Un juez de Madrid condena al director de la SER y a su jefe de Informativos por publicar una lista de afiliados irregulares al PP
El magistrado considera que la difusi¨®n de esa informaci¨®n en Internet no est¨¢ protegido por la libertad de prensa
El Juzgado de lo Penal n¨²mero 16 de Madrid ha condenado al director de la Cadena SER, Daniel Anido, y al director de Informativos de la emisora, Rodolfo Irago, a 21 meses de prisi¨®n, tiempo durante el cual tampoco podr¨¢n ejercer su actividad period¨ªstica o el derecho de sufragio pasivo (presentarse como candidato en un proceso electoral).
El juez Ricardo Rodr¨ªguez Fern¨¢ndez les considera autores de un delito de revelaci¨®n de secretos por contar en la p¨¢gina de Internet de la emisora que determinadas personas estaban afiliadas al PP, dentro del marco de una informaci¨®n sobre irregularidades en este partido.
La Cadena SER inform¨® de la denuncia formulada ante los ¨®rganos internos del partido por la entonces presidenta local del PP de Villaviciosa de Od¨®n, Pilar Mart¨ªnez, afirmando que se hab¨ªan producido al menos 78 afiliaciones irregulares para alterar el equilibrio de poder dentro de la formaci¨®n.
La emisora tuvo acceso a las cartas dirigidas por Mart¨ªnez al secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y a la lista de personas afiliadas supuestamente de una forma irregular. Durante el juicio, celebrado el pasado 19 de octubre, la propia Mart¨ªnez ratific¨® la veracidad de la informaci¨®n, difundida el 17 de junio de 2003.
El juez afirma en la sentencia que "no puede negarse que era un hecho noticiable", y que los periodistas "pod¨ªan honestamente pensar que, publicando o cediendo para su publicaci¨®n la lista de los presuntamente afiliados irregularmente, cuya denuncia ciertamente les constaba, informaban a la opini¨®n p¨²blica de algo que la misma ten¨ªa derecho a conocer".
Sin embargo, el juez entra a juzgar lo que es o no noticia: la denuncia de irregularidades s¨ª lo es, mientras que la afiliaci¨®n al PP de determinadas personas no. Y se refiere en concreto a la publicaci¨®n de esa lista de personas en la p¨¢gina de Internet de la emisora. En su opini¨®n, eso permite que cualquiera acceda a esa informaci¨®n de forma "libre", a partir de lo cual deduce que los medios de comunicaci¨®n social en la Red no son tales "en sentido estricto, sino universal".
Seg¨²n este argumento, la protecci¨®n constitucional al derecho de la informaci¨®n afecta ¨²nicamente en sentido pleno a la televisi¨®n, la radio o la prensa escrita, pero debe matizarse en Internet. Esa "matizaci¨®n" explica su condena de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n, a la que hay que a?adir el pago de una multa diaria de 100 euros durante seis meses, am¨¦n de una indemnizaci¨®n de 5.000 euros a a cada uno de los 28 denunciantes (en total, 140.000 euros).
Un portavoz de la Cadena SER ha afirmado que la sentencia "causa cuando menos perplejidad y supone un claro atentado contra los principios constitucionales de la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n y constituye un riesgo sin precedentes para el ejercicio de la profesi¨®n period¨ªstica". La empresa, perteneciente al Grupo PRISA (editor de este diario tanto en papel como en Internet) presentar¨¢ el recurso correspondiente.
Una sentencia "inaudita"
La Asociaci¨®n de la Prensa de Madrid (APM) y la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE) consideran que la sentencia del juzgado de lo Penal n¨²mero 16 de Madrid es "inaudita", "desmesurada" y "asombrosa".
A juicio de ambas organizaciones, con la lectura de la resoluci¨®n judicial, "la confusi¨®n que emana sobre lo que son o no son medios informativos o sobre el concepto de revelaci¨®n de secretos, es inquietante". A este respecto, recuerdan que el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n espa?ola establece que "se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducci¨®n".
Para la APM y la FAPE, "sentencias de este tipo conspiran contra la libertad y contra el derecho a saber de los ciudadanos y debilitan el Estado de Derecho y el prestigio de las instituciones".
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