La justicia desautoriza a la Guardia Civil por la actuaci¨®n contra Isadora

Dos a?os y cinco meses despu¨¦s de que se iniciara el caso contra la cl¨ªnica de abortos Isadora, la justicia ha dado un fuerte varapalo a las actuaciones de la Guardia Civil y del juez de instrucci¨®n Jos¨¦ Sierra Fern¨¢ndez. La Audiencia Provincial de Madrid afirma que el magistrado Sierra no era competente para instruir el procedimiento; que ha imputado a tres medicos del centro por abortos ilegales "sin concretar qu¨¦ intervenciones son las sospechosas, ni cu¨¢l es el motivo de ilicitud ni, en fin, la intervenci¨®n que cada uno de los imputados ha tenido en la interrupci¨®n il¨ªcita de los embarazos"; y que los agentes del Seprona (Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza de la Guardia Civil) desobedecieron la resoluci¨®n del primer magistrado que recibi¨® una denuncia sobre el tema y buscaron uno m¨¢s favorable a sus tesis.

"Est¨¢ en juego el acatamiento de decisiones judiciales"

Madrid dict¨® una propuesta de cierre que no fue notificada

"Lo que est¨¢ en juego no es una mera cuesti¨®n de competencia entre ¨®rganos judiciales (...) sino el acatamiento y el respeto de las decisiones judiciales por las autoridades administrativas, la polic¨ªa muy especialmente", se?ala el auto, firmado por los magistrados de la secci¨®n cuarta. El caso Isadora debe volver ahora al Juzgado de Instrucci¨®n numero 6 de Madrid -como ped¨ªa el abogado de una de las partes, el fallecido Rafel Burgos- el mismo que el 16 de febrero de 2007 se neg¨® a abrir un procedimiento penal a pesar de la petici¨®n de los agentes de la Guardia Civil. El auto de la Audiencia Provincial no se puede recurrir.

El tribunal ha rechazado tambi¨¦n que puedan participar en el proceso dos grupos antiabortistas: la organizaci¨®n Unidos por la Familia y el partido cat¨®lico y ultraderechista Alternativa Espa?ola. El juez Sierra hab¨ªa admitido como acusaci¨®n popular a este ¨²ltimo, pero su decisi¨®n ha sido ahora revocada por la Audiencia. Los magistrados dicen que, por un lado, no cabe la acusacion popular en un procedimiento en el que ni siquiera est¨¢n claros los hechos delictivos y, por otro, que hay que garantizar el derecho a la intimidad de las mujeres que han abortado, lo que "ha obviado" el juez Sierra.

"Las informaciones que se contienen en este proceso afectan de un modo particularmente intenso a la vida privada de un grupo numeroso de mujeres", se?ala la resoluci¨®n, "quienes, sin ser sospechosas de haber cometido delito alguno han visto c¨®mo datos relevantes de su vida ¨ªntima han quedado expuestos al conocimiento ajeno".

Todo comenz¨® a las 10.30 del 16 de febrero de 2007. Dos agentes del Seprona se presentaron en Isadora para "realizar una inspecci¨®n", seg¨²n consta en los atestados. Tras la visita a la cl¨ªnica se consider¨® que se estaban gestionando mal los residuos y por eso inmovilizaron el contenedor que estaba a punto de ser recogido por una empresa especializada.

Los dos agentes fueron despu¨¦s a los juzgados de Plaza de Castilla. El caso cay¨® en manos del magistrado de guardia, el titular del n¨²mero 6, Ramiro Garc¨ªa de Dios Ferreiro. Las "irregularidades en la gesti¨®n de residuos" se hab¨ªan convertido ya en indicios de "supuestos abortos ilegales" a pesar de que los agentes no hab¨ªan visto el interior de los bidones. Pidieron al juez una "autorizaci¨®n para que el personal del Instituto Anat¨®mico Forense" retirara los "supuestos restos humanos para su oportuno estudio".

El magistrado no lo autoriz¨®: "Procede de plano y mediante la presente resoluci¨®n de obligado cumplimiento, denegar la autorizaci¨®n solicitada (...), debiendo abstenerse el sargento firmante del escrito de elucubrar sobre abortos ilegales cuando no existe el m¨¢s m¨ªnimo indicio racional de que se hubiesen producido, sin que quepa elevar las elucubraciones a la categor¨ªa de indicios". Los bidones con residuos sanitarios segu¨ªan inmovilizados en la calle. Los agentes no informaron a la cl¨ªnica de la decisi¨®n judicial sino que mantuvieron la orden de no tocarlos. Quer¨ªan llevar la investigaci¨®n a la Consejer¨ªa de Sanidad de Madrid.

Despu¨¦s de varias llamadas, el martes 20 de febrero les dijeron que el departamento se har¨ªa cargo "de los envases con residuos cl¨ªnico-sanitarios". El jefe t¨¦cnico de la Unidad de Sanidad Mortuoriay dos agentes se llevaron los ocho bidones a un tanatorio de Alcobendas y los abrieron. En los atestados no consta si los agentes informaron en alg¨²n momento a Sanidad de la negativa del juez de permitir su inspecci¨®n.

Encontraron nueve fetos y restos de liposucciones. Llamaron a la juez de guardia de Alcobendas, quien les dijo que la competencia era de Madrid. As¨ª que volvieron a Plaza de Castilla, sin decir que hab¨ªan estado all¨ª cinco d¨ªas antes. El entonces juzgado de guardia (n¨²mero 31) autoriz¨® el examen de los restos para determinar la edad gestacional y el asunto recay¨® despu¨¦s, por reparto, en el juzgado 47. El titular, Jos¨¦ Sierra Fern¨¢ndez, abri¨® diligencias previas.

El d¨ªa 23, la Comunidad de Madrid dict¨® una propuesta de cierre de la cl¨ªnica que no fue notificada ni ejecutada. El Seprona sigui¨® investigando. Los agentes identificaron a las mujeres cuyos nombres aparec¨ªan en los botes de formol y a otras pacientes de la cl¨ªnica. Las llamaron como testigos y en algunos casos se presentaron en encia dice que los hechos "evidencian que, ante la negativa del juzgado de instrucci¨®n a acceder a la solicitud policial, los agentes del Seprona continuaron actuando por su propia iniciativa, interviniendo los restos cautelarmente, recabando la colaboraci¨®n de las autoridades administrativas" y "silenciando" que hab¨ªa un antecedente judicial. El objetivo era conseguir un "nuevo magistrado que, esta vez s¨ª, autoriz¨® el estudio de los restos".

El tribunal afirma que si los agentes consideraron que hab¨ªa hechos nuevos despu¨¦s de abrir los bidones, debieron informar al primer juez en lugar de buscar uno distinto: "Se trata, en suma, de una actuaci¨®n encaminada a menoscabar la competencia del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 (...) cuya decisi¨®n no fue respetada ni acatada".