Aborto provocado: piedras en el camino de su normalizaci¨®n

La ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupci¨®n del Embarazo nace con la intenci¨®n de normalizar una prestaci¨®n reconocida, pero no facilitada por el Sistema Nacional de Salud. Con este objetivo, la ley aborda aquellos obst¨¢culos que impiden a una mujer recurrir al Sistema P¨²blico para interrumpir su gestaci¨®n, ya sea directamente o a trav¨¦s de la concertaci¨®n con los centros acreditados.

Para conseguir esta normalizaci¨®n, la ley insta de una parte a la formaci¨®n de los profesionales en las t¨¦cnicas de aborto provocado y de otra a regular la objeci¨®n de conciencia. Desde ACAI siempre hemos defendido la necesidad de dicha formaci¨®n, ya que durante m¨¢s de veinte a?os mientras los profesionales de las cl¨ªnicas privadas se formaban e investigaban sobre el recurso al aborto, los profesionales de la sanidad p¨²blica permanec¨ªan estancados en el conocimiento de esta prestaci¨®n, o bien la relacionaban con sus conocimientos obst¨¦tricos, cuando el aborto tiene caracter¨ªsticas y t¨¦cnicas propias. Como consecuencia, la sanidad p¨²blica no contempla la formaci¨®n de los profesionales en el recurso, no se incluye en el curr¨ªculum de los m¨¦dicos, enfermeros... ni en la especialidad de ginecolog¨ªa, ni existen las "necesarias" unidades especializadas en aborto provocado.

En consecuencia si hay una verdadera voluntad pol¨ªtica por garantizar la prestaci¨®n, deben establecerse los cauces formativos oportunos. Una apuesta que requerir¨¢ de tiempo y sobre todo de una voluntad profesional que hoy no se manifiesta con rotundidad. M¨¢s all¨¢ de la regulaci¨®n de la denominada objeci¨®n de conciencia, que en mayor o menor medida puede mermar la resistencia a la realizaci¨®n de abortos provocados, ACAI considera que existe una clara reticencia por parte de los m¨¦dicos en general y de los ginec¨®logos en particular, a realizar interrupciones de la gestaci¨®n.

Las razones son varias, pero casi todas ellas se relacionan con la falta de prestigio profesional. Y es que cuando hablamos de realizar una prestaci¨®n no normalizada por el sistema p¨²blico, se entiende que atender esta prestaci¨®n resta proyecci¨®n profesional, aunque con ella se ayude a miles de mujeres. Como consecuencia, podemos encontrarnos con que la prestaci¨®n acabe siendo realizada por m¨¦dicos que no quieren realizarla y que de hacerlo lo har¨¢n aplicando conocimientos obst¨¦tricos que nada tienen que ver con las t¨¦cnicas espec¨ªficas de aborto provocado. Por otra parte, hoy por hoy, la mayor¨ªa de ese 2% de abortos que realizan los hospitales p¨²blicos son abortos espont¨¢neos, en los que la naturaleza ha resuelto en un 90% la situaci¨®n. Es decir, la sanidad p¨²blica no suele abordar abortos provocados en los que se debe empezar de cero, ya que no existe un aborto en curso, ni un aborto retenido.

Las consecuencias para las mujeres pueden ser muy negativas, ya que de no utilizarse las t¨¦cnicas apropiadas, de no realizarse por personal motivado, de no llevarse a cabo con el acompa?amiento psicol¨®gico que se requiere...la salud f¨ªsica y ps¨ªquica de las mujeres se vera afectada.

Ser¨ªa realmente lamentable que la asunci¨®n de esta prestaci¨®n por el sistema p¨²blico obviara su car¨¢cter diferencial, reduci¨¦ndola a un servicio m¨¢s. El aborto provocado se debe seguir realizando por unidades espec¨ªficas que respalden la intervenci¨®n y obviamente se deben seguir aplicando t¨¦cnicas protocolizadas por los centros acreditados durante estos 23 a?os; de no hacerlo estaremos retrotray¨¦ndonos a t¨¦cnicas que convierten el aborto en un proceso inseguro, doloroso y largo para la mujer.

La interrupci¨®n de embarazo es una t¨¦cnica socio-sanitaria de gran complejidad, pues abarca aspectos sanitarios, ps¨ªquicos, ¨ªntimos y sociales. Si estos aspectos no son tratados uno por uno por profesionales de diversos ¨¢mbitos, con experiencia y sin juicios previos de car¨¢cter moral o religioso, se puede producir el mal llamado s¨ªndrome post aborto.

Para resolver los grandes desequilibrios en el acceso, esta ley prev¨¦ el desarrollo de una Estrategia Nacional para todo el territorio. Sin embargo, no deber¨ªamos olvidar que la sanidad es una competencia transferida a las comunidades aut¨®nomas en su gesti¨®n. En consecuencia, si bien el Estado cuenta con mecanismos para establecer estrategias globales; no es menos cierto que las consejer¨ªas de Sanidad de las comunidades aut¨®nomas pueden obstaculizar e incluso impedir a trav¨¦s de la gesti¨®n del recurso su normalizaci¨®n.

Los profesionales de los centros y las mujeres que acuden a ellos sufrimos desde hace a?os la arbitrariedad de algunas consejer¨ªas de Salud. Las inspecciones pol¨ªticas acabaron degenerando en el caso Isadora, donde cientos de mujeres fueron violentadas en su intimidad. Menos espectacular, pero igual de obstructivo, resulta la exigencia de infraestructuras innecesarias para la pr¨¢ctica de aborto. Tal es el caso de determinadas consejer¨ªas que en contra de lo que establece la reglamentaci¨®n nacional, piden a los centros acreditados de menos de 12 semanas la habilitaci¨®n de un bloque quir¨²rgico equivalente al de un gran hospital para la realizaci¨®n de una intervenci¨®n de cirug¨ªa menor ambulatoria. Medidas tan poco razonables que solo pueden responder al intento de obstaculizar el aborto por la v¨ªa administrativa.

El hecho de que la ley no establezca un modelo com¨²n que arbitre la pr¨¢ctica del aborto provocado, vuelve a dejar en manos de las autonom¨ªas la gesti¨®n del recurso. Es decir, corremos el riesgo de que la tutela que hasta ahora se ha ejercido sobre las mujeres legalmente, se siga ejerciendo burocr¨¢ticamente por determinados gobiernos auton¨®micos. O bien, que la tutela moral que sufren muchas mujeres desde algunos hospitales y ambulatorios, a los que acuden en busca de informaci¨®n, se convierta en una t¨¢ctica disuasoria, desde la que culpabilizar a la mujer.

Esta ley nace cargada de loables intenciones, sin embargo su ¨¦xito depender¨¢ del desarrollo reglamentario y de la gesti¨®n auton¨®mica del recurso. Ambos incidir¨¢n en su normalizaci¨®n y, lo que es m¨¢s importante, en la voluntad profesional por mantener la calidad de la prestaci¨®n.