La excepci¨®n hostelera

La vigente Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que en su momento supuso un avance muy importante en materia de salud, no zanj¨® de manera definitiva el debate sobre el consumo de tabaco en todos los lugares p¨²blicos cerrados. Este debate vuelve a estar en la mesa tras el anuncio del Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social, que pretende modificar la legislaci¨®n tan solo cuatro a?os despu¨¦s de su entrada en vigor. La prohibici¨®n de fumar en los centros de trabajo, que en su d¨ªa estableci¨® esta ley, no se aplic¨® a la hosteler¨ªa (bares, cafeter¨ªas, restaurantes, discotecas, etc¨¦tera) creando as¨ª un tremendo agravio hacia los trabajadores de ese sector e impidiendo, adem¨¢s, que millones de consumidores pudieran disfrutar de este tipo de locales en un ambiente sin humo. En las siguientes l¨ªneas pretendo responder a la pregunta de por qu¨¦ se aprob¨® la ley con aquella excepci¨®n y los factores que, a mi juicio, coincidieron en aquel momento para que finalmente no fuera posible una regulaci¨®n homog¨¦nea para todos los espacios p¨²blicos cerrados.

En primer lugar, y a pesar del arrojo que demostr¨® la entonces ministra de sanidad Elena Salgado, lo cierto es que el propio Gobierno no estaba convencido de que la sociedad aceptara una prohibici¨®n de tal calado. Un cierto complejo por el "prohibir", unido a una falta de confianza en la madurez de la ciudadan¨ªa a la hora de cumplir las leyes amilanaron a nuestras autoridades que, finalmente, adoptaron un enfoque ambiguo, el peor posible para este tipo de regulaciones. Cierto es que la industria del tabaco (a trav¨¦s de organizaciones pantalla), colabor¨® activamente a avivar ese temor con esl¨®ganes tan demag¨®gicos como eficaces del tipo "m¨¢s prevenci¨®n y menos prohibici¨®n" o "la gente va a seguir fumando en bares y discotecas". Quiz¨¢ en 2005 no est¨¢bamos suficientemente informados acerca de los riesgos (reales y muy graves) de una exposici¨®n a los 69 elementos cancer¨ªgenos presentes en el humo de tabaco ambiental. Se trata del famoso concepto de tabaquismo pasivo, que la industria tambi¨¦n lleva a?os tratando de negar.

Un segundo motivo que determin¨® una legislaci¨®n m¨¢s permisiva fue la actitud agorera del sector de la hosteler¨ªa que, muy directamente influido por la industria del tabaco, se dedic¨® a anunciar el Armaged¨®n para su negocio. P¨¦rdidas millonarias y destrucci¨®n de empleo eran los vaticinios de sus portavoces en todos los foros donde ten¨ªan ocasi¨®n de participar. Durante su comparecencia en la Comisi¨®n de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados el 13 de junio de 2005, el presidente adjunto de la Federaci¨®n Espa?ola de Hosteler¨ªa anunci¨® que la aplicaci¨®n de la ley traer¨ªa consigo "una ca¨ªda de algo m¨¢s del 7% del volumen de las ventas" y que "las p¨¦rdidas de empleo ser¨ªan m¨¢s de 23.000". Sin embargo, un a?o despu¨¦s de la entrada en vigor de la norma, el propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicaba incrementos de m¨¢s del 5% en las altas a la Seguridad Social en el sector de la hosteler¨ªa. A pesar de todo, ese mensaje termin¨® por calar entre la sociedad y determinados grupos pol¨ªticos que, finalmente, condicionaron su apoyo a la ley siempre que se dejara fuera de la prohibici¨®n al sector de la hosteler¨ªa.

Precisamente, y en tercer lugar, la b¨²squeda del mayor consenso posible y la obsesi¨®n por la unanimidad (sin duda laudables objetivos de la ministra) terminaron por restarle fuerza y arrojo al texto legal que ya antes de entrar en el Congreso hab¨ªa claudicado ante el sector hostelero. El Gobierno quiso contar con el apoyo del resto de fuerzas pol¨ªticas, sobre todo de aquellas de signo contrario que gobernaban en diferentes comunidades aut¨®nomas. Esfuerzo est¨¦ril. Aquel consenso obtenido en el Congreso no bast¨® para que a los pocos meses de aprobarse la ley varias autonom¨ªas (La Rioja, Madrid, Castilla y Le¨®n y Valencia), publicaran decretos que, m¨¢s que desarrollo, supon¨ªan un retroceso respecto de la legislaci¨®n estatal, obligando al Ministerio a recurrirlos ante los tribunales, como tambi¨¦n hizo la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU) con las normas valenciana (Decreto 57/2006 de 21 de abril) y madrile?a (Decreto 93/2006 de 2 de noviembre). Una ley sin fisuras ni excepciones, y a la vez con pleno respeto al ¨¢mbito competencial, no habr¨ªa dejado espacio para decretos auton¨®micos tan desafortunados.

En cuarto lugar no hay que olvidar la influencia ejercida por la industria del tabaco, la aut¨¦ntica perdedora en cualquier regulaci¨®n de este tipo. Y la industria es h¨¢bil. Utiliza terceros para hacer llegar su mensaje. Rara vez vemos a un representante de las tabacaleras en un debate televisivo o escribiendo una columna de opini¨®n en un diario. Y sin embargo, su voz est¨¢ presente ya sea mediante asociaciones pantalla o l¨ªderes de opini¨®n, oculta tras el velo de la tolerancia o de la preocupaci¨®n por las p¨¦rdidas del sector. A lo largo de 2005, el discurso machac¨®n en relaci¨®n a que la poblaci¨®n no aceptar¨ªa prohibiciones totales y que ser¨ªa m¨¢s acertada la pol¨ªtica de excepciones en la hosteler¨ªa, termin¨® calando entre nuestras autoridades sanitarias, que cayeron finalmente en la trampa de creer que los empresarios ser¨ªan capaces de hacer costosas obras en sus locales para separar las zonas de fumadores o que las peque?as cafeter¨ªas se alinear¨ªan del lado de los espacios libres de humo. Ninguna de las dos cosas ha sucedido en los cuatro ¨²ltimos a?os: as¨ª, s¨®lo el 10% de los locales peque?os (menos de 100 metros) han decidido ser espacios libres de humo y en los de m¨¢s de 100 metros, un 37% aislaba mal la zona de fumadores (con una planta, un biombo o un simple cartel) y un 85% dedicaba m¨¢s zona de la permitida a fumar, seg¨²n un estudio de la OCU realizado sobre 976 espacios de uso p¨²blico. Con raz¨®n ¨²ltimamente la industria del tabaco va defendiendo la Ley espa?ola en distintos foros europeos, tratando de convencer a aquellos pa¨ªses que aun no tienen una legislaci¨®n a este respecto de que nuestra ley es un ejemplo a seguir. Espero y conf¨ªo que sus autoridades no se traguen el anzuelo.

En quinto y ¨²ltimo lugar, se ech¨® en falta una mayor resoluci¨®n de los sindicatos a la hora de defender la prohibici¨®n de fumar en cualquier centro de trabajo, incluidos bares y restaurantes. En 2005, m¨¢s que criticar la excepci¨®n de la hoster¨ªa, defendieron el derecho a la autorregulaci¨®n entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. Como ¨®rgano consultivo del Gobierno, el Consejo Econ¨®mico y Social (CES) tuvo ocasi¨®n de dictaminar el Anteproyecto de esta Ley, aprobado finalmente en el Pleno del 16 de marzo de 2005. Patronal y sindicatos, seg¨²n el texto del dictamen, dispon¨ªan "de los mecanismos de cooperaci¨®n apropiados para concretar el tratamiento interno del tabaquismo en las empresas" y, en cuanto al entorno laboral, a juicio de los agentes sociales la regulaci¨®n planteada pod¨ªa ser "fuente de importantes conflictos, suponiendo una distorsi¨®n en los cauces regulatorios y de participaci¨®n" de los centros de trabajo. El tiempo se ha encargado de demostrar (y solo han pasado cuatro a?os) que la prohibici¨®n de fumar en centros de trabajo se ha respetado sin conflictividad. Aquel dictamen fue aprobado por mayor¨ªa, con el voto favorable de los representantes de los empresarios y los trabajadores y con el voto particular de once consejeros, entre los que figuraban los cuatro representantes de los consumidores.

?Y a partir de ahora? Creo firmemente que la legislaci¨®n espa?ola se modificar¨¢, acogiendo a la hosteler¨ªa entre los espacios libres de humo y sum¨¢ndonos a la lista de pa¨ªses europeos m¨¢s avanzados en este aspecto (Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Irlanda, Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia, Lituania, Eslovenia, Malta y Bulgaria). Sospecho que por el camino habr¨¢ concesiones, como permitir la venta autom¨¢tica de tabaco en esos mismos locales (lo cual ser¨ªa un grave error) o ayudar econ¨®micamente a los due?os de restaurantes por las obras realizadas para ajustarse a la ley (algo hasta cierto punto razonable solo para los que hayan construido aut¨¦nticas zonas de fumadores).

Los sindicatos, como qued¨® de manifiesto en la ¨²ltima reuni¨®n del Observatorio para la Prevenci¨®n del Tabaquismo, apoyan esta modificaci¨®n, conscientes de que los trabajadores de la hosteler¨ªa llevan demasiado tiempo expuestos de forma permanente a un riesgo de origen qu¨ªmico como es el humo ambiental del tabaco, un agente contaminante y cancer¨ªgeno que, adem¨¢s, habr¨¢ de empezar a evaluarse en el ¨¢mbito propio de los riesgos laborales. Por su parte, la sociedad espa?ola, fumadora y no fumadora, ha dado sobradas muestras de madurez y de estar m¨¢s que preparada para convivir pac¨ªficamente en cines, teatros, universidades, oficinas, centros comerciales y transportes p¨²blicos, y en el futuro en bares y restaurantes, disfrutando y compartiendo espacios de trabajo y de ocio con absoluta normalidad. La poblaci¨®n es ahora m¨¢s consciente de que la exposici¨®n al humo del tabaco es peligrosa para su salud. La industria de la hosteler¨ªa seguir¨¢ anunciando la ruina del sector, como hizo en 2005 (lo ¨²ltimo es el cierre de 70.000 locales y la p¨¦rdida de 200.000 empleos...), pero si no se cumplieron sus presagios entonces, tampoco ahora tiene por qu¨¦ ser de otra manera. Puede que la presente recesi¨®n merme sus cuentas, pero, por desgracia, igual ocurrir¨¢ con otros sectores de la actividad econ¨®mica. Mientras, la industria tabacalera seguir¨¢ haciendo lo que mejor sabe hacer: sembrar la duda... Hemos de confiar, finalmente, en nuestros pol¨ªticos y en las comunidades aut¨®nomas, que deber¨¢n actualizar sus decretos a la futura legislaci¨®n estatal. Las autonom¨ªas han de recoger el testigo del Gobierno central, cobrar protagonismo y, haciendo un uso responsable de sus competencias sanitarias, desarrollar pol¨ªticas educativas, preventivas y de deshabituaci¨®n, para combatir esta terrible epidemia.

Antonino Joya es Responsable de Relaciones Institucionales de la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU) y ex-consejero del Consejo Econ¨®mico y Social de Espa?a (CES).