contado a sus familias que hab¨ªan abortado.

El proceso judicial sigui¨® su curso. Tres m¨¦dicos fueron imputados, pero de ning¨²n hecho en concreto. De abortos ilegales en general. El juez admiti¨® que se personara en el procedimiento el partido ultraderechista Alternativa Espa?ola, de forma que tuvo acceso a informaci¨®n sobre las pacientes de la cl¨ªnica. Otras organizaciones, como Unidos por la Vida, tambi¨¦n lo intentaron.

Los abogados de los m¨¦dicos y de Isadora recurrieron todas estas decisiones. La Audiencia Provincial de Madrid les dio la raz¨®n en todo el pasado mes de julio: ni el juez Sierra era competente para tramitar el caso -que deb¨ªa volver al primer magistrado que se ocup¨® del asunto-, ni las organizaciones antiabortistas ten¨ªan derecho a estar en la causa. Adem¨¢s, el tribunal desautoriz¨® a la Guardia Civil por su actuaci¨®n. Por primera vez, se dijo que los agentes desobedecieron la resoluci¨®n del primer magistrado a sabiendas para buscar uno m¨¢s favorable a sus tesis.

El caso, por orden de la Audiencia, volvi¨® a ese primer magistrado, Ramiro Garc¨ªa de Dios, que es el que acaba de cerrarlo de forma definitiva: "Ni hab¨ªa caso penal el 16 de febrero del 2007, ni el 21 de febrero de 2007, ni lo ha habido ni lo hay". S¨®lo el fiscal podr¨ªa recurrir esta decisi¨®n y no parece probable.

La Comunidad de Madrid ha sostenido que no tuvo nada que ver con las actuaciones del Seprona, pero hay algunos puntos que no est¨¢n claros. El 23 de febrero de 2007 se dict¨® una propuesta de cierre de la cl¨ªnica que no fue notificada al centro ni lleg¨® a ejecutarse. El escrito desapareci¨® a pesar de que sosten¨ªa que la cl¨ªnica infring¨ªa numerosas normas sobre gesti¨®n de residuos que s¨ª son competencia de la Comunidad.

En cuanto a los agentes del Seprona, el Ministerio del Interior abri¨® un expediente disciplinario que a¨²n no est¨¢ cerrado. La Guardia Civil ha negado en todo momento que sus agentes cometieran irregularidad alguna. Ahora que una Audiencia Provincial y un juzgado de instrucci¨®n sostienen lo contrario, tendr¨¢n que decidir si alguien va a responder o no por estos hechos.